El reciente accionar del gobierno de Javier Milei contra jubilados que protestan por el ajuste económico profundiza una herida histórica en Argentina. La represión a adultos mayores —el 70% de los cuales sobreviven con pensiones por debajo de la línea de pobreza (INDEC, 2023)— no solo refleja una cruel indiferencia ante el sufrimiento humano, sino que cruza una frontera ética inadmisible. Mientras el decreto DNU 70/2023 recorta $1.2 billones en subsidios a la tercera edad, las calles se tiñen de gases lacrimógenos y balas de goma. Meses atrás, en octubre de 2024 en Plaza de Mayo, gendarmes dispersaron a ancianos que reclamaban medicamentos para el PAMI, un sistema de salud colapsado donde faltan desde insulina hasta quimioterapias.
Argentina conoce los horrores de la represión estatal. Durante la última dictadura militar (1976-1983), la violencia sistemática dejó una marca imborrable. Hoy, tras 40 años de democracia, ver resurgir estas prácticas para imponer un ajuste salvaje que recae sobre quienes menos tienen es un retroceso atroz. Estos actos no solo agreden la dignidad de las personas mayores, sino que evocan fantasmas de un pasado que jamás debería repetirse. Si en los años 70 las Abuelas de Plaza de Mayo desafiaron al terrorismo de Estado, hoy son los nietos quienes protegen a sus abuelos de un gobierno que prioriza números sobre vidas.
La Criptoestafa de Milei
A la par de estas políticas represivas, el gobierno de Milei enfrenta crecientes señalamientos por su vinculación a una presunta estafa con criptomonedas, un escándalo que ha puesto al presidente bajo la lupa de la Justicia Federal argentina y organismos internacionales como la Interpol y la SEC (Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU.). Investigaciones de medios como La Nación, Página/12 y Ámbito Financiero revelan que operadores políticos y empresarios cercanos al oficialismo —algunos con cargos en el gabinete— promovieron esquemas piramidales bajo la fachada de inversiones libertarias, estafando a miles de ahorristas con promesas de ganancias del 200% en dólares digitales.
La Unidad de Información Financiera (UIF) ya detectó movimientos sospechosos por más de USD 50 millones hacia paraísos fiscales como las Islas Caimán, mientras la Justicia investiga a lobbistas del gobierno vinculados a plataformas como sospechas, cuyos dueños huyeron del país. Esta cripto estafa, que instrumentaliza el discurso pro-mercado de Milei para captar víctimas, no solo expone la hipocresía de un gobierno que predica transparencia mientras sus aliados saquean a la ciudadanía, sino que configura delitos de fraude agravado, lavado de dinero y asociación ilícita. La paradoja es brutal: un gobierno que se autoproclama defensor de la libertad está acusado de engañar a su propia base electoral, usando el libertarismo como cortina de humo para el enriquecimiento ilícito.
La libertad como excusa
Resulta aún más cínico que este modelo de coerción se pretenda justificar bajo la retórica de la libertad promovida por el liberalismo fundamentalista. ¿Qué libertad defiende un gobierno que reprime a quienes exigen derechos básicos, como pensiones dignas, mientras sus operadores estafan a los ciudadanos y fugan capitales? La contradicción es flagrante: se invoca la libertad económica para desmantelar protecciones sociales, pero se niega la libertad de expresión a quienes resisten el despojo.
Frente a este escenario, la solidaridad de las hinchadas de los clubes de fútbol emerge como una de las expresiones más genuinas y combativas de la sociedad. En las calles y en las redes, los gritos de apoyo a los jubilados, coreados desde las tribunas populares de Boca, River y San Lorenzo, solo por citar algunos clubes, (No están solos»), reflejan un compromiso colectivo con la defensa de los derechos de los mayores. Esa energía, propia de la cultura popular argentina, lleva impregnada una consigna que trasciende el ámbito deportivo: «Nadie se atreva a tocar a mi vieja», como clamaba Norberto Aníbal Napolitano, Pappo, ícono del rock nacional y símbolo de resistencia. La frase hoy resuena como un himno intergeneracional, sintetizando el mandato ético de proteger a los adultos mayores, figuras sagradas en una sociedad que aún guarda memoria de luchas compartidas.
Jubilados en Emergencia
Sobrevivir con USD 300 en un País con deliberado atraso cambiario sostenido por un gobierno que se presenta como no intervencionista.
Los jubilados, lejos de ser un grupo privilegiado, enfrentan pensiones que no superan los USD 300 mensuales – menos de la mitad de la canasta básica (USD 650)—, ajustes que licúan sus ingresos y un sistema de salud en emergencia. Reprimirlos por reclamar no solo es moralmente inaceptable, sino un acto de violencia política que desnuda la hipocresía de un discurso que promete prosperidad mientras castiga a los más débiles.
Llamado global
La comunidad democrática, dentro y fuera del país, debe rechazar estos métodos. Organismos internacionales como la Relatoría de la ONU sobre Derechos de las Personas Mayores y la CIDH deben pronunciarse ante el uso desproporcionado de la fuerza contra un grupo protegido por convenciones como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 25). Asimismo, la justicia argentina y las cortes internacionales tienen el deber de investigar exhaustivamente tanto la represión como la cripto estafa ligada al oficialismo, garantizando que ningún poder político esté por encima de la ley.
La memoria colectiva exige no repetir los errores del pasado: la dignidad de los jubilados, y de todo un pueblo, no es moneda de cambio para ningún experimento económico ni para el enriquecimiento de una minoría corrupta. La historia juzgará, pero el presente nos obliga a no callar.
