La senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi anunció que presentará un pedido de informes a Presidencia en cuanto sea promulgada la Ley de Presupuesto Quinquenal. Esta en su artículo 70 habilita a los legisladores a realizar pedidos de informes a la Presidencia de la República, lo cual hasta ahora no se podían efectuar.
La legisladora cuestionó la forma en que el Poder Ejecutivo está manejando el caso y advirtió sobre presuntas irregularidades en el proceso, al tiempo que apuntó contra el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz.
En el futuro pedido de informes, la senadora sostiene, en base a información pública, que se llevaron adelante reuniones en Torre Ejecutiva “entre el representante del astillero Cardama, el Dr Gonzalo Fernández e integrantes del Poder Ejecutivo y asesores. Bianchi requiere saber “cuántas reuniones existieron, equipos participantes y si el presidente Orsi, como se informa públicamente, participó en algunas de ellas”.
También quiere conocer si en esas reuniones “el Dr. Gonzalo Fernández trasladó alguna propuesta, aún sea en forma verbal, para sustituir la garantía cuestionada de fiel cumplimiento. De ser así en qué consistieron”. Por último, “qué respuesta dio el Poder Ejecutivo a la empresa a través de su representante”.
Otro pedido sobre Cardama
Por otra parte Bianchi solicitó amparada en la ley de acceso a la información pública detalles sobre la actual operativa en el contrato con Cardama. Son dos solicitudes, una al Ministerio de Defensa Nacional y otra a la Presidencia de la República. La legisladora solicita conocer, entre otros aspectos que «oficiales de la Armada o del Ministerio de Defensa se encuentran supervisando la construcción en Vigo, España, y si algún particular está cumpliendo esa función».
Otro punto es «que empresas nacionales o internacionales han sido contratadas para el monitoreo, auditoría, supervisión técnica o cualquier forma de seguimiento del avance de la obra» y también «la modalidad de contratación de cada una de esas empresas, indicando si se trató de licitación pública, abreviada, compra directa, contratación por excepción u otra figura prevista en la normativa».
En las solicitudes está el conocer en caso de licitaciones, los detalles completos y los montos totales e individuales de los contratos, moneda utilizada, forma y cronograma de pagos, así como eventuales ampliaciones, ajustes de precios o adendas.
También los plazos de vigencia de cada contrato, fechas de inicio y finalización, y los hitos o etapas de monitoreo previstos y el objeto y alcance exacto de los servicios contratados.
La legisladora nacionalista solicita saber «todos los informes técnicos, reportes de avance, auditorías o evaluaciones ya elaborados y elevados al Estado uruguayo, con fechas y autoridades destinatarias» y «qué organismo estatal es responsable de la supervisión y control de estos contratos, así como de la recepción y validación de los informes». Finalmente «si existieron observaciones, incumplimientos, penalidades, sanciones o rescisiones relacionadas con las empresas de supervisión».
«Oscurantismo y secretismo»
A través de una publicación en la red social X, Bianchi sostuvo que el proceso mediante el cual el Ejecutivo analiza la presunta estafa “está teñido de oscurantismo y secretismo”. Según explicó, uno de los aspectos que genera preocupación es la existencia de informes solicitados por el gobierno a la Universidad de la República (Udelar) que tendrían carácter confidencial.
“Queremos saber todo lo que se está haciendo en esta mala operación llevada adelante por el gobierno, destruyendo el prestigio internacional del país y gastando nuestro dinero”, afirmó la senadora, al justificar el pedido de información elevado al Ministerio de Defensa.
Bianchi también señaló que, de acuerdo con la Constitución, la negociación con el astillero español debe estar a cargo del presidente de la República, Yamandú Orsi, y de la ministra de Defensa, Sandra Lazo. En ese sentido, advirtió que existiría “evidencia de que el prosecretario Dr. Díaz está actuando fuera de sus facultades”, y reclamó que tanto el presidente como la ministra respondan formalmente sobre el manejo del caso.
“La mediación no prosperó”
Desde el Poder Ejecutivo, en tanto, el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, negó que exista actualmente un proceso de mediación con Cardama y afirmó que el gobierno se encuentra avanzando por la vía jurídica. “Ahora no hay ningún tipo de proceso de mediación, se están desarrollando actos jurídicos tendientes a cumplir lo que el presidente ordenó”, sostuvo Díaz en una entrevista con el programa de streaming De No Olvidar.
Consultado sobre si la orden presidencial implica la rescisión del contrato, Díaz evitó pronunciarse al respecto. “Todo sigue hacia el cumplimiento, hacia las disposiciones que el presidente ordenó, vamos camino a resolver esta situación que es altamente perjudicial para el país”, agregó.
El prosecretario explicó que, en una etapa previa, el exsecretario de la Presidencia Gonzalo Fernández se presentó como abogado en representación del astillero español con el objetivo de explorar una salida negociada. Sin embargo, indicó que ese intento no prosperó. “Hubo una propuesta que no permitió avanzar, sin perjuicio de lo cual seguimos estando abiertos, pero activos”, señaló.
Díaz también remarcó que el Ejecutivo continúa trabajando en el plano legal y que no hará públicas las estrategias jurídicas. “No vamos a decir las estrategias a través de la prensa”, afirmó.
En declaraciones posteriores, el prosecretario defendió la transparencia y la actuación del gobierno y subrayó que la denuncia presentada se basa en hechos concretos. “Nosotros denunciamos hechos. Estamos dispuestos a actuar dentro de la legalidad”, expresó, al referirse a la ampliación de la denuncia penal anunciada en octubre y a las acciones judiciales actualmente en curso.
Mejor que sea así sino alguno del honorable va a tener que irse del país.
Los rosados hicieron todo entre gallos y mediasnoches. Ahora reclaman información, algo lógico y justo. Pero se publicita dando por sentado que que hay algo turbio. Y…el ladrón cree que todos son de su misma condición. Y «existiría» evidencia que el Dr Díaz estaría actuando fuera de sus funciones… Viejo, si tienen evidencia, preséntenla. Y si no, a no tirar fruta… Y «esta mala operación del gobierno»…Lo que dejaron los rosados, lo de CARDAMA, por ejemplo, era impecable? Un cóctel de estafa, corrupción y estupidez. Que cada uno ponga en los ingredientes el porcentaje que quiera…
Tendría que estar construyendo la segunda lancha y… Porque no leyó el contrato ya que sabe tanto de irregularidades, impresentable está senadora.
El Dr. Díaz SI tiene que ver en este asunto. Si un letrado, que los había, hubiera intervenido cuando se firmó nada de esto estaría ocurriendo en esta etapa y las lanchas irían viento en popa con una empresa responsable y una garantía valedera. Pero….. quedó todo en manos de dos médicos. Y encima se dan el lujo de interpelar por indicación del honorable para no quedar en falso. Peor que Trump.
Bueno tendremos todos los años estas cosas, es una forma de no dejar de trabajar al gobierno electo democráticamente en la urnas, ya que se pierden horas y horas con estas boludeces trancando el parlamento en vez preocuparse por sacar leyes que sirvan a todos los uruguayos, ahora intentan ir por el Dr. Diaz nuevamente se darán contra la pared, gente parasita que si cobran suculentos sueldos y beneficios que le pagamos todos los uruguayos para nada
QUÉ TIENE QUÉ SABER ÉSTA VIEJA? TODA ESTRAMOYA LA HICIERON ELLOS,DEJARON QUÉ ESTAFARA HAY URUGUAY, XQUE NO SE CALLA, ESTA COBRANDO UN SUELDON,GRACIAS AL PUEBLO Y LO DE CARDAMA LO PAGAMOS NOSOTROS, PERSONAL DE LA ARMADA,YA DIJERON LOS DEFECTOS QUE TIENEN,ME GUSTARÍA QUÉ LA SUBIERAN A ELLA,A PASEARLA CÓMO ESTÁ AHORA LA MEDIA LANCHA Y PONGA SU OPINIÓN, TOTAL BUEN SUELDO TIENE PARA EL VIAJE 🛩️ A VIGO
El tratamiento de esta compra de lanchas está permitiendo suponer que en el contrato hay más cosas pactadas verbalmente que no se conocen pero se suponen, que las que se escribieron en un papel con firmas falsas o calcadas, lo que implica una connivencia o complicidad entre las partes contratantes, una empresa desacreditada y funcionarios públicos (dos médicos ex-ministros de estado) ahora pertenecientes al honorable (?). ¿Se va entendiendo?
Esta bocona no se quejo con las clausulas de «secretismo» en el contrato millonarios de la faraonica e inserbiblea planta de potabilizadora en Arazati y ahora sale a cacareas como es su costumbre no imputándole que no resiste ningún archivo sobre sos dichos y hechos
* importándole