La SCJ rechazó los argumentos de la defensa de Sofía, quien había apelado la sentencia tras la decisión del Tribunal de Apelaciones de tercer turno en febrero de 2024. Dicho tribunal había ratificado el fallo inicial de 2022 emitido por la jueza Silvia Urioste, aunque redujo la pena de 25 a 17 años al descartar agravantes en el delito de asociación para delinquir.
La defensa centró su apelación en cuestionar la validez de las declaraciones de Nelson Bardesio, otro miembro del Escuadrón de la Muerte, quien vinculó directamente a Sofía con el asesinato de Castagnetto. Según Bardesio, Sofía, conocido como “José”, fue responsable del interrogatorio, custodia y traslado de la víctima, cuyo cuerpo fue arrojado al Río de la Plata para ocultar el crimen.
Bardesio inicialmente realizó estas declaraciones mientras estuvo secuestrado por el Movimiento de Liberación Nacional (MLN), pero la SCJ destacó que el testigo ratificó los hechos tras su liberación, en reuniones con figuras políticas de la época como Héctor Gutiérrez Ruiz y Wilson Ferreira Aldunate. Además, señaló que los aportes de Sofía fueron esenciales para la concreción del homicidio, rechazando la postura de la defensa de que su rol fuera el de un simple cómplice.
En su sentencia, la SCJ también desestimó el pedido de nulidad del proceso presentado por los abogados de Sofía. Los ministros argumentaron que no hubo violación del debido proceso y que las decisiones de las instancias previas se ajustaron a derecho. Asimismo, ratificaron que los delitos no habían prescrito debido a la interrupción de los plazos por la Ley de Caducidad.
El caso de Héctor Castagnetto, quien tenía 19 años al momento de su secuestro, es uno de los episodios más emblemáticos de los crímenes perpetrados por grupos parapoliciales durante la dictadura. Según la investigación, Castagnetto fue trasladado a una casa en El Pinar y posteriormente a una vivienda en Carrasco, donde fue interrogado y torturado antes de ser asesinado con la autorización del capitán de Marina Jorge Nelson Nader.
La decisión de la SCJ, adoptada por los ministros Elena Martínez, John Pérez, Alicia Álvarez, Doris Morales y Tabaré Sosa, marca un nuevo capítulo en la búsqueda de justicia por los crímenes de la dictadura y ratifica la responsabilidad de Miguel Sofía en uno de los casos más oscuros de la historia reciente del país.
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Este tal Sofía debería estar integrado a los cuadros de nuestros valientes y denodados guerreros que lucharon con fervor por defender la patria y torturar indefensos, por lo menos general de división y disfrutar de una excelente jubilación ´pagada por el pueblo.
Coincido. Hicieron todo lo posible por defender nuestro modo de vida occidental y cristiano.