El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) cuenta con un Plan Quinquenal de Vivienda y Hábitat para el período 2025–2029 que tiene la proyección de alcanzar a 69.334 hogares, a través de la ejecución de los diversos programas y herramientas del Sistema Público de Vivienda (SPV). Un desglose al que se puede acceder en la página web de la cartera. Pero, Diario La R quiso ahondar más en cómo se marcan las estrategias en uno de los temas más demandados del país y es así que dialogó con el director nacional de Vivienda, Milton Machado Lens.
El Censo 2023 arrojó que en Uruguay existen 1.659.048 viviendas y 3.499.451 habitantes, cifra que representa 269.308 (19,4%) viviendas más que en el último censo nacional realizado en 2011, pero si bien el universo de viviendas y hogares experimentó un crecimiento en el tiempo, también sufrió transformaciones en su tamaño y composición.
Por otra parte, un 13,9% de los hogares se encuentran en situación de pobreza, siendo aún más grave la situación de la infancia. Además, para los sectores más vulnerables, el alquiler puede llegar a representar hasta un 37% del ingreso total del hogar, “y muchas veces ni siquiera es una buena vivienda”. En ese sentido, Machado señaló que en muchas ocasiones quienes logran alquilar o acceder a una vivienda, lo hacen en hogares con problemas estructurales o de infraestructura básica, lo que refleja que el acceso no siempre significa una solución real y digna.
Además, mantiene una mirada crítica respecto a ciertos desarrollos habitacionales sin planificación, en zonas sin servicios básicos. Ante esto, resaltó que el Plan Quinquenal se denomina de Vivienda y Hábitat, porque se busca que las políticas de vivienda no se reduzcan a la construcción de nuevas unidades, sino que se atienda simultáneamente la asequibilidad, la calidad habitacional y la integración al hábitat. Entonces, el desafío pasó a ser que más familias accedan a una vivienda adecuada, pero también que estén bien localizadas, conectadas a servicios, y en entornos seguros y sostenibles.
“Por ley el Ministerio tiene que presentar el plan quinquenal de vivienda que va a ejecutar. Este año en particular le sumamos el término hábitat, porque consideramos oportuno tener en cuenta estas situaciones. Si bien tener una vivienda es una cosa importante, no le solucionamos sus problemáticas si no se tienen en cuenta otros elementos que se alinean con las necesidades básicas”, expresó. Ante esto, destacó el trabajo interinstitucional que la cartera realiza con otras instituciones y organizaciones, para cubrir las necesidades básicas insatisfechas que tienen todas esas familias. Por ejemplo, se desarrolla el programa “Crece desde el pie”, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social y ASSE, que busca dar
respuesta a hogares con niños y niñas recién nacidos en situación de vulnerabilidad social y que residen en viviendas con alta precariedad habitacional.
Por otra parte, cabe resaltar que siguiendo el eje principal del Gobierno, la cartera puso como uno de sus principales lineamientos “la emergencia habitacional y la vulnerabilidad social”. En todo el país se identificaron más 667 asentamientos, que presentan varios desafíos por las diferentes condiciones en las que están, sobre todo, respecto a su ubicación. A su vez, tendrán prioridad poblaciones específicas como niños y niñas, mujeres, personas mayores, personas con discapacidad y personas liberadas del sistema penitenciario.
Si bien se reconoce la importancia de la inversión privada, se advierte sobre la necesidad de corregir distorsiones que puedan profundizar desigualdades. La apuesta es por políticas participativas, realistas, con control estatal, planificación territorial y sensibilidad social.
Políticas construidas colectivamente
Siguiendo el objetivo desde una mirada dimensional para asegurar el acceso y la pertenencia a la vivienda Machado destacó la presencia territorial a la que los equipos de la cartera apuntan, “nosotros no diseñamos políticas desde un escritorio en Montevideo. Salimos al territorio, hablamos con la gente y escuchamos qué soluciones precisa”. Este enfoque permite detectar necesidades reales y específicas, evitando respuestas genéricas o mal direccionadas, y promover políticas públicas construidas colectivamente.
En ese sentido, impulsarán intervenciones en barrios y localidades pequeñas que incluyan realojos, mejoras, procesos de regularización y conexión a saneamiento. En esta línea de acción Mevir desplegará programas integrales en su ámbito de actuación, beneficiando a las familias del interior disperso y de localidades menores a 15.000 habitantes. Machado analizó que la cartera planteó metas de acuerdo al presupuesto que el Gobierno pudo disponer y recordó que “la voluntad política es que a medida que haya mayor crecimiento económico permita se vuelque más presupuesto hacia las políticas sociales, entre ellas, la vivienda”.
Clase media y la vivienda promovida
Una de las respuestas más populares es el cooperativismo de vivienda, reconocida incluso a nivel regional. A este sistema, el ministerio destina aproximadamente el 50% de su presupuesto, sin embargo es un ejemplo de que no es una solución universal. En ese sentido y ante su importancia en el mercado, el director de Vivienda destacó que una de las medidas es reforzar su gestión. Hay plazos de tiempos en los procesos que requieren de ajustes, así como también modernizar reglamentos y resolver problemáticas como la rotación de unidades desocupadas. Es por ello, que la cartera estableció mesas de trabajo con las federaciones cooperativas.
Siguiendo el punto de que no todas las soluciones se ajustan a toda la sociedad, recordó que se han lanzado llamados a programas de compra de vivienda usada o existente en el interior del país y en Montevideo, con tope de precio y criterios de ingreso que apuntan directamente a sectores medios y medios bajos, que no cuentan con alternativas viables en el mercado primario. Además, se proyecta una ampliación del alquiler social parcial, para aquellos que pueden pagar parte de la renta pero necesitan apoyo estatal. Estas nuevas oportunidades complementan otras ya existentes, como alquiler con opción a compra o subsidios revisables, autoconstrucción y rehabilitación del stock público, ampliando las opciones de tenencia y mejorando la calidad habitacional.
Como perteneciente al sector clase media, uno de los abordajes fue el modelo de Vivienda Promovida, nacido en 2011 como “vivienda de interés social” con beneficios fiscales para inversores. En su origen, incluía requisitos de cupos y topes para asegurar el acceso a sectores medios o bajos. Durante la administración anterior (2020–2025), se produjo una liberalización del sistema, eliminando muchos de esos requisitos. Esto generó una proliferación de monoambientes y viviendas de alto estándar con exoneraciones fiscales, inaccesibles para gran parte de la población.
Además, desde 2020 a 2022 se desactivó el mecanismo por el cual el inversor estaba obligado a comprometer un porcentaje de unidades para que el MVOT las comercializara mediante créditos hipotecarios con herramientas de apoyo a la demanda como subsidios y garantía del Fondo de Garantía de Créditos Hipotecarios.
“Pero la anterior administración se dió” y para responder a la necesidad de sectores medios se creó el programa “Entre Todos”, un subconjunto dentro de la vivienda promovida. Aunque este programa intenta subsidiar parcialmente el acceso (con un 30% del valor cubierto por el Estado), la administración actual critica su diseño, porque la selección de beneficiarios seguía siendo un tarea de las empresas, se otorgan subsidios fijos no revisables a lo largo de 25 años, sin evaluar si la persona mejora su situación económica y la construcción en zonas suburbanas sin servicios adecuados, lo que traslada el problema hacia la falta de infraestructura urbana básica.
Es así que Machado informó que “decidimos mantener el programa, pero con otra lógica”. Se decidió revisar el modelo, transfiriendo parte de la gestión a la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (COMAP), del Ministerio de Economía y Finanzas, pero manteniendo al Ministerio de Vivienda como rector en ordenamiento territorial y calidad constructiva. Así, “se mantiene la inversión privada como dinamizador del empleo y la construcción, pero se intenta garantizar una mayor equidad en los beneficios”.
La vivienda frente a una sociedad que cambia
Finalizando Machado entiende que a la hora de construir políticas de vivienda, hay que entender que “la sociedad cambió. Ya no vivimos como antes, familias grandes, en casas grandes. Ahora hay jóvenes que viven solos, vínculos laborales y familiares más inestables, gente que se muda mucho. La vivienda tiene que adaptarse a eso”.
Con visión a futuro, destacó que si bien el problema habitacional no se resuelve en cinco años, se puede avanzar desde hoy con acciones claras, priorizando a quienes más lo necesitan y construyendo políticas públicas sostenida y con integración social, que impacta directamente en la salud, la educación, la seguridad y la calidad de vida.
