Lacalle Pou: “Arrastraron al presidente a una operación política”

El expresidente de la República, Luis Lacalle Pou, también expresó su postura sobre la reciente decisión del gobierno de rescindir el contrato con el astillero español Cardama. Su intervención de Lacalle Pou se centró en la defensa de la gestión de su gobierno y la actuación de los exministros de Defensa Javier García y Armando Castaingdebat y en la crítica a la medida adoptada por la administración actual.

Lacalle Pou recordó que la necesidad de contar con patrulleras oceánicas ha sido planteada en el ámbito parlamentario desde hace más de 20 años, tanto en su labor como diputado como senador, y destacó que durante su gobierno se avanzó en la planificación y contratación de las unidades. “Hace 20 años que había un acuerdo de que se necesitaban patrullas oceánicas. Durante la campaña electoral dijimos que las íbamos a usar”, afirmó el expresidente, quien subrayó la complejidad técnica y económica de este tipo de adquisiciones.

El expresidente defendió la elección de Cardama, empresa con más de un siglo de trayectoria, señalando que la firma estaba certificada por Lloyd’s (1870) y contaba con el aval de la embajada española. Asimismo, destacó que la administración anterior ya había abonado dos cuotas del adelanto de obra, reforzando de esta forma la seriedad del contrato.

El expresidente calificó la decisión del gobierno como una “operación política” al que el propio presidente Yamandú Orsi “fue arrastrado” y que, a su juicio, fue tomada sin una evaluación adecuada de sus implicancias para el país y los uruguayos. “Este gobierno está más dedicado a destruir lo que encontró, que a construir lo que no tiene plan”, sostuvo Lacalle Pou, y agregó que la rescisión afecta no solo la seguridad marítima, sino también la planificación estratégica que demandó más de dos décadas de análisis y negociaciones.

En relación con la garantía requerida para el contrato, Lacalle Pou reconoció su importancia, pero señaló que existían otros mecanismos para garantizarla sin comprometer la ejecución del proyecto. Recordó que durante su administración se siguieron procedimientos rigurosos, revisando cuidadosamente cada opción antes de aceptar un contrato, asegurando así transparencia y seguridad jurídica.

El expresidente también abordó la cuestión de las presuntas presiones internacionales. Ante preguntas de la prensa sobre la influencia de Estados Unidos o China en la selección del proveedor, Lacalle Pou negó que su gobierno haya recibido presiones externas y detalló que la decisión de elegir a Cardama respondió a criterios de confiabilidad, calidad y costo. “Elegimos a España. Ni a aliados supuestamente directos de Estados Unidos ni a empresas chinas”, afirmó.

En cuanto a las críticas sobre el proceso de licitación, Lacalle Pou explicó que la compra de material bélico requiere ciertas reservas y que no se trató de un proceso abierto tradicional, sino de un llamado a precios conforme a las normativas vigentes y las particularidades del sector. Aclaró que cada propuesta fue evaluada con informes jurídicos y técnicos antes de su aprobación.

El expresidente también vinculó la rescisión del contrato con otros proyectos estratégicos del gobierno anterior que, según su análisis, podrían estar siendo revisados o revertidos. Mencionó el proyecto Arazatí, destinado a garantizar una fuente alternativa de agua potable en la zona metropolitana, señalando que decisiones similares en otras áreas muestran un patrón de priorizar intereses políticos sobre la continuidad de iniciativas consideradas de interés nacional.

Lacalle Pou enfatizó la importancia de proteger los intereses del país y advirtió que las operaciones políticas que, según él, motivaron la rescisión del contrato podrían causar perjuicios al Estado y a la población. Subrayó que la responsabilidad última de la decisión recae en el presidente de la República, aunque expresó que buscó dialogar sobre el tema para alertar sobre sus posibles consecuencias.