Así lo ha hecho saber Lapid en comentarios recogidos por el Jerusalem Post este domingo, a punto de cumplirse una semana de la aprobación en el Parlamento israelí de la primera gran ley relativa a la reforma, la llamada «cláusula de sensatez» que impide enormemente a los tribunales examinar una decisión del gobierno siempre que perciban que atenta con el sentido común.
Lapid ha querido no obstante matizar un detalle sobre esta cláusula, que sí capacitaría a los tribunales para examinar cuestiones de este tipo, pero ha reconocido que ahora mismo es imposible porque haría falta para ello una mayoría cualificada de dos tercios en el Parlamento, algo que a la oposición le resulta imposible conseguir ahora mismo.
Mientras tanto, el Gobierno israelí se mantiene a la espera de una posible reacción del Tribunal Supremo, que podría decidir actuar por su cuenta para anular esta ley en lo que se trataría de un fenómeno sin precedentes en la historia de Israel. Esta enmienda, cabe recordar, se inserta dentro de la Ley Básica del país, el más alto rango legislativo — y sustituto constitucional –.
En este sentido, este mismo domingo, el ministro de Defensa y aliado de Netanyahu, Yoav Gallant, se ha referido a la improbabilidad de que suceda este escenario aunque ha indicado que el Gobierno podría plegarse a esta decisión, por improbable que fuera.
«El Estado de Israel es una nación democrática y actuaremos de acuerdo a la ley», ha asegurado en declaraciones a la emisora pública Kan antes de su entrada en el Consejo de Ministros semanal, en el que estará ausente, de manera inusual, el gran arquitecto de la reforma: el ministro de Justicia, Yariv Levin.
