Más de 8.900 casos de violencia infantil se registraron el año pasado

El Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia (SIPIAV), en el año 2024, intervino en 8.924 situaciones de violencia hacia niñas, niños y adolescentes en nuestro país. Lo que se traduce a un promedio de 24 casos por día, uno por hora. Además, durante el 2025, cada seis días un niño, niña o adolescente resultó herido de bala en el marco de conflictos armados en su comunidad. En ese contexto, la diputada del Movimiento de Participación Popular (MPP), Inés Cortés, presentó un proyecto de ley que tiene por objetivo proteger los derechos y dar una respuesta estructural y urgente ante el aumento y la diversidad de las formas de violencia que afectan a la infancia y la adolescencia en Uruguay.

En diálogo con Diario La R, Cortés explicó que el proyecto reconoce, aborda y tipifica todas las formas de violencia, incluyendo la vicaria, la digital y la comunitaria. Y, entiende que “necesariamente para hablar de la calidad de la democracia también tenemos que hablar de cómo cuidamos a nuestras infancias”, sobre todo en un país donde la natalidad va en descenso y la vulnerabilidad en crecimiento. Entonces, plantea que hay que abordar la situación de forma integral y desde una perspectiva de prevención.

Por otra parte, señaló que un 30% de nuestros gurises crecen en situación de pobreza. “O sea, de esos 27.000 que nacen por año, unos 10.000 ya nacen en situación de pobreza”, reflexionando que “estamos como muy de atrás en cuanto a protección de la infancia y necesariamente tiene que haber un involucramiento de todos de todos los organismos del Estado”.

“Se viene arrastrando hace muchos años, una desarticulación entre los diversos equipos que responden a distintos programas. El Gobierno tiene el cometido de generar ese diálogo interinstitucional, porque en el contexto de la discusión del presupuesto y el acotado márgen del espacio fiscal, es necesario hacer que todo lo que invertiremos funcione y para eso sí o sí hay que dialogar”, expresó.

Haciendo un análisis de lo que se propone en el proyecto, Cortés mencionó que “hay que hacer que funcione lo que ya hay y tratar de mejorar y humanizar la forma en que se abordan estas estas situaciones”. En ese sentido, se busca fortalecer el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (SIPIAV). Mientras que también obliga al Estado a destinar recursos financieros, técnicos y humanos suficientes, además de garantizar formación especializada para actores de salud, educación, justicia y seguridad.

Uno de los puntos claves, es la modificación de la Ley N.º 19.580, agregando dos nuevos literales al artículo 6 con la siguiente redacción:

1. S) Violencia vicaria: toda acción u omisión, que se ejerza sobre hijos/as y/o personas del grupo familiar o afectivo de la mujer, que tengan por objeto o resultado menoscabar o dañar su integridad física, psicológica, económica o patrimonial.
2. Y) Violencia digital: toda acción u omisión, realizada mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, redes sociales, plataformas digitales o cualquier medio electrónico, que cause daño físico, psicológico, sexual, económico, simbólico o social a una persona o grupo, afectando sus derechos fundamentales, su dignidad, su reputación, su integridad o su seguridad.

Además, se agrega al artículo 312 del Código Penal un nuevo literal, estableciendo como homicidio muy especialmente agravado: “Constituye una circunstancia especialmente agravante del homicidio el cometerlo contra un hijo o una hija, o contra una persona bajo guarda, tutela o cuidado, con el propósito de causar daño, sufrimiento o menoscabo a su madre, padre o al otro progenitor, en el contexto de la violencia basada en género o doméstica”.

Sumadas a esas modificaciones, se plantea cambiar la Ley N°20.141 de Tenencia Compartida, derogando los artículos 3, 4, 8 y 15. Por ejemplo, el cuatro habilita al juez a mantener la tenencia compartida y las visitas incluso cuando existan medidas cautelares contra uno de los progenitores. Esta nueva ley busca prohibir la revinculación forzada con progenitores o familiares agresores.

Derechos

El proyecto presentado por Cortés, incorpora nuevos derechos para las víctimas de violencia, como atención integral gratuita, reparación de daños, protección inmediata y continuidad educativa.

A su vez, en complemento a los arts. 11 y siguientes del Código de la Niñez y la Adolescencia así como el art. 9 de la Ley 19.580 toda niña, niño y adolescente víctima de violencia tendrá derecho a protección inmediata y efectiva, atención integral y gratuita (salud, educación, apoyo psicosocial y jurídico) y evitar la revictimización en procesos judiciales o administrativos, según la Observación General N.º 13 del Comité de los Derechos del Niño. Asimismo derecho a

medidas urgentes de protección, mantener vínculos familiares protectores, conforme al CNA, reparación integral de derechos vulnerados y continuidad educativa, conforme a la Ley General de Educación (N.º 18.437) y la Ley del Sistema Nacional de Educación Pública (N.º 18.214).

Por último, establece un refuerzo a la protección digital, estableciendo obligaciones para plataformas y proveedores de servicios de internet de retirar contenidos violentos o abusivos y promover entornos digitales seguros, e introduce medidas frente a la violencia comunitaria, promoviendo planes locales de prevención, corredores seguros y participación barrial de niñas, niños y adolescentes.

“Estamos muy atrás en prevención y en reparación en cuanto al daño que ya está hecho. Hay que hablar y tratar de no revictimizar, que también es otro grave problema que tenemos en las instituciones, que son muy adultocéntricas y que vulneran a la hora de de generar los distintos procesos”, explicó.

Finalizando, observa que “tenemos deudas muy grandes con los gurises y gurisas, es una sociedad adultocéntrica que le cuesta ponerse en el lugar de las infancias y adolescencias”. En ese sentido, Cortés analiza que durante noviembre, que es el mes de los derechos de las infancias y adolescencias, escuchamos mucho y se hace mucho, pero debería ser algo continuo.

“Los niños, niñas y adolescentes no votan, no se pueden organizar, no pueden venir con su demanda al Parlamento, como si, por ejemplo, lo pueden hacer muchísimas organizaciones y lo vimos ahora en la discusión del presupuesto. Por eso no hay que dejar de atender estas situaciones que son fundamentales para mejorar el presente de estas infancias y adolescencias, y que seguro van a repercutir también en el futuro. Porque quienes son vulnerados y dejados a la deriva hoy, son los que mañana van a terminar viviendo las peores consecuencias de este mundo adulto que no los ampara como debería”, concluyó.