El Frente Amplio, incluyó en sus Bases Programáticas un amplio compromiso para avanzar en la lucha contra la impunidad y construir el «Nunca Más Terrorismo de Estado». De acuerdo al programa de la coalición de izquierda, este enfoque busca garantizar la verdad, la justicia y la memoria histórica como pilares “fundamentales para fortalecer la democracia en Uruguay”.
En el documento, la coalición destaca que “la lucha contra la impunidad es un elemento central, un verdadero desafío ético y político que nos obliga a avanzar decididamente en obtener verdad y justicia en las violaciones de los derechos humanos, demostrando voluntad política que se vea reflejada en acciones concretas”. A casi cuatro décadas de la recuperación democrática, el Frente Amplio señala que persisten deudas importantes con las víctimas del régimen dictatorial, ya que «se sigue sin saber el destino de los casi 200 desaparecidos/as y el esclarecimiento de las circunstancias de un número similar de compañeros y compañeras asesinadas». Asimismo, critica que «cientos de causas abiertas en la justicia no avanzan o lo hacen muy lentamente, generando en la práctica una denegación de justicia», al tiempo que destaca que no ha habido investigaciones sobre los «ilícitos económicos cometidos a lo largo de más de una década de ejercicio discrecional del poder».
Entre las medidas propuestas en las llamadas Bases Programáticas, se reafirma la prioridad de “continuar la búsqueda de restos de detenidos/as desaparecidos/as, controlando que las excavaciones no sean obstaculizadas o enlentecidas, investigando y sancionando, cuando correspondiere, acciones que impidan o dilaten esta búsqueda y brindar todos los recursos necesarios”. Además, se plantea “revisar las Leyes Reparatorias de las Víctimas de la Actuación Ilegítima del Estado, incluyendo situaciones que no fueron contempladas o que no fueran reparadas debidamente, eliminando incompatibilidades con derechos previsionales legítimos y cumpliendo con los estándares internacionales”.
Educación para la memoria
En el ámbito educativo y cultural, el Frente Amplio propone “desarrollar una política nacional de memoria, capaz de recibir y colaborar con las iniciativas de la sociedad civil al respecto” y “sancionar la injerencia indebida en temas políticos y/o los comportamientos de militares en actividad que reivindiquen lo actuado en la última dictadura cívico-militar”. Asimismo, busca “incluir en los programas educativos de todos los niveles, cursos sobre el pasado reciente como también estudios y proyectos sobre DDHH, construyendo garantías de no repetición y de memoria en las comunidades tanto educativas como territoriales de cada localidad, grupo social y cultural”. Otra acción destacada es la de “levantar toda traba burocrática que obstaculice la obtención de información de calidad respecto a los lugares de enterramiento y posibilitar un mayor acceso a fuentes de inteligencia militar, que permita mayor celeridad en el conocimiento de los archivos de la dictadura, llevando a buen término las búsquedas que sean necesarias”. También se señala la importancia de “garantizar por parte del Estado, la fluidez de la tramitación judicial de los casos donde se juzguen delitos de lesa humanidad, evitando impedimentos técnicos, administrativos y/o políticos que se constituyan en trabas para el debido juzgamiento de los/as culpables”.
En cuanto a sanciones, el Frente Amplio propone “disponer el pasaje a Tribunales de Honor de militares condenados por crímenes de lesa humanidad, y aplicación en todos los casos de lo dispuesto en el artículo 25 de la Constitución de la República, estableciendo mecanismos para que no continúen con el cobro de sus jubilaciones tanto los condenados como aquellos prófugos de la justicia”. Además, plantea “eliminar de los establecimientos y el espacio público (incluyendo cuarteles y/o dependencias del Ministerio de Defensa Nacional), toda referencia a personas militares o civiles condenados por crímenes de lesa humanidad”. Otro aspecto clave del compromiso incluye “promover en la población el ejercicio de la memoria sobre el pasado reciente de nuestro país, mediante la declaración del 20 de mayo como Día de la Memoria, fecha patria no laborable tanto para la actividad pública como privada”. A esto se suma “incentivar la investigación académica sobre el pasado reciente” y “continuar con el intercambio internacional de información y brindar mayor participación y protección a las víctimas de la dictadura”.
INCLUIR «información» LA QUE NATURALMENTE ES SESGADA, PARA LOS ESTUDIANTES.. SIGNIFICA SIN MAS NI MENOS QUE ATENTAR CONTRA LA LAICIDAD…….EN LAS ESCUELAS, LOS LICEOS, YA NO SE RESPETA ESA ESENCIA QUE ESTA EN LA CONSTITUCION. LOS asesinos, delincuentes, que raptaban y mataban a sus víctimas ATENTARON CONTRA LA DEMOCRACIA…. ¡ASI NOS FUE A TODOS! los descerebrados militares, creyendose capaces de manejar el país. nos hicieron vivir una de las épocas más negras de nuestra historia. PERO LOS OTROS, LOS QUE FUERON «AMNISTIADOS POR EL PRESIDENTE SANGUINETTI NO SE QUEDARON ATRAS. COMO TAMPOCO PIDIERON LAS DISCULPAS Y EL PERDON AL RESTO DE LOS CIUDADANOS, A LA PATRIA NI A SUS VICTIMAS. TAMPOCO DEBERIAN RECIBIR UN PESO, LOS QUE SE FUERON DEL URUGUAY DURANTE LA DICTADURA….. ¡TODO DEBERIA TERMINARSE! NO HAY CIUDADANOS DE QUINTA O DE 1ª
Orsi tiene la gran posibilidad de meterse en los cuarteles , hacer hablar a los milicos y encontrar los restos de loa desaparecidos