La Policía Federal de Brasil (PF) ha revelado que un grupo de militares de la reserva y activos había elaborado un plan para asesinar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Utilizando el envenenamiento como método de eliminación. La operación, conocida como «Daga Verde y Amarilla», también tenía como objetivo al ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, y al vicepresidente Geraldo Alckmin.
Según la información proporcionada por la PF, la planificación del asesinato fue discutida en la casa del general Walter Braga Netto. Quien estuvo vinculado al gobierno de Jair Bolsonaro. Los conspiradores consideraron diversas formas de ejecutar el ataque, incluyendo el uso de artefactos explosivos y envenenamiento durante un evento público oficial.
En el contexto de los debates sobre cómo ejecutar a los objetivos, se subrayó la vulnerabilidad de salud del presidente Lula, quien tiene antecedentes médicos que incluyen hospitalizaciones frecuentes. Este factor hizo que el envenenamiento se considerara una opción viable, ya que los conspiradores creían que el uso de químicos podría provocar un colapso orgánico en el mandatario. Según la investigación, se utilizaban nombres en clave para referirse a los objetivos: Lula era conocido como «Jeca», mientras que Alckmin era llamado «Joca».
El documento de la PF revela que los conspiradores discutieron el riesgo de la operación, señalando que las probabilidades de captura eran altas, así como las de sufrir bajas, es decir, muertos o heridos durante la ejecución del ataque. Sin embargo, el plan continuaba siendo considerado viable.
El plan de ejecución y las detenciones
El plan de ejecución, que estaba previsto para llevarse a cabo el 15 de diciembre de 2022, también incluía detalles precisos sobre los recursos humanos y bélicos necesarios para llevar a cabo el atentado, utilizando técnicas operativas militares avanzadas.
La Policía Federal llevó a cabo una serie de detenciones como parte de la operación. En total, se ejecutaron cinco órdenes de detención preventiva, además de tres registros y 15 medidas cautelares contra los sospechosos. Entre los detenidos se encuentran:
General de la reserva Mario Fernandes, quien fue secretario ejecutivo de la Secretaría General de la Presidencia durante el gobierno de Bolsonaro y actualmente es asesor del diputado federal Eduardo Pazuello.
Militares activos y de la reserva: el teniente coronel Helio Ferreira Lima, el mayor Rodrigo Bezerra Azevedo, el mayor Rafael Martins de Oliveira y el oficial federal Wladimir Matos Soares.
Uno de los detalles más inquietantes de la investigación es que los conspiradores planeaban instalar una «Oficina Institucional de Gestión de Crisis» para manejar cualquier tipo de conflicto institucional que pudiera surgir como consecuencia de sus actos, lo que sugiere una planificación a largo plazo y una visión de las repercusiones que un atentado podría generar en el país.
La investigación también ha vinculado a los detenidos con figuras clave del gobierno de Bolsonaro. Lo que sugiere que algunos de los conspiradores estaban afiliados a la derecha más radical en Brasil. El general Mario Fernandes, por ejemplo, fue una figura cercana a la administración de Bolsonaro, y su vinculación con Eduardo Pazuello, exministro de Salud y uno de los principales aliados de Bolsonaro, refuerza las sospechas de una red de militares con inclinaciones políticas que favorecen la derecha extremista.
Este intento de magnicidio pone en evidencia la tensión política que vive Brasil. Especialmente después de la victoria de Lula en las elecciones de 2022. La revelación del complot ha causado conmoción en el país, ya que muestra la magnitud de la polarización política. Y la presencia de facciones dentro de las fuerzas armadas dispuestas a actuar violentamente para derrocar a un gobierno democráticamente elegido. La detención de estos militares y su presunta implicación en un plan de asesinato podría desatar un debate sobre el papel de los militares en la política brasileña y sus vínculos con movimientos antidemocráticos.
La Policía Federal sigue investigando los detalles del complot. Se espera que nuevos elementos salgan a la luz en los próximos días. Mientras tanto, el presidente Lula y su gobierno se encuentran bajo estrictas medidas de seguridad, conscientes de las amenazas a las que siguen expuestos en un clima de creciente polarización política.
