En noviembre de 2017, la Intendencia de Montevideo (IM) lanzó el 1er Plan de Accesibilidad de Montevideo. El documento, de aproximadamente 150 páginas, fue presentado como el primer instrumento de gestión que sistematizaba y organizaba las políticas públicas para convertir a la capital en una ciudad “libre de barreras”.
La iniciativa partía de una idea central: la accesibilidad debía ir más allá de una rampa aislada o de una obra puntual y pensarse como un sistema presente en cada etapa de la vida urbana. Desde tomar un ómnibus hasta realizar un trámite, asistir a un espectáculo cultural o disfrutar de un espacio público. En ese sentido, el plan establecía tres ejes: movilidad eficiente, para asegurar transporte e infraestructura peatonal aptos para todos; desarrollo urbano sostenible, incorporando normas de accesibilidad universal en cada nueva construcción pública; e inclusión social y convivencia, promoviendo la participación activa de personas con discapacidad en la vida ciudadana.
Sin embargo, aunque no se especificó el presupuesto destinado a estas acciones, varios años después la capital continúa presentando importantes barreras. Moverse por Montevideo puede ser una tarea rutinaria para muchos, pero para miles de personas representa un desafío diario. Baldosas rotas, rampas inexistentes o mal diseñadas, ómnibus que no siempre funcionan con sus plataformas y edificios públicos con accesos limitados configuran un escenario que deja en evidencia un déficit estructural de accesibilidad.
La problemática no se reduce a la falta de infraestructura puntual. Especialistas en urbanismo y discapacidad coinciden en que la accesibilidad debe pensarse como un sistema integral que garantice autonomía y seguridad en cada eslabón del recorrido urbano: desde salir de la casa hasta llegar al trabajo, estudiar o realizar un trámite.
Un ejemplo concreto surge de los datos publicados por la propia Intendencia en MonteviData. Según esa información, casi la mitad de los ómnibus de la ciudad no son accesibles, es decir, no cuentan con piso bajo, plataformas elevadoras u otros sistemas adecuados para personas usuarias de sillas de ruedas o con movilidad reducida.
La flota activa del transporte público está compuesta por 1.531 unidades, operadas por Cutcsa, Coetc, Come y Ucot. Esto implica que alrededor de 673 coches no podrían ser abordados en condiciones adecuadas por personas en silla de ruedas.
La consecuencia es cotidiana: ver pasar un ómnibus sin poder subir y esperar el siguiente, sin saber si estará adaptado. Esa incertidumbre impacta directamente en la calidad de vida, genera demoras para llegar al trabajo o regresar al hogar y refuerza una sensación de exclusión dentro del propio sistema de transporte.
Las veredas son otro indicador preocupante. La comuna relevó 16.485 tramos, equivalentes al 75% del total de la ciudad. Los datos muestran que el 75% se encuentra en áreas con veredas apropiadas, un 6% directamente no cuenta con aceras y un 19% son inapropiadas: existen, pero el pavimento no es continuo ni seguro de una punta a la otra.
A esto se suma la falta de rampas. Solo el 39% de las veredas relevadas cuenta con rebajes, es decir, 6.429 resultan accesibles. El resto presenta desniveles, obstáculos o mantenimiento deficiente que obligan a personas con movilidad reducida, adultos mayores o familias con cochecitos a bajar a la calle y exponerse al tránsito.
Las baldosas rotas y las raíces de árboles que sobresalen del pavimento se convierten, así, en barreras diarias. También persisten paradas de ómnibus sin condiciones adecuadas, cruces sin señalización sonora y edificios públicos con ingresos poco amigables.
La situación se replica en otros espacios de recreación. De las 19 playas de Montevideo, solo cuatro cuentan con accesibilidad plena durante la temporada de verano: Pocitos, Ramírez, Malvín y la del Cerro. Allí se incorporaron rampas, camineros de madera o goma, sillas anfibias, baños accesibles y actividades recreativas adaptadas.
Pero la accesibilidad no es solo física. También implica acceso a la información y a los servicios: señalética clara, sistemas sonoros, materiales en braille, aplicaciones digitales adaptadas y trámites accesibles forman parte de lo que se conoce como “accesibilidad universal”, un concepto que busca que cualquier persona, independientemente de su condición, pueda desenvolverse de manera autónoma.
Las ciudades que avanzan en este camino integran múltiples dimensiones: transporte público adaptado, espacios públicos inclusivos, tecnología accesible, viviendas adecuadas y normativas que garanticen el diseño universal desde el origen de cada obra. No se trata de adaptar después, sino de planificar para todos desde el principio.
En ese sentido, Montevideo enfrenta el desafío de pasar de soluciones aisladas a una política sostenida y coordinada. Porque la accesibilidad no es un beneficio para una minoría, sino una condición básica para el ejercicio pleno de derechos. Una ciudad verdaderamente funcional es aquella en la que nadie queda afuera.
