ACCESO AL ACTA
https://drive.google.com/file/d/1328dqoZgRbd0hJWsWy1oUV3pBHxUlyav/view?usp=drive_link
La divulgación de una acta reservada del Consejo Directivo de CASMU volvió a colocar a la institución en el centro de una fuerte polémica. El documento expone las negociaciones que la conducción encabezada por el Dr. Domingo Beltramelli mantiene con ASSE para arrendar el histórico Sanatorio 1 durante un período de dos años con opción de compra posterior.
Sin embargo, más allá de la existencia de las conversaciones, el aspecto que genera mayor controversia no es solamente el destino del inmueble sino las condiciones económicas bajo las cuales se estaría negociando la operación.
Diversas fuentes vinculadas a la interna institucional sostienen que el acuerdo podría concretarse por valores sensiblemente inferiores a los que corresponderían a un inmueble de similares características dentro del mercado inmobiliario y sanitario. De confirmarse esa situación, la operación implicaría para CASMU resignar ingresos potenciales en un momento especialmente delicado desde el punto de vista financiero.
La discusión adquiere una dimensión aún mayor si se considera que el Sanatorio 1 constituye uno de los activos patrimoniales más importantes de la mutualista. Se trata de una infraestructura de gran valor estratégico, con una ubicación privilegiada y con posibilidades de desarrollo sanitario, académico, empresarial o comercial que, según entienden algunos directivos y trabajadores, no habrían sido suficientemente exploradas antes de avanzar en negociaciones con ASSE.
El tema quedó expuesto durante la reunión del Consejo Directivo en la que el Dr.Beltramelli informó sobre las conversaciones mantenidas con autoridades del organismo estatal. Allí explicó que el sanatorio genera pérdidas mensuales cercanas a los 60.000 dólares y que la institución continúa afrontando gastos permanentes de mantenimiento, vigilancia, limpieza y conservación.
Desde la perspectiva de la presidencia, el inmueble representa actualmente una carga económica significativa que no produce ingresos capaces de justificar los costos de funcionamiento. Esa situación habría impulsado la búsqueda de alternativas que permitieran transformar un centro con escasa utilización en una fuente de recursos para la mutualista.
No obstante, las explicaciones no lograron despejar las dudas de quienes consideran que el problema no es la necesidad de rentabilizar el edificio sino la forma en que se pretende hacerlo.
Los cuestionamientos se centran especialmente en la ausencia de información pública sobre estudios de mercado, tasaciones independientes o llamados que permitieran evaluar otras propuestas antes de avanzar con ASSE. Para los críticos, resulta difícil comprender por qué una institución que atraviesa dificultades económicas podría aceptar condiciones que eventualmente no reflejen el verdadero valor del inmueble.
La preocupación se profundiza al analizar el contexto general en el que se produce esta negociación.
Durante los últimos meses la directiva oficialista de CASMU ha sido escenario de numerosas promesas laborales. AFCASMU comenzó denunciando una política de ajuste caracterizada por la reducción de servicios, tercerizaciones, reestructuras internas y eliminación de puestos de trabajo.
Las áreas de enfermería, farmacia y otros sectores asistenciales han sido señaladas por el sindicato como ejemplos de una estrategia orientada a disminuir costos mediante la reducción de recursos humanos y la externalización de funciones históricamente desarrolladas por personal propio.
Para muchos trabajadores existe una contradicción difícil de explicar. Mientras la institución justifica recortes en nombre de la necesidad de mejorar sus números, simultáneamente estaría negociando uno de sus activos más importantes por valores que algunos consideran insuficientes.
Esa percepción alimenta el malestar interno y fortalece las críticas hacia la conducción actual.
Los sectores más críticos sostienen que el Sanatorio 1 no puede analizarse exclusivamente desde una perspectiva contable. Consideran que se trata de un activo estratégico cuyo valor trasciende los balances financieros y que debería formar parte de una planificación institucional de largo plazo.
Según esta visión, antes de avanzar hacia un arrendamiento con opción de compra debería haberse realizado un proceso amplio de consulta y evaluación que contempla otras alternativas de utilización.
Algunos plantean incluso la posibilidad de desarrollar proyectos conjuntos con universidades, centros de investigación, prestadores privados o emprendimientos vinculados a la innovación sanitaria que permitieran obtener ingresos superiores sin resignar el control patrimonial del edificio.
La eventual opción de compra incluida en el acuerdo es otro de los elementos que despierta preocupación.
Si bien formalmente se trata de un arrendamiento, la existencia de una cláusula que habilita una futura adquisición por parte de ASSE genera temores respecto a una eventual transferencia definitiva de un patrimonio construido durante décadas.
Quienes cuestionan la operación recuerdan que la historia de las instituciones de salud está llena de decisiones que inicialmente fueron presentadas como soluciones transitorias y terminaron derivando en pérdidas permanentes de activos estratégicos.
Por esa razón consideran imprescindible conocer en detalle cuáles serían las condiciones económicas previstas para una eventual venta futura y qué mecanismos existirían para garantizar que CASMU obtenga una contraprestación acorde al valor real del inmueble.
Dentro del propio Consejo Directivo surgieron voces que expresaron reservas frente a la iniciativa.
Algunos integrantes señalaron que el edificio constituye una verdadera joya patrimonial para la institución y advirtieron que desprenderse de él podría representar un error estratégico de largo alcance.
Las objeciones reflejan diferencias profundas sobre el rumbo que debería seguir CASMU para enfrentar sus problemas económicos.
Mientras la presidencia parece priorizar la reducción de costos y la obtención de liquidez inmediata, otros sectores entienden que las soluciones deben construirse preservando el patrimonio institucional y fortaleciendo los servicios propios.
La discusión trasciende incluso el caso puntual del Sanatorio 1.
Lo que está en juego es el modelo de gestión que la mutualista pretende adoptar para los próximos años. Una visión apuesta a la racionalización de recursos, la reducción de estructuras ociosas y la búsqueda de acuerdos que permitan aliviar la situación financiera. La otra sostiene que el camino no puede basarse en la pérdida de patrimonio ni en la disminución de capacidades propias.
La polémica adquiere además una dimensión política significativa porque involucra recursos que pertenecen a una institución integrada por miles de afiliados y trabajadores.
Cada decisión relacionada con el patrimonio de CASMU tiene consecuencias que van mucho más allá de los balances anuales. Impacta sobre la capacidad futura de brindar servicios, desarrollar nuevos proyectos y responder a las necesidades de una población usuaria cada vez más exigente.
Por eso, la principal interrogante que surge hoy no es solamente cuánto cuesta mantener el Sanatorio 1, sino cuánto podría perder CASMU si termina cediéndolo por debajo de su verdadero valor.
Esa es la pregunta que comienza a instalarse en distintos ámbitos de la institución.
Mientras la directiva defiende la necesidad de adoptar medidas urgentes para corregir desequilibrios económicos, crecen las voces que reclaman mayor transparencia, tasaciones independientes y una discusión más profunda sobre el futuro de uno de los activos más emblemáticos de la mutualista.
El debate recién comienza, pero una cosa parece clara: cualquier decisión sobre el Sanatorio 1 marcará el rumbo de CASMU durante los próximos años y definirá si la institución logra transformar un problema económico en una oportunidad de desarrollo o si termina desprendiéndose de una pieza clave de su patrimonio en condiciones que muchos consideran desfavorables.
En momentos en que los trabajadores denuncian recortes, pérdida de empleos y reducción de servicios, la posibilidad de arrendar un inmueble estratégico por debajo de los valores de mercado amenaza con convertirse en una nueva fuente de conflicto para una institución que atraviesa uno de los períodos más complejos de su historia reciente.
