La empresa niega responsabilidades de su actual administración y reconoce que Neltume recibió información sobre hechos irregulares en 2020.
Sin embargo, no responde específicamente a las referencias atribuidas a sus gerentes sobre manipulación ilegal de las balanzas, sustracción de soja,ingreso de soja paraguaya a los silos de TGU y mezclar con la soja uruguaya, controles fitosanitarios y viajes ficticios de camiones.
Un informe de ATCO también plantea una discrepancia sobre cuándo Neltume obtuvo el control operativo.
Terminales Graneleras Uruguayas (TGU) difundió un comunicado para rechazar responsabilidades atribuidas a su actual administración, pero dejó sin una explicación concreta aspectos centrales de la denuncia de Diario La R.
El texto cuestiona las publicaciones, a las que califica de incompletas y sin acreditar, sin identificar a nuestro medio y sin abordar individualmente las maniobras señaladas.
La denuncia periodística atribuye a conversaciones entre gerentes referencias a “toquetear las balanzas”, “robar soja a los paraguayos”, vulnerar barreras fitosanitarias y generar viajes ficticios de camiones para dar apariencia de regularidad al ingreso de soja paraguaya y a su registro como uruguaya. Son señalamientos que requieren esclarecimiento y que no quedan resueltos con una negativa general de responsabilidad.
¿Qué quisieron decir los gerentes con esas expresiones? ¿Describían prácticas detectadas, sospechas o situaciones que conocían por terceros? ¿Qué operaciones, fechas y volúmenes estaban involucrados?
El comunicado no ofrece esas precisiones ni una respuesta específica sobre el contenido de los diálogos denunciados.
En materia de pesaje, falta explicar si se detectaron alteraciones de balanzas o de sus registros, cómo se descubrieron y qué verificaciones se realizaron. También permanece sin respuesta qué significaban las referencias a sustraer soja a cargadores paraguayos y si hubo diferencias entre los volúmenes recibidos, almacenados y embarcados.
Respecto de los viajes de camiones presuntamente ficticios, la pregunta es qué documentación respaldaba cada movimiento y si se cotejó con ingresos físicos, pesajes y existencias. Sobre la eventual vulneración de barreras fitosanitarias, corresponde precisar qué controles pudieron verse afectados y si se informó a las autoridades competentes. El comunicado no detalla esos extremos.
La versión empresarial sí reconoce un antecedente relevante. Afirma que, en septiembre de 2020, a raíz de un reclamo por carga contaminada embarcada en el buque M/N Konstantinos, Neltume recibió información que mencionaba hechos de naturaleza irregular. Niega haber participado y sostiene que no le correspondía responsabilidad.
Hecho que en las conversaciones de los gerentes entre sí en una sesión de Meet sí reconocen lo que la empresa niega.
TGU agrega que se produjo un conflicto arbitral con Cofco, resuelto con la salida de esa empresa en febrero de 2024 mediante la venta de su participación a Navios. También asegura que la nueva administración adoptó inmediatamente las medidas que consideró necesarias y que actualmente existen controles verificables.
Pero no identifica cuáles fueron esas medidas, qué concluyó la revisión interna ni qué operaciones examinó.
¿Qué medidas disciplinarias tomó con su personal?
Tampoco precisa si los hechos fueron denunciados ante Fiscalía, Aduanas, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca o la Administración Nacional de Puertos, y en qué fechas. Manifestar disponibilidad para colaborar no aclara qué comunicaciones se realizaron al conocerse los antecedentes.
A esas omisiones se suma una discrepancia documental sobre el control de la terminal. TGU sostiene que Neltume recién obtuvo el control efectivo de las operaciones el 21 de agosto de 2020, tras eliminarse una preferencia que daba a Cofco una posición controladora en el directorio.
Sin embargo, el Annual Information Form 2019 de ATCO, en su página 32, informa que en octubre de 2018 Neltume adquirió un 21% adicional de TGU, alcanzó el 54% y obtuvo el control operativo. Otro extracto corporativo aportado coincide en esa descripción.
La diferencia exige presentar los acuerdos societarios y explicar cómo se compatibilizan ambas versiones. La mayoría accionaria puede coexistir con derechos especiales de otro socio, pero el informe de ATCO atribuía expresamente a Neltume la conducción operativa desde 2018.
Los documentos societarios no prueban las maniobras denunciadas ni determinan responsabilidades individuales. Sí obligan a esclarecer quién ejercía el control en cada período. Y la negativa de TGU debe ser recogida con la misma precisión con la que corresponde señalar sus vacíos.
Diario La R ha planteado hechos y preguntas concretas. TGU debe responder sobre las balanzas, la soja, los camiones, los controles fitosanitarios y las actuaciones realizadas cuando tomó conocimiento. La discusión no se cierra descalificando las publicaciones: se esclarece con registros, fechas y documentos.
Porque en definitiva hay algo que queda claro,es que actuaron de una manera secreta,no trasparente y con tintes de proceder comercialmente contra la patria y todos los uruguayos.
Las maniobras denunciadas podrían tener consecuencias penales.
Las denuncias de Diario La R plantean posibles responsabilidades que exceden una irregularidad empresarial. Si se comprueban las maniobras descriptas, podrían configurar delitos, cuya atribución exige determinar quiénes las ejecutaron, ordenaron o facilitaron y con qué conocimiento.
La manipulación deliberada de balanzas para perjudicar a proveedores o cargadores podría encuadrar en estafa, si mediante engaño se obtuvo un beneficio injusto y se ocasionó un daño patrimonial. Si se dispuso en beneficio propio o de terceros de soja recibida en custodia, también podría examinarse la apropiación indebida. Son hipótesis alternativas según cómo se hubiera realizado cada operación.
Los viajes ficticios de camiones podrían adquirir relevancia penal si estuvieron respaldados por documentos falsificados. La confección o alteración de documentación privada y su utilización podrían configurar falsificación documental; las declaraciones falsas ante funcionarios al formalizar documentos públicos podrían quedar comprendidas en la falsificación ideológica por un particular, según las circunstancias.
La eventual presentación de soja paraguaya como uruguaya exige investigar las declaraciones de origen. Podría configurar defraudación aduanera si se acredita una maniobra fraudulenta dirigida a obtener un beneficio indebido a expensas de la recaudación estatal.
La eventual vulneración de controles fitosanitarios requiere identificar qué normas y autorizaciones se incumplieron, distinguiendo infracciones administrativas de conductas penales.
A la jaula por un par de años para estos avivados que están perjudicando a todo un país.