La participación de las mujeres en condiciones de igualdad y plenitud en los sindicatos va más allá de la lucha que un día emprendieron. Hoy se convierte en un factor esencial para la revitalización del movimiento sindical y a la vez la construcción de una sociedad basada en la democracia y la equidad.
En la actualidad, pese a los avances formales que se han llevado a cabo por organizaciones mundiales la realidad muestra que aun las mujeres en el ámbito laboral enfrentan barreras que se remontan no sólo a la historia, sino estructurales y culturales. Esto trae como consecuencia que se limite su afiliación, liderazgo y la integración de sus demandas en la agenda sindical.
Hay que tener en cuenta que el movimiento sindical se construyó sobre una identidad colectiva masculina, vinculada tradicionalmente al obrero industrial. Por años la participación de las mujeres fue ignorada, principalmente en la práctica interna de las organizaciones.
Al día de hoy las mujeres continúan creciendo, representando una fuerza en la membresía sindical. Como por ejemplo, en países como Canadá, Reino Unido, Suecia, Noruega y Finlandia, el número de mujeres afiliadas es equivalente o supera al de los hombres. Asimismo, a nivel global el promedio de la tasa de afiliación femenina es del 42% aproximadamente. No obstante, cabe resaltar que este incremento no se traduce en una transformación de las estructuras de poder ni en una igualdad.
En este caso, se observa que la brecha se manifiesta en el liderazgo y toma de decisiones, pues a nivel mundial, las mujeres ocupan en promedio el 28% de los cargos directivos sindicales, porcentaje que disminuye al 30% en Latinoamérica. De igual forma, esta baja representación se acentúa aún más en las presidencias y secretarías generales.
En este caso, si las mujeres no forman parte de los organismos de diálogo social (gobierno, empleadores, sindicatos), sus preocupaciones específicas como la brecha salarial, el acoso sexual, la conciliación entre la vida laboral y familiar, o la violencia de género tienden a ser omitidas o tratadas como temas secundarios.
En ese aspecto, la CEPAL señala que la negociación colectiva con enfoque de género es aún incipiente en la región, concentrándose principalmente en asuntos salariales y de protección a la maternidad, dejando de lado problemas clave. Es evidente que la participación sindical de las mujeres no puede desvincularse de su realidad socioeconómica. Continúa siendo un obstáculo sistémico, la división sexual del trabajo, que no carga de forma proporcional sobre ellas el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado.
Según la OIT, las mujeres dedican en promedio cuatro horas y 25 minutos diarios a estas tareas, frente a una hora y 23 minutos de los hombres. Esta doble jornada (laboral y doméstica) se convierte en una «triple jornada» para quienes asumen responsabilidades sindicales. Este contexto determina también el tipo de empleo al que acceden muchas mujeres como trabajos a tiempo parcial, informales, temporales o en sectores feminizados y precarizados, como el trabajo doméstico, el comercio o los servicios.
Es necesario conocer que en América Latina, un gran porciento de las mujeres empleadas están en la informalidad. Estos empleos suelen carecer de protección sindical, lo que limita aún más su capacidad para organizarse y defender colectivamente sus derechos.
Esta violencia es una manifestación de relaciones de poder que a lo largo de la historia han sido desiguales. Ataca no solo la integridad de las mujeres, sino también su libertad sindical y su liderazgo. Aunque algunos sindicatos han comenzado a adoptar protocolos contra el acoso, son pocos los que han incorporado la lucha contra la violencia de género como una prioridad institucional.
Pese a los desafíos, los sindicatos siguen siendo espacios privilegiados y herramientas colectivas cruciales para avanzar en la igualdad. Estudios referenciados por ONU Mujeres muestran su impacto: en Estados Unidos, la brecha salarial es del 11% para mujeres sindicalizadas, frente al 22% general; en Reino Unido, las afiliadas ganan en promedio un 30% más que las no afiliadas.
La incorporación genuina de una perspectiva de género beneficia a todo el movimiento sindical. Renueva sus visiones, estrategias y estilos de liderazgo, profundiza la democracia interna y aumenta su capacidad de representación ante una fuerza laboral cada vez más diversa y feminizada. Informes señalan que los Estados deben garantizar el derecho a la libertad sindical sin discriminación, protegiendo a las mujeres de actos antisindicales. Así como adoptar medidas positivas y legislación para promover la participación y liderazgo femenino en los sindicatos.
También se debe, actuar con debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género en el mundo laboral, en consulta con las organizaciones sindicales. Y, reconocer el valor económico del trabajo de cuidados no remunerado y promover políticas de corresponsabilidad.
Los sindicatos, por su parte, deben transversalizar la perspectiva de género en sus estatutos, políticas, negociación colectiva y diálogo social. Además, precisan Implementar medidas afirmativas, como sistemas de cuotas o paridad, para asegurar la presencia de mujeres en todos los niveles de decisión. Desarrollar protocolos internos y campañas de cero tolerancia frente al acoso y la violencia de género, brindando apoyo a las víctimas. Adaptar sus estructuras y horarios para facilitar la participación de las mujeres, reconociendo la carga del trabajo de cuidados.
La transformación necesaria va más allá de sumar mujeres a las estructuras existentes. Implica,como afirman expertos, una «deconstrucción» del modelo sindical tradicional, pasando de estructuras jerárquicas a otras más horizontales que aprovechen las aportaciones de todos y todas. Requiere un cambio cultural que cuestione los estereotipos y distribuya el poder de manera equitativa.
