Comencemos recordando el impactante hecho de que Rocco Morabito salió de la cárcel caminando, tomó un taxi y se dirigió al restaurante de Punta Carretas, que pertenecía a su socio ruso, también implicado en su red mafiosa.
Parece que en Uruguay estos incidentes han caído en el olvido, y lo más preocupante es que continúan disfrutando de una notable impunidad. Para poner en perspectiva la gravedad de la situación, recordemos que la escalada del narcotráfico en América Latina se inició en Colombia con el asesinato del ministro de Justicia, Lara Bonilla.
Pronto surgirán quienes argumenten que esto es una exageración y que en Uruguay no ocurren tales cosas. El contador Damiani solía afirmar que en Uruguay no hay corruptos ni ricos; lo que existe son «corruptitos» y «riquitos». Ahora, el gobierno intentará convencernos de que no hay narcos, sino simplemente «narquitos».
Recientemente, un alarmante suceso tuvo lugar cuando individuos ingresaron a la vivienda de la fiscal Ferrero, dispararon en múltiples ocasiones y se retiraron con total tranquilidad. Horas después, un automóvil fue encontrado incendiado cerca del arroyo Miguelete, un indicativo claro de la violencia que se está gestando.
La presencia de la mafia del narcotráfico en Uruguay es innegable y ha alcanzado niveles preocupantes, infiltrándose profundamente en los órganos de seguridad y en la estructura social del país. Este fenómeno no solo representa un desafío para las autoridades, sino que plantea serias dudas sobre la integridad del sistema democrático uruguayo y la capacidad del Estado para combatir el crimen organizado. Con la expansión del narcotráfico, se han forjado alianzas dentro de las instituciones encargadas de mantener el orden y la seguridad. La infiltración de la mafia en la sociedad se manifiesta en el financiamiento ilícito de negocios legítimos que no son rentables, en la manipulación de decisiones judiciales y en la protección de líderes criminales. Esto ha resultado en un debilitamiento del estado de derecho, generando la percepción de que el narcotráfico no solo está presente, sino que también ejerce una influencia considerable en las decisiones a nivel gubernamental, tanto de manera directa como indirecta.
Uruguay, un país que históricamente se ha visto a sí mismo como un bastión de institucionalidad sólida, enfrenta ahora la dura realidad de lidiar con una amenaza que desafía su modelo democrático. La lucha contra el narcotráfico requiere, además de una respuesta policial efectiva, un compromiso firme para erradicar la corrupción dentro de las instituciones encargadas de combatir este flagelo, algo que, lamentablemente, parece no reflejarse en la seriedad de las acciones de nuestros políticos. Frente a esta situación, es crucial que la sociedad civil, los medios de comunicación y los organismos internacionales se unan para exigir transparencia, rendición de cuentas y reformas profundas en el sistema de seguridad y justicia. Señor ministro, no podemos esperar hasta 2026 para implementar un plan de seguridad efectivo.
Desde la fuga de Rocco Morabito hasta el atentado contra la fiscal Ferrero se demuestra que estos no son meros incidentes aislados, sino que reflejan una crisis sistémica que demanda una respuesta urgente y efectiva por parte del gobierno. La sociedad uruguaya merece un sistema de justicia que funcione correctamente, que proteja a sus ciudadanos y que actúe con determinación contra el crimen organizado.
Al narco hay una sola forma de frenarlo. Mientras en Uruguay continúen con políticas que han probado ser un fracaso en todo el mundo, (léase reeducación, recuperación, reinserción, consejería espiritual, perfil psicológico y varias boludeces más por el estilo), los narcos continuarán empoderándose hasta que un buen día se hagan dueños del país, y entonces, ya será tarde.
Ya se sabe que además de políticas sociales hay que tener mano dura con los narcos También proteger a la Justicia No es posible que se divulguen nombres de fiscales y jueces También como hemos visto las custodias no funcionan
La solución más efectiva será permitir que la droga se venda libremente, aunque parezca una contradicción ese será el fin del negocio y de la impunidad de los narcos, los crímenes, los atentados, las amenazas y el ingreso ilegal de droga y armas..
No se si es tan «lineal» como dice Rubencito . Si NO hay una política seria de educación sobre lo que son las drogas : NO LA VEO .
Se papotean con bebidas energizantes y alcohol , que se puede esperar.
Solo la EDUCACIÓN FAMILIAR y desde la ESCUELA Y LICEOS desde chiquitos nos podrían salvar