El director de Ose en representación del Frente Amplio, Edgardo Ortuño, difundió un documento consensuado en su fuerza política, en donde se expresa la posición del FA ante las medidas interpuestas por el directorio de Ose ante crisis hídrica. Para la oposición el directorio de Ose se debió “tomar una semana” para “preparar y adoptar” medidas que tengan en cuenta “sectores específicos” de la sociedad a quienes hay que “atender en forma focalizada”. A raíz de la crisis hídrica que vive el país desde fines del año pasado, las principales fuentes de agua dulce utilizadas para potabilizar y distribuir agua en Montevideo y zona metropolitana se encuentran colapsadas.
La situación llevó a que Ose debiera “modificar la mezcla de agua” obtenida del Río Santa Lucía bombeando agua más cerca de su desembocadura en el Río de la Plata. Esto ocasionó que el agua distribuida en los hogares tuviera un sensible aumento en su salinidad.
El Ministerio de Salud Pública se expidió el pasado 4 de mayo sobre el hecho señalando que no afecta la salud ni la potabilidad del agua pero advirtió que las personas con “hipertensión severa” deberían “aumentar los controles y consultas médicas” y preferiblemente consumir agua embotellada. Sobre esto desde la oposición se alerta que en Uruguay “hay un 33% de población que tiene hipertensión arterial, de la cual no sabemos cuánta tiene hipertensión arterial severa”.
El FA advierte además sobre los pacientes dializados agudos ya que los equipos de los centros asistenciales “pueden necesitar adaptación a diferencia de lo que sucede con la atención de diálisis de pacientes crónicos que tienen una regularidad previsible y se atienden en los centros especializados bajo la órbita del Fondo Nacional de Recursos”.
La postura del FA sobre el nuevo aumento de cloruros y sodio en el agua señala también que existen “numerosos ciudadanos y ciudadanas que no pueden comprar agua embotellada” por lo tanto recomiendan medidas como subsidios para su compra “en caso de necesidad”.
Campaña informativa
Por otra parte la oposición sostiene que antes de adoptar estas medidas se deben realizar campañas informativas para “preparar” a la población general y también “compensar” ya que el aumento de salinidad en el agua potable provocará que “la población va a sentir rechazo al agua al beberla y no podrá tomar el agua de sus canilla”, afirma la fundamentación. Por esto la representación del FA en el directorio del organismo público sugiere una “compensación económica” a los usuarios por la “disminución de la calidad del servicio” que se vea reflejada en las tarifas. El monto de esta compensación se propone que sea de un 50% a “la totalidad de la población de la zona metropolitana” y su financiamiento proveniente de Rentas Generales.
Como antecedente se recuerda que algo similar se implementó en el año 2015 durante “Los eventos de olor y color” que tuvieron lugar en Maldonado con la aparición de las cianobacterias.
Finalmente la fuerza política de oposición propone crear un “Comité de crisis” integrado por los ministerios de Desarrollo Social (Mides) y el de Economía y Finanzas (Mef) “fundamentales” para la solvencia de las medidas. Según el FA estos organismos se sumarían al Ministerio de Ambiente (MA) y al de Salud Pública (Msp)que ya vienen trabajando en el tema junto también con la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea).
