El sindicato de la salud catalogó la medida de la Caja de Profesionales como un gravamen que perjudicará la accesibilidad asistencial de los usuarios más vulnerables.
Las autoridades proyectan una inversión de noventa millones de pesos diferida en dos etapas para blindar la plataforma de registro y transmisión de datos.
La jueza Diovanet Olivera convalidó la postura de la Fiscalía al considerar los hechos como un delito continuado, por lo que la instancia penal podría iniciar a fines de año o principios de 2027.