La Cámara de Senadores aprobó este martes el proyecto de ley que habilita el acceso de Casmu-IAMPP al Fondo de Garantía para la Reestructuración de Pasivos de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva, una herramienta creada por la Ley Nº 18.439 que permitirá respaldar financieramente a la mutualista con garantías estatales por hasta 742.543.719 unidades indexadas, equivalentes a unos 120 millones de dólares más intereses. La votación representó un nuevo paso en el proceso de asistencia y reestructuración de la institución, que permanece intervenida desde 2024 y cuya intervención fue prorrogada recientemente por dos años más con el objetivo de asegurar la continuidad asistencial.
El acceso al Fondo de Garantía fue aprobado por unanimidad, reflejando un amplio consenso político sobre la necesidad de brindar respaldo financiero a una de las principales instituciones de asistencia médica del país. Sin embargo, el debate se concentró en las condiciones que deberán cumplir las instituciones que reciban este tipo de apoyo estatal y, particularmente, en los mecanismos de control sobre sus futuras autoridades. El artículo primero del proyecto, aprobado por todos los senadores presentes, habilita el acceso de Casmu-IAMPP al Fondo de Garantía por una suma de hasta 742,5 millones de unidades indexadas, más los intereses correspondientes.
La garantía estatal permitirá a la institución reestructurar sus pasivos y acceder a condiciones financieras que faciliten su recuperación económica y aseguren la continuidad de los servicios médicos a sus afiliados. Para el oficialismo y la oposición, el respaldo constituye una medida necesaria para preservar la estabilidad del sistema de salud y evitar consecuencias asistenciales y laborales derivadas de una eventual profundización de las dificultades financieras.
El senador del Frente Amplio Daniel Borbonet, miembro informante del proyecto, destacó que la aprobación unánime representa una señal política relevante. “Es una muy buena noticia, porque se votó por unanimidad el acceso solicitado por el Casmu al Fondo de Garantía. Eso, más los dos años de prórroga de la intervención que habíamos votado en la anterior sesión, son dos grandes cosas”, sostuvo. Borbonet señaló además que los acuerdos alcanzados reflejan la importancia institucional que tiene el Casmu dentro del sistema de salud nacional.
“Siempre hay que tratar de buscar dónde tuvimos consensos, porque para una institución como Casmu era muy importante cualquiera de las dos decisiones”, agregó.
Los planes de reestructura
El segundo artículo, aprobado por una amplísima mayoría, establece que para acceder a los recursos garantizados las instituciones deberán presentar planes de reestructura que incluyan aspectos económico-financieros, administrativos, funcionales y de gobernanza. Esta disposición resume varios artículos contenidos en el proyecto original remitido por el Poder Ejecutivo y procura asegurar que el apoyo financiero vaya acompañado de transformaciones estructurales.
La intención es que el acceso al Fondo de Garantía no se limite a resolver problemas de liquidez, sino que permita corregir las causas que originaron las dificultades financieras. Borbonet explicó que el Estado no solo debe atender situaciones de emergencia, sino también exigir condiciones que aseguren la sostenibilidad futura de las instituciones.
“En 2024 se otorgaron 56 millones de dólares porque existía una crisis muy importante. En 2025 se dieron otros préstamos y se habló de reestructura financiera. Hoy entendemos que no solo hay que dar alivio financiero, sino también ser exigentes”, señaló.
El principal punto de controversia fue el denominado artículo 3 BIS, aprobado únicamente con los votos del Frente Amplio. La disposición establece una serie de requisitos para quienes integren órganos de dirección, administración o conducción ejecutiva de instituciones que reciban garantías estatales.
Entre las condiciones previstas figuran poseer idoneidad y experiencia adecuadas, reunir condiciones de honorabilidad e integridad, no mantener conflictos de interés incompatibles con el cargo y asumir el compromiso de conducir la institución de acuerdo con el plan de reestructura aprobado. Además, se establece que, durante la vigencia de las garantías, la integración de los órganos de dirección estará sujeta a la no objeción previa del Ministerio de Salud Pública y del Ministerio de Economía y Finanzas. La oposición expresó reparos ante esta disposición, al considerar que implica una injerencia excesiva del Estado en instituciones privadas y puede afectar la libertad de los socios para elegir a sus autoridades. El senador nacionalista Carlos Camy sostuvo que aceptar este artículo implica que se puedan “proscribir” determinadas postulaciones o se interviene en quienes pueden postularse o no en el marco de la elección libre que los socios harán de sus autoridades.
Ante esas críticas, el oficialismo introdujo modificaciones al texto que no modificó la postura contraria de la oposición que no lo votó.
En el caso de autoridades elegidas mediante procesos electorales, se sustituyó el mecanismo de no objeción por la obligación de que los candidatos presenten una declaración jurada en la que manifiesten cumplir las condiciones exigidas. También se estableció un plazo de 30 días para que los ministerios se expidan y se determinó que el silencio administrativo implicará la no objeción.
La defensa del oficialismo
Borbonet defendió la necesidad de establecer controles adicionales para las instituciones que reciben respaldo estatal. “Como Estado debemos ser garantes de que quienes estén dirigiendo estas instituciones ahora y en el futuro tengan determinadas condiciones”, afirmó. El senador explicó que el apoyo financiero se extiende por plazos de entre 17 y 20 años y que, por tanto, no compromete solamente a las actuales autoridades, sino también a futuras administraciones. “Le estamos dando prácticamente un cheque en blanco a futuras directivas. Por eso creemos que deben existir exigencias mínimas”, sostuvo. Entre esas exigencias mencionó la ausencia de conflictos de interés, antecedentes incompatibles o situaciones que puedan afectar la correcta administración de recursos respaldados por el Estado. Borbonet rechazó además las críticas que señalaron que la disposición podría beneficiar indirectamente a otras instituciones médicas. “El artículo deja claro que se aplica a todas las instituciones que, a partir del 31 de julio de 2026, soliciten acceso al Fondo de Garantía. No está dirigido a ninguna institución en particular”, afirmó.
La discusión parlamentaria dejó planteado un debate más amplio sobre el alcance de la intervención estatal cuando se utilizan recursos públicos para sostener instituciones privadas. Para Borbonet, el otorgamiento de garantías millonarias exige mayores controles y reglas de gobernanza. Para la oposición, en cambio, esos mecanismos no deberían afectar la autonomía institucional ni la libertad de elección de las autoridades.
Pese a las diferencias, el consenso sobre la necesidad de respaldar financieramente al Casmu permitió avanzar en la aprobación del proyecto. La iniciativa pasará ahora a la Cámara de Diputados, donde será considerada una vez concluido el tratamiento de la Rendición de Cuentas.
¿Qué es el Fondo de Garantía?
El Fondo de Garantía para la Reestructuración de Pasivos de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva fue creado por la Ley Nº 18.439 con el objetivo de respaldar financieramente a prestadores de salud que enfrenten dificultades económicas.
A través de este mecanismo, el Estado puede otorgar garantías para facilitar procesos de refinanciación o acceso al crédito, siempre que las instituciones presenten planes de reestructura.
En el caso del Casmu, la garantía aprobada alcanza hasta 742.543.719 unidades indexadas, equivalentes a aproximadamente 120 millones de dólares, y se suma a la prórroga de la intervención estatal por dos años más.
El objetivo declarado por el Poder Ejecutivo es asegurar la continuidad asistencial, proteger las fuentes de trabajo y fortalecer la viabilidad financiera de la institución.
