Con el plan “UN80”, el secretario general António Guterres pretende lanzar reformas operativas, recortes presupuestarios y reestructuraciones para impulsar una versión más eficaz de la ONU.
Estas medidas, a menudo justificadas como necesarias para estabilizar la economía o atraer inversión extranjera, pueden entrar en un conflicto directo con los principios fundamentales de justicia social.