La Patagonia argentina enfrenta en enero una de las peores crisis de incendios forestales en años recientes. Desde principios de mes y en algunos casos desde diciembre de 2025, las llamas han arrasado vastas extensiones de bosque nativo, pastizales y zonas productivas en provincias como La Pampa, Chubut, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz. El impacto ambiental es devastador. Se estima que el fuego ha consumido entre 230.000 y 230.700 hectáreas en total, según reportes oficiales y de los propios gobernadores patagónicos.
La provincia más afectada es La Pampa, con más de 168.000 hectáreas quemadas, seguida por Chubut (alrededor de 45.000 hectáreas, incluyendo áreas críticas del Parque Nacional Los Alerces), Río Negro (10.000 ha), Neuquén (6.000 ha) y Santa Cruz (700 ha). Estos números varían ligeramente según la fuente, algunos medios hablan de 40.000-45.000 ha en focos específicos de Chubut, pero el acumulado regional supera con creces las 200.000 hectáreas. Las condiciones climáticas extremas, con sequía prolongada, temperaturas superiores a 30 °C, vientos fuertes y baja humedad, han complicado el control del fuego. En Chubut, por ejemplo, dos focos principales siguen activos, con llamas de hasta 50 metros de altura en algunos momentos, amenazando poblados como El Hoyó, Epuyén y Cholila. Brigadistas, bomberos voluntarios y hasta apoyo internacional como de Chile han trabajado sin descanso, pero las ventanas de lluvia han sido insuficientes para apagarlos por completo.
Frente a esta emergencia, los gobernadores de la región, Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro), Sergio Ziliotto (La Pampa), Rolando Figueroa (Neuquén) y Claudio Vidal (Santa Cruz) se reunieron virtualmente a fines de enero y elevaron un pedido formal al Congreso Nacional, el declarar la Emergencia Ígnea a nivel nacional por al menos 180 días o un año. El objetivo es habilitar herramientas excepcionales: fondos extraordinarios para combate del fuego, adquisición rápida de medios aéreos (aviones hidrantes, helicópteros), equipamiento, insumos y personal especializado; reasignación presupuestaria urgente; asistencia a damnificados (viviendas, apoyo económico y social); y suspensión temporal de deudas fiscales para productores y familias afectadas.
Proyectos de ley en ese sentido ya ingresaron al Senado y a Diputados por bloques como Unión por la Patria, Provincias Unidas y otros, pero el trámite legislativo en sesiones extraordinarias depende del temario que fije el Poder Ejecutivo. Ante la urgencia y las críticas por la demora inicial del gobierno nacional, la Mesa Política de la Casa Rosada integrada por Javier Milei, Manuel Adorni y otros funcionarios clave se reunió ayer y acordó avanzar por la vía más rápida. Se trata de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para declarar o prorrogar la Emergencia Ígnea en las provincias afectadas.
Esta decisión permite sortear el debate parlamentario inmediato y ejecutar cambios presupuestarios rápidos, incrementar partidas para el Sistema Nacional de Manejo del Fuego y reforzar recursos operativos. El ministro del Interior, Diego Santilli, ha estado coordinando con los gobernadores para delinear detalles y calmar tensiones. Paralelamente, el Ministerio de Seguridad a cargo de Alejandra Monteoliva ya publicó la Resolución 91/2026 en el Boletín Oficial, transfiriendo cerca de $100.000 a $120.000 millones a más de 1.000 asociaciones de bomberos voluntarios de todo el país. Además, se enviaron fondos específicos, como $4.000 millones a Chubut.
Críticas al gobierno de Milei no han faltado. Sectores de la oposición y algunos medios señalan recortes previos en prevención como la desactivación de un comando unificado patagónico y ajustes en el presupuesto 2026 del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, lo que habría agravado la vulnerabilidad. También hubo marchas y reclamos en Buenos Aires exigiendo acción inmediata. El Ejecutivo, por su parte, defiende que la respuesta federal es “rápida y efectiva” vía DNU, y que se prioriza la contención operativa sobre debates lentos.
