Patrimonio y reconocimiento indígena en Uruguay

Este año 2026, las autoridades de Cultura de nuestro gobierno en consenso con la sociedad civil, decidieron dedicar los días del patrimonio a nuestras “Raíces Indígenas: pasado, presente y futuro.”

Reflexionemos en el hoy, para ayudar a tomar conciencia colectiva de un mejor futuro, más democrático y para eso valorizando nuestros orígenes con fuerte arraigo en nuestros pueblos originarios y africanos. Tan unidos por hechos pasados y de consecuencias perpetuas de la colonización de potencias europeas en nuestros territorios y a pesar de todo resilientes.

Para eso traigo a este texto la Rendición de Cuentas aprobada en el Parlamento hace pocos días, que puso énfasis en fortalecer herramientas fundamentales del Estado para ampliar derechos, reducir desigualdades y atender necesidades urgentes de nuestra población. También quiero mencionar a personas que históricamente han quedado al margen aun dentro de los márgenes. Porque cuando discutimos presupuesto no discutimos solamente números; discutimos qué país queremos construir y para quiénes.

Me detengo especialmente en la situación de la población afrodescendiente y también en la deuda histórica que nuestra sociedad mantiene con el reconocimiento de su identidad y patrimonio indígena. La historia del Uruguay no empezó en los libros oficiales ni fue protagonizada solamente por quienes ocuparon lugares de poder.

Este país también fue construido por mujeres y hombres africanos traídos por la fuerza, arrancados de sus familias, de sus tradiciones y de sus tierras. Fue construido por pueblos indígenas cuya existencia y preexistencia, muchas veces fue negada, ocultada y reducida en su significación. Y cuando hablamos de reparación histórica no hablamos de pasado. Hablamos de presente. Porque las desigualdades siguen existiendo.

Porque todavía hoy el color de la piel y los orígenes étnico raciales condicionan las oportunidades. Porque todavía hoy las mujeres afrodescendientes e indígenas enfrentan mayores dificultades para acceder a empleos de calidad y el servicio doméstico tiene cara de mujer afro, indígena o migrante.

Porque actualmente, gran cantidad de niños y niñas afro y de pueblos originarios nacen y crecen en condiciones más adversas que el promedio de la población infantil. Muchas veces experimentando en los centros educativos discriminaciones varias por sus tradiciones y costumbres, como si hubiera categorías entre las culturas y la diversidad cultural fuera un problema y no una riqueza social. Por eso celebro que esta Rendición coloque a la infancia entre sus prioridades.

Y cuando hablamos de infancia debemos mirar también quiénes son los niños y niñas que están más expuestos a la pobreza, a la exclusión y a la vulneración de derechos. Si queremos que nadie quede atrás debemos reconocer que la niñez afrodescendiente y también la de raíces indígenas, continúa enfrentando desigualdades estructurales que requieren atención específica dentro de las políticas universales.

La igualdad no consiste en tratar igual a quienes parten de situaciones profundamente desiguales. La igualdad consiste en garantizar que todas las personas tengan oportunidades reales para desarrollar sus proyectos de vida.

Nuestro país dio un paso importante con la aprobación de la Ley 19.122 la llamada ley de cuotas afro en 2013. Una ley nacida de años de militancia, investigación y compromiso político. Una ley que reconoció la existencia del racismo estructural y estableció acciones concretas para enfrentarlo, incluso en los aspectos cultural y educativo. También tenemos la ley de Educación Pública 18.437 art 17 que nos habla de una laicidad inclusiva, y de asegurar el tratamiento de “saberes y creencias”. Por eso es importante que el Estado continúe evaluando el cumplimiento y resultados de su legislación focalizada, y promueva la aprobación de proyectos gestados en la sociedad civil militante. Porque las acciones afirmativas no son privilegios. Son herramientas democráticas para corregir desigualdades históricas.

También quiero destacar la importancia de la cultura, la educación y la memoria en las políticas públicas. A veces se piensa que estos temas son secundarios frente a las urgencias económicas.

Sin dudas los pueblos necesitan pan, trabajo y vivienda.

También necesitan memoria, identidad y dignidad. Necesitan que sus hijos e hijas conozcan la historia completa de su país. Necesitan saber que hubo aportes africanos y de pueblos originarios fundamentales en la construcción de nuestra nación. Necesitan conocer a quienes existieron y lucharon antes que nosotros para que hoy tengamos más derechos y más democracia.

La construcción de un país más justo requiere reconocer todas las memorias, todas las identidades y todas las contribuciones que hicieron posible el Uruguay que hoy habitamos.

Es importante señalar que la legislación es una herramienta, pero por sí sola no hace los cambios ni las transformaciones necesarias para la equidad social. Se necesita voluntad política y presupuesto. Recuerdo la ley Nro 18589/09 llamada De la Nación Charrúa y Identidad Indígena donde se preven homenajes y acciones oficiales en cumplimiento de esta legislación, y no es frecuente que sucedan.

Hago votos para que en caso de nuevas normativas sobre población indígena; que por esos temas están trabajando en estos momentos las organizaciones; no nos quedemos en la declaración y haya acciones concretas que nos permitan avanzar verdaderamente.

Entiendo que la igualdad es una tarea permanente y colectiva. No alcanza con proclamarla. Hay que construirla cada día. Construirla desde la educación, desde la cultura, desde el trabajo, desde la infancia y desde los derechos humanos. Construirla mirando especialmente a quienes durante demasiado tiempo fueron ignorados.

La celebración del patrimonio de este año 2026 es una oportunidad de visibilidad, fortalecimiento y reparación de nuestra población indígena uruguaya y regional. Creo que lo que se reclama no es un lugar físico, sino un espacio de igualdad en las decisiones políticas de este país.

Porque un Uruguay sin exclusiones no es solamente una consigna. Es un horizonte ético para nuestra fuerza política. Y también, una responsabilidad social por una mejor democracia que nos compromete a todas y a todos, y en la cual, siempre podremos hacer nuestro aporte.