La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) escuchó este viernes los alegatos de los representantes de las víctimas de las masacres de Barrios Altos y la Cantuta ejecutadas por el ex dictador peruano, Alberto Fujimori, en los años 1991 y 1992. Solicitaron que se deje sin efecto jurídico la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que restituyó el indulto humanitario del exmandatario y ordena su excarcelación.
Tras este hecho, la Corte IDH ratificó a la Justicia peruana a no liberar a Fujimori hasta que el órgano resuelva las medidas provisionales solicitadas por los familiares. La Corte no se indicó cuándo dará a conocer su decisión. Sin embargo, el juez Ricardo Pérez Manrique, presidente de dicha instancia jurídica internacional, recordó el requerimiento para que el gobierno de Perú no libere a Fujimori hasta que se pronuncien sobre la solicitud de medidas provisionales analizadas en la sesión.
El Estado peruano confirmó, a través del procurador supranacional Carlos Reaño, que acatará cualquier falló de la Corte IDH.
«La decisión que la Corte IDH tome será implementada por el Estado de la manera más pronta posible», dijo el procurador peruano Carlos Miguel Reaño.
Reaño indicó que el Estado peruano reconoce el derecho de las víctimas que fueron afectadas en sus derechos humanos durante el gobierno de Alberto Fujimori.
Las masacres de Barrios Altos y La Cantuta
La masacre de Barrios Altos ocurrió el 3 de noviembre de 1991. Seis individuos encapuchados y armados del grupo Colina irrumpieron una vivienda en Barrios Altos. Debido a su presunta vinculación con actividades terroristas, ordenaron a los asistentes tirarse al piso y luego les dispararon indiscriminadamente. Murieron 15 personas, entre ellas un niño de 8 años, otras 4 quedaron gravemente heridas.
La masacre de La Cantuta, ocurrió el 18 de julio de 1992 en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán La Valle, más conocida como La Cantuta. Nueve estudiantes y un profesor fueron sustraídos de sus residencias y posteriormente, desaparecidos. Los restos de dos de ellos fueron hallados en fosas clandestinas un año después.
Ambos casos ocurrieron en el marco de una práctica sistemática y generalizada de ejecuciones arbitrarias y desapariciones forzadas realizadas por agentes del Estado como parte de la estrategia antisubversiva contra grupos terroristas como Sendero Luminoso.