Pichetto reclama al Congreso declarar “nulo y viciado” el fallo contra Cristina Kirchner

Miguel Ángel Pichetto vuelve a colocar la condena contra Cristina Fernández de Kirchner en el centro de la discusión política argentina. Pero esta vez el planteo va más allá de una crítica política al fallo: sostiene que el Congreso debería declarar “nulo y viciado” el proceso que terminó con la condena de la expresidenta y que el Parlamento no puede permanecer indiferente frente a lo que considera una situación de extrema gravedad institucional. En diálogo con Diario La R, también analiza el futuro del peronismo y la necesidad de construir una alternativa frente al gobierno de Javier Milei.

El dirigente de Encuentro Federal cuestiona distintos aspectos del procedimiento judicial y pone en discusión el papel de la Corte Suprema. Su planteo abre un debate particularmente sensible: ¿hasta dónde puede avanzar el Poder Legislativo frente a una sentencia judicial firme?

Para Pichetto, la discusión no termina en Cristina Kirchner. Está en juego, sostiene, el funcionamiento de las instituciones argentinas y el equilibrio entre los tres poderes del Estado.

– ¿Por qué considera que el Congreso debería intervenir frente a la condena de Cristina Kirchner?

– Porque estamos ante una situación de extrema gravedad institucional. No estamos hablando de una persona cualquiera. Estamos hablando de una dirigente que fue dos veces presidenta y una vez vicepresidenta de la Nación. El Congreso no puede permanecer indiferente frente a una situación de estas características. Considero que existen facultades inherentes del Poder Legislativo para actuar cuando están comprometidas cuestiones institucionales de esta magnitud. No estoy planteando simplemente una opinión política sobre una sentencia. Estoy cuestionando aspectos del procedimiento y las garantías que rodearon el proceso.

– ¿Qué aspectos del proceso considera particularmente cuestionables?

– Hay varios elementos que deben ser analizados. La incorporación de un juez proveniente de otro tribunal, el traslado de un fiscal cuyo destino original estaba vinculado a Rosario y las limitaciones que existieron en las posibilidades de apelación son cuestiones que merecen una revisión. También está la situación de la Corte Suprema. Estamos hablando de jueces que habían enfrentado un pedido de juicio político promovido desde el sector político al que pertenecía la persona que terminó siendo condenada. Creo que todos estos elementos debieron ser considerados institucionalmente.

– Usted sostiene que el fallo debería ser considerado “nulo y viciado”. ¿Qué significa concretamente esa afirmación?

– Significa que considero que hubo irregularidades que afectan la validez del proceso. Cuando hablamos de una persona que ejerció la máxima responsabilidad institucional del país, entiendo que la conducta de un jefe de Estado debería tener un tratamiento especial. Cuando el expediente llegó a la Corte Suprema, también considero que debieron analizarse las condiciones de imparcialidad de sus integrantes y, eventualmente, constituirse un tribunal ad hoc.

– ¿No entra esto en contradicción con la división de poderes?

– Es evidente que estamos ante una cuestión delicada. Pero también existen atribuciones constitucionales del Congreso que no pueden ser ignoradas cuando se presenta una situación excepcional. La división de poderes no significa que un poder pueda quedar absolutamente fuera de cualquier control. También el Poder Judicial debe tener mecanismos de control y responsabilidad institucional.

– Sin embargo, estamos hablando de una sentencia firme.

– Sí, y precisamente por eso la discusión es tan importante. Yo no desconozco que existe una sentencia firme. Lo que estoy cuestionando es el procedimiento que condujo a esa decisión. Cuando hay dudas sobre garantías fundamentales, imparcialidad o irregularidades procesales, no podemos simplemente decir que como la sentencia es firme ya no existe nada que discutir.

– ¿No teme que su propuesta pueda ser interpretada como una intervención política sobre la Justicia?

– La política no puede reemplazar a la Justicia, pero tampoco la Justicia puede estar fuera de toda discusión institucional. Hay que encontrar un equilibrio. Lo que planteo es que existen situaciones de extrema gravedad en las cuales el Congreso tiene que asumir su responsabilidad. Hemos tenido antecedentes en la Argentina donde el Parlamento intervino en debates vinculados con decisiones judiciales de enorme trascendencia institucional.

– ¿La defensa de Cristina Kirchner forma parte también de una estrategia política del peronismo hacia 2027?

– Yo creo que el peronismo tiene que reconstruirse. Hay que generar un proceso de unidad, sin exclusiones y sin prejuicios personales. También hay que hacer autocrítica sobre lo ocurrido durante los últimos años de gobierno.

La llegada de Javier Milei no se explica solamente por una campaña electoral. También tiene que ver con el fracaso de una experiencia política anterior y con una sociedad que expresó su rechazo en las urnas.

– Usted se reunió con Cristina Kirchner. ¿Existe la posibilidad de una reconstrucción política conjunta?

– Hay que hablar con todos. Yo creo que hay que dejar de lado situaciones personales y prejuicios del pasado. El objetivo tiene que ser construir una alternativa política.

El peronismo tiene que recuperar su condición de gran partido nacional, pero también tiene que ampliar su representación. Hay que construir un espacio que pueda incorporar sectores de centro, sectores productivos y trabajadores.

– ¿Eso significa volver al peronismo tradicional?

– No. Significa reconstruir una propuesta política que tenga una mirada productiva y capitalista, pero que al mismo tiempo defienda la industria, el trabajo y la cultura argentina.

No se puede construir una alternativa solamente mirando hacia atrás. Hay que entender qué está pasando en el mundo y cuáles son las necesidades actuales de la sociedad.

– ¿Y cuál es su principal cuestionamiento al gobierno de Javier Milei?

– El problema es que hay una parte de la Argentina que está quedando afuera. Hay sectores donde se están realizando inversiones importantes, especialmente en minería, petróleo y gas. Eso es positivo y estratégico para el país. Pero esas inversiones no resuelven necesariamente el problema del empleo urbano. En los grandes conurbanos y en las periferias de las ciudades se ha perdido empleo, se han cerrado empresas y las personas se han precarizado. Muchas terminan trabajando en plataformas, haciendo delivery o manejando un Uber. Y también allí hay saturación y baja rentabilidad.

– ¿Entonces considera que la recuperación económica que plantea el Gobierno no alcanza?

– Hay sectores que efectivamente están creciendo. La minería, el petróleo y el gas son importantes. Argentina tiene que aprovechar sus recursos naturales y recuperar su capacidad energética. Pero eso no puede ocultar lo que sucede con las pequeñas y medianas empresas, con el empleo urbano y con los trabajadores que no llegan a fin de mes. Una economía puede mejorar algunos indicadores macroeconómicos y, al mismo tiempo, tener una situación social muy compleja.

– ¿Qué papel deberían tener las PyME en ese modelo?

– Son fundamentales. Estamos hablando de miles de empresas que generan empleo y sostienen comunidades enteras. Por eso hemos planteado la necesidad de una ley de salvataje nacional para las PyME. Hemos recibido a representantes de distintos sectores y el panorama es muy complejo: textil, calzado, metalmecánica, cuero, panaderías. No se puede mirar solamente la macroeconomía. Hay que mirar qué ocurre con la empresa que está todos los días intentando sobrevivir.

– ¿Cuál es entonces el desafío para la oposición?

– Construir una alternativa. Y para eso hace falta unidad, pero también autocrítica. No alcanza con decir que Milei es malo. Hay que explicar qué queremos hacer nosotros. Hay que construir un programa económico, productivo y social que pueda recuperar el empleo y darle una perspectiva a la sociedad.

– ¿Cristina Kirchner forma parte de esa alternativa?

– Cristina es una dirigente central del peronismo y tiene una representación política importante. Pero la reconstrucción tiene que ser más amplia. Hay que trabajar sin exclusiones. Si queremos ganar en 2027 y construir un nuevo modelo, tenemos que tener la capacidad de sumar y no solamente de dividir. La política argentina necesita superar muchas de las discusiones del pasado.

– ¿Y cuál debería ser el papel del Congreso en esta nueva etapa?

– El Congreso tiene que recuperar protagonismo. No puede limitarse a acompañar o rechazar iniciativas del Ejecutivo. Tiene que discutir el modelo de país. Y también tiene que asumir su responsabilidad institucional cuando entiende que están en juego cuestiones centrales para la República. Por eso planteo el debate sobre el fallo contra Cristina Kirchner. No es solamente una cuestión personal. Es una discusión sobre las garantías, la división de poderes y el funcionamiento de las instituciones.

– ¿Cuál es, finalmente, la discusión de fondo que queda planteada?

– La discusión es qué democracia queremos y qué instituciones queremos construir. Una democracia fuerte necesita un Poder Judicial independiente, un Congreso con capacidad de control y un Poder Ejecutivo que respete las reglas. Pero también necesita que cada poder asuma sus responsabilidades. Por eso creo que el caso Cristina Kirchner no puede ser tratado solamente como una disputa entre kirchneristas y antikirchneristas. Hay que discutir las garantías, los procedimientos y el equilibrio institucional. La Argentina necesita salir de la lógica de la confrontación permanente. Si queremos construir una alternativa política hacia 2027, tenemos que ser capaces de mirar hacia adelante. Y para eso hay que reconstruir el peronismo, ampliar su base, recuperar el vínculo con la sociedad y, fundamentalmente, ofrecer un proyecto de país.