A lo largo de la historia, las naciones conocidas como “potencias mundiales” suelen caracterizarse por una fuerte inversión en el sector armamentístico y en su defensa nacional. En 2025, países como Estados Unidos, Rusia, China, India y Corea del Sur lideran el ranking de inversión en armamento y logística militar. Así lo señala Global Firepower, una organización que publica anualmente un informe en el que evalúa y clasifica el poderío militar de más de 140 países, con presupuestos que en algunos casos pueden alcanzar el billón de dólares por año.
Este escenario abre una creciente incertidumbre en aquellos Estados que no cuentan con la capacidad económica o tecnológica para sostener ese nivel de inversión. En términos generales, existen tratados internacionales que “exigen” a los países declarar el armamento que poseen, aunque estos mecanismos no funcionan de manera absoluta ni completamente transparente. Su alcance depende del tipo de arma, del marco jurídico internacional aplicable y, en gran medida, de la voluntad política de cada Estado.
La ausencia de una ley internacional que obligue de forma estricta a todos los países a declarar la totalidad de su arsenal militar profundiza esa incertidumbre. En su lugar, opera un sistema fragmentado de tratados y mecanismos de transparencia parciales, con distintos grados de obligatoriedad y cumplimiento.
Uno de estos instrumentos es el Registro de Armas Convencionales de las Naciones Unidas, de carácter voluntario. A través de este mecanismo, los Estados pueden informar sobre transferencias y existencias de armas pesadas, como tanques, aviones de combate, buques de guerra y sistemas de misiles. Si bien muchos países participan activamente, otros no presentan información o lo hacen de forma incompleta.
Distinto es el caso del Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA), que sí resulta legalmente vinculante para los Estados que lo ratificaron. Este acuerdo obliga a declarar y regular las exportaciones, importaciones y transferencias de armas convencionales, aunque no exige revelar el total del arsenal interno de cada país.
En materia nuclear, la opacidad es aún mayor. No existe una obligación internacional de declarar públicamente la cantidad exacta de armas nucleares, y los Estados que las poseen suelen considerar esta información como secreto de Estado. Si bien existen tratados de control, como el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), estos no establecen un régimen de transparencia total.
A nivel regional, algunos acuerdos imponen reglas más estrictas. En Europa funcionan mecanismos de confianza y control más desarrollados, mientras que América Latina y el Caribe conforman una zona libre de armas nucleares, establecida por el Tratado de Tlatelolco. A partir de allí, la incertidumbre sobre el armamento real que puede poseer cada país crece con el paso de los años, especialmente con el avance de la tecnología y la incorporación de inteligencia artificial en los sistemas de combate.
Cuando en un conflicto armado se utiliza un arma no declarada, el hecho no implica automáticamente una ilegalidad, pero sí genera alertas políticas y diplomáticas. Si el Estado involucrado es parte de tratados que exigen transparencia o control sobre ese tipo de armamento, su uso puede interpretarse como un incumplimiento de compromisos internacionales, afectar su credibilidad y aumentar la desconfianza de otros países. En contextos de guerra, la aparición de armas no declaradas también puede ser leída como una escalada encubierta, elevando el riesgo de una respuesta militar proporcional o incluso mayor.
El escenario cambia de forma drástica cuando el arma utilizada está prohibida por el derecho internacional, como ocurre con las armas químicas o biológicas. En esos casos, su empleo constituye una violación grave de los convenios internacionales y puede derivar en investigaciones, sanciones, aislamiento diplomático e incluso responsabilidades penales individuales. Más allá de la legalidad formal, el uso de armamento no declarado en un conflicto suele profundizar la incertidumbre, debilitar los mecanismos de control y agravar las consecuencias humanitarias de la guerra.
Armamento tecnológico de guerra
Como en casi todos los aspectos de la vida contemporánea, la tecnología y la innovación transforman de manera constante los escenarios conocidos, y estas evoluciones se producen con una frecuencia cada vez mayor. El sector armamentístico no es ajeno a este proceso, al punto de que surgen de forma permanente nuevos equipos militares que modifican las lógicas tradicionales del combate.
El desarrollo de drones, sistemas de misiles guiados, ciberarmas e inteligencia artificial permite operaciones más precisas, rápidas y con menor exposición directa de tropas, pero también introduce desafíos inéditos en materia de control y transparencia militar. Muchas de estas capacidades avanzan a un ritmo superior al de los marcos legales internacionales, lo que dificulta su regulación y eventual declaración.
Esta evolución tecnológica reconfigura los equilibrios de poder y amplía la brecha entre los países con alta capacidad de innovación y aquellos con recursos más limitados. Al mismo tiempo, plantea debates éticos y jurídicos sobre la automatización del uso de la fuerza, la responsabilidad ante posibles errores y el riesgo de escaladas invisibles, especialmente en ámbitos como el ciberespacio o los sistemas autónomos. En este contexto, la tecnología se consolida como un factor central de la defensa estatal, pero también como un desafío creciente para la gobernanza internacional de la seguridad.
