La protesta policial en Santa Fe se convirtió en uno de los conflictos más tensos de febrero de 2026 en Argentina. El epicentro está en Rosario, la ciudad más golpeada por la violencia narco, donde cientos de efectivos de la Policía de Santa Fe junto a familiares, retirados y allegados llevan adelante desde hace días una medida de fuerza que incluye “sirenazos”, acuartelamientos y cortes de calles frente a la Jefatura de Policía.
El malestar viene acumulándose desde hace meses, pero explotó a principios de febrero tras el suicidio de un agente de 32 años frente a la sede del Cuerpo de Guardia de Infantería. Ese hecho visibilizó una crisis profunda. Salarios bajos, estrés laboral extremo, endeudamiento familiar, falta de descanso adecuado, problemas de salud mental y malas condiciones de traslado (muchos efectivos viajan cientos de kilómetros desde el norte provincial en micros precarios).
Los policías denuncian sueldos de “miseria”: un agente raso o suboficial sin antigüedad cobra alrededor de 800.000 a 940.000 pesos básicos, unos 600 dólares y algunos mencionan incluso menos en bolsillo, cifras muy por debajo de la canasta básica y que no alcanzan para cubrir necesidades elementales en un contexto inflacionario. Un efectivo con 31 años de servicio declaró públicamente “trabajo hace 31 años y cobro 1 millón”, unos 700 dólares. Además, se suman reclamos por atención psicológica tras una oleada de suicidios en 2025 y 2026, fin de abusos de superiores, corrupción interna y mejores horarios.
Cómo escaló la protesta
La movilización comenzó con concentraciones pacíficas de familiares y efectivos frente a la Casa de Gobierno y la Jefatura. Pero la tensión explotó cuando el jefe de Policía, Luis Maldonado, intentó dispersar a los manifestantes. Hubo forcejeos “policía contra policía”, represión con gases y un acuartelamiento espontáneo. Decenas hasta 100 en algunos momentos de patrulleros y motos bloquearon calles, haciendo sonar sirenas de forma ininterrumpida en lo que se llamó “sirenazo”.
El gobierno provincial, encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro, respondió con dureza inicial. El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, anunció que al menos 20 efectivos fueron pasados a disponibilidad, con retiro inmediato de armas y chalecos antibalas por presunto abandono de servicio e incumplimiento de deberes. La fiscalía citó a declarar a 11 policías.
La situación llegó a su punto más crítico cuando Maldonado salió a dialogar en plena calle. Fue increpado, empujado, insultado e incluso escupido por sus subordinados. El subjefe también enfrentó empujones al anunciar conciliación. Familias quemaron cubiertas, se persignaron de rodillas envueltas en banderas argentinas y gritaron por diálogo.
Tras horas de tensión, ayer el gobierno dio marcha atrás. Cococcioni y el ministro de Economía Pablo Olivares anunciaron que se levantan los pases a disponibilidad y garantizaron que ningún policía armado cobrará menos que la canasta básica. Prometieron recomposición salarial para acercar los ingresos básicos a ese umbral y pidieron que los efectivos retomen el patrullaje para seguir negociando.
A pesar de los anuncios, muchos manifestantes no levantaron la medida de inmediato y exigieron que el decreto de aumento se firme ya. Voceros de los policías indicaron que, si se concreta la propuesta, podrían finalizar las acciones. El gobierno insiste en que “la seguridad pública nunca se resintió” y que el patrullaje se sostuvo con esfuerzo, aunque reconoció que hubo zonas con menos cobertura temporal.
Qué hará Milei? Les mandará el ejército para reprimirlos?