El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), John Pérez Brignani, brindó una conferencia de prensa este miércoles 16 en el edificio central del poder mencionado, para brindar detalles, información y comentarios sobre temas con relación directa al Poder Judicial.
Pérez Brignani se refirió a varios temas y recibió diversas consultas, entre ellas las manifestaciones efectuadas por el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, quién el pasado martes 15 manifestó en un canal de televisión que había una justicia para pobres y otra para ricos. “Niego terminantemente que haya justicia para pobres y para ricos. Eso es agraviante para la Justicia. La Justicia es igual para todos. Podrá marchar mejor o peor», expresó la máxima autoridad del Poder Judicial.
«Con esos conceptos se crea más aún una barrera cultural, que es que la gente que no tiene recursos piense en ir a la Justicia antes. Y es un agravio a los funcionarios que se desviven todos los días en todos los juzgados de la República para atender a la gente, a los jueces que también hacen lo mismo y a los defensores que cumplen su labor, porque todas las denuncias las hicieron los defensores. No las hicieron otras personas», dijo Pérez.
El titular de la Suprema Corte tuvo palabras también para las denuncias, con el nuevo Código Penal que se presentan ante la Fiscalía. «La Suprema Corte tiene eventual participación en el momento que lleguen a la Corte por algún recurso», explicó y añadió que “quiero que quede claro también que porque sean hijos de pobres (…), las denuncias las hicieron los defensores de oficio que defienden a los pobres, a los ricos jamás los defienden, porque la gente que tiene ingresos no puede denunciar».
“No voy a entrar en una polémica política, creo que la política debe dejarnos por fuera de todas sus reyertas. Pero acá hay una Justicia para todos igual. Podrá criticarse, más lenta o menos lenta, de mayor o menor calidad, pero es igual para todos. No tenemos un casillero para poner a los pobres. Creo que no es conveniente que se trate de minar la confianza que tenemos en la Justicia. Nosotros somos evaluados anualmente por organismos internacionales que ni siquiera sé cómo evalúan. Viene gente y evalúa. Estamos en el lugar 22 en el mundo. Por encima de Estados Unidos, pero acá se trata de cuestionar y crear una especia de grieta que no hay”, afirmó.
En relación a la situación de la Justicia, en materia de recursos y herramientas, Pérez Brignani dijo que “Quizás el servicio no se presta como debería prestarse, pero también si tomamos en cuenta lo que se nos da en materia presupuestal (…). Estamos en este momento en el 0,34 del Producto Bruto Interno (PBI), y en el 1.13% del presupuesto nacional.
Por su parte, durante la conferencia, también se le preguntó por la presencia días atrás del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, en un juzgado en el departamento de Durazno, en el cual dos efectivos policiales tuvieron que asistir por un dictamen judicial. “Para mi es una persona más (Heber)”, dijo el presidente de la SCJ, y agregó que “no creo que el juez se haya sentido presionado ni creo tampoco que haya sido con intención. La gente también fue a manifestarse, y los jueces están capacitados para soportar presiones. Si hubiera venido el Papa o cualquiera, es lo mismo.
Jueces complicados
La conferencia de prensa brindada por la Suprema Corte de Justicia (SCJ), a través de su presidente, fue también para ofrecer información acerca de jueces que por determinadas situaciones y hechos fueron denunciados, investigados o incluso sumariados.
Dra. Carla Gómez – Jueza Letrada de Tacuarembó de 5° turno.
El 3 de setiembre de 2018 la dictó, en el expediente de unificación de IUE 599-29/2017, la sentencia de unificación Nro. 29/2018 por la cual se unificaron las penas parciales impuestas en las sentencias definitivas ejecutoriadas dictadas en las causas 599-29/2021 y 7395-232/2013 imponiendo al encausado la pena única en el cúmulo de 19 meses de prisión. El 5 de setiembre del 2018 por auto Nro. 1313/2018 la magistrada dispuso oficiar a División Informática para eliminar la sentencia Nro. 29 de fecha 3 de setiembre, en virtud de haber padecido error material al momento de incorporar la misma al sistema informático.
En 2021 dispuso la realización de una investigación administrativa a raíz de dos sucesos: El primero surge de la nota de prensa de mayo 2021, que narra la denuncia del Sr. Pereyra, quien manifestó que la Dra. Gómez habría empleado sus influencias para que él fuera preso. Que habría amenazado a su esposa, tratándolo de estafador por no haber entregado a tiempo unas viviendas que estaba construyéndole a la Magistrada.
La segunda fue a raíz de una comunicación efectuada por la Dra. La Paz (junio 2021), relativa a ciertas irregularidades de parte de la Dra. Gómez, relacionadas con presuntos destratos de parte de la magistrada, además de presuntos comportamientos incorrectos en su vinculación con la policía. La Dra. Gómez se encuentra con licencia maternal hasta el 31 de marzo próximo.
Con respecto a la jueza Carla Gómez, la magistrada es investigada por algunas denuncias presentadas contraella, destacándose una broma en la que ordenó a agentesde la Policía a detener a una compañera. La jueza también fue investigada por amenazas, persecución, presuntas irregularidades y maltratos. Pérez Brignani informó que fue separada de su cargo, e informada este miércoles 16 de marzo.
Dr. Alejandro Leiva – juez Letrado del interior suplente
La SCJ informó que “No es cierto que haya sido ascendido cuando tenía un expediente por una denunciade un caso de abuso sexual”.Integró la lista de Magistrados por el período 2019 y 2020 y al no tener ningúnproceso pendiente se lo ascendió al grado inmediato, esto es Juez Letrado delInterior Suplente.En 2021 se puso en conocimiento de la Corte la formalización del Dr. Leiva, por lapresunta comisión de un delito de abuso sexual agravado. Fue confirmado por elTribunal de Apelaciones en lo Penal correspondiente.Con fecha 23 de julio, la S.C.J. dispuso el inicio de un sumario y la separación delcargo del Dr. Leiva, así como su retención total de haberes.El sumario actualmente se está instruyendo y el proceso penal continúa su trámite.
Dra. Ada Siré – Jueza Letrada de pando de 4° turno (ex. 6° turno)
La Suprema Corte dispuso el 24 de febrero pasado su traslado a la Sede de4º Turno por razones de mejor servicio, dado que a raíz de sus declaraciones podrían derivarse una serie de recusaciones y entorpecer la marcha del mismo. El traslado fue a una sede de igual categoría, de forma que no pueda considerarse una sanción.Por resolución del mismo 24 de febrero, previo informe de la Magistrada, se dispusoel inicio de procedimiento disciplinario.
DRA. IsauraTórtora – Jueza Letrada penal de 23° turno.
Con fecha 16 de febrero, un medio de prensa publicó una noticia donde informaba que elDr. Carlos Bustamante habría denunciado a la Dra. Isaura Tórtora respecto a que laMagistrada no habría estado presente en una audiencia penal.En virtud de tal circunstancia, se requirió informe a la jueza, quien señaló que esedía estaba con síntomas de COVID (que al final acabó resultando positivo) y que, portanto, y para no retrasar la instrucción, le pidió al receptor que hiciera la audienciaen tanto era a los solos efectos ratificatorios (el viejo art. 126 C.P.P), ya que el indagado habría manifestado su intención de no declarar, y todos los partícipes de la audiencia prestaron su consentimiento.
Se requirió informe a Tórtora, la actuaria titular Esc. Lema y el receptor Sr. Richardy todos coincidieron en que encontrándose todas las partes presentes –a excepción dela Magistrada que estaba con COVID- se procedió a recabar los datos filiatorios del indagado, Sr. Bassani, y cuando éste manifestó su voluntad de declarar, se detuvo laaudiencia y se convocó a una nueva. Esto surge del acta, que se encuentra firmadapor todos los presentes, incluso el propio denunciante, Dr. Bustamante.El caso de la Dra. Tórtora aún está a estudio por la SCJ.
Dra. Florencia Ferreyra – Jueza de paz departamental de Treinta y Tres
Cuando era estudiante del CEJU (2016) le solicitó a un profesor que le prestara supendrive, y este último accedió, para enviar al grupo los Power Point de la clase. Conel dispositivo en su poder, copió los restantes archivos.Con fecha 12 de octubre, la entonces directora del CEJU le pidió a la Dra. Ferreyraque efectuara un informe sobre los hechos.
El 24 de octubre de 2016, los docentes de la materia Técnica de Despacho,Dres. Simón y Posada, informaron al CEJU que: “no existe incidencia de relevanciaentre la conducta admitida por la Dra. Ferreyra y el contenido, la realización o laevaluación de la prueba final del módulo, ni en resultados finales de éste, quefueron comunicados al CEJU con anterioridad a tomar conocimiento de la presentepieza administrativa”. En esa fecha no se encontraba previsto un régimen disciplinario para aspirantes aMagistrados.El 6 de julio de 2017 la Dra. Ferreyra ingresó a la carrera judicial en Juzgado dePaz de la 7° Sección Judicial de Tacuarembó.
En 2021 ante una denuncia recibida se confirió vista a la magistrada y confecha 16 de diciembre de 2021 la Suprema Corte de Justicia dispuso el inicio de unprocedimiento disciplinario a la magistrada, con suspensión en su cargo por el plazode 3 meses, sin perjuicio.En 2022, por conceptos vertidos a través de las redes sociales que se hicieronpúblicos, se decidió pedir informes a la magistrada referida, lo que se encuentra entrámite. El plazo que la Dra. Ferreyra tiene para responder se encuentra detenidopor estar suspendida en su cargo.
