La Suprema Corte de Justicia dispuso el inicio de un procedimiento disciplinario a la Jueza Letrada del Interior Suplente, doctora Dina Salim, sin separación del cargo. Salim fue la magistrada que actuó en el caso de Valentina Cancela, la joven que fuera asesinada por su ex pareja, un joven de 17 años y sepultada en una playa de Punta del Este.
La jueza fue la primera que intervino en el caso cuando la madre de Valentina, denunciara al exnovio de la joven por malos tratos, entre ellos agresión física. En esa ocasión la resolución de la jeuza fue el «intimar a los menores a un buen relacionamiento y a todos los progenitores al estricto cumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad”.
Tras conocerse el asesinato, la Suprema Corte de Justicia solicitó con caracter grave y urgente a los Juzgados Letrados Especializados en Violencia de Género, Doméstica y Sexual de San Carlos, cuales habían sido los pasos que se habíans eguido, ya que la madre de la joven indicó que se había realizado una denuncia contra el asesino.
La primera denuncia había sidoel 15 de febrero de este año. En esa ocasión en el centro de Punta del Este la policia observó una pelea y detuvo a los dos participantes. Eran Valentina y su por entonces novio. En la comisaria dijero que habían tenido «una pequeña pelea». En ese entonces se dispuso por la Justicia «notificar a los padres a cumplir los deberes inherentes a la patria potestad y mantener en órbita policial».
La segunda fue el 1 de julio cuando la madre de Valentina denunció al menor por agresión hacia su hija. La madre pidió entonces medidas cautelares contra el agresor.
El procedimiento disciplinario de la jueza Dina Salim se designó instructora a la Sra. Ministra del Tribunal de Apelaciones de Familia de 2º Turno, Dra. Alicia Álvarez.
«El proceso disciplinario indagará en posibles incumplimientos en el marco de las actuaciones cumplidas respecto de la joven Valentina Cancela cuyo caso tomó estado público, y en la medida que esos posibles incumplimientos pudieren haber generado descrédito para la Administración de Justicia» señaló la SCJ..
La SCJ entendió que no correspondía aplicar medidas de suspensión preventiva a la magistrada porque no existen elementos que así lo aconsejen, ni se trata, en este caso, de la titular del juzgado.
