En Brasil, diversas organizaciones sociales, incluidos los frentes Brasil Popular y Pueblo Sin Miedo, han convocado a masivas protestas en 18 estados y el Distrito Federal este 10 de diciembre, con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos. Bajo el lema «Sin amnistía para golpistas», los manifestantes exigen el arresto del expresidente Jair Bolsonaro y de otras 36 personas acusadas de intentar dar un golpe de Estado en 2022.
El 26 de noviembre, el ministro Alexandre de Moraes del Supremo Tribunal Federal (STF) envió a la Procuraduría General de la República (PGR) el informe final de la Policía Federal, que detalla el rol de Bolsonaro en la planificación de un golpe que buscaba desmantelar el Estado Democrático de Derecho. Además, el informe menciona un posible complot para asesinar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva y al vicepresidente Geraldo Alckmin, y un ataque a las instituciones democráticas, especialmente al STF.
Según el documento de la PF, hay pruebas que implican directamente a Bolsonaro en la organización y ejecución del intento de golpe. No obstante, el plan no se concretó debido a la negativa de los altos mandos militares de involucrarse. La PGR deberá decidir en febrero si presenta cargos contra Bolsonaro y los otros acusados.
Este caso se ha convertido en una prueba decisiva para la democracia brasileña y la justicia, con organizaciones sindicales alertando sobre la gravedad de los hechos, que podrían ser clasificados como crimen organizado y terrorismo, más allá de una simple conspiración política.
