Proyecto inmobiliario en Punta Ballena llega a instancia decisivas

Durante la etapa de difusión oficial de la iniciativa se conoció que el Ministerio de Ambiente recibió más de 13 mil observaciones y consultas

La edificación de un conjunto habitacional compuesto por 29 edificios en Punta Ballena, Maldonado, constituye un emprendimiento privado que, debido a su impacto en el espacio público, ha suscitado la desaprobación por parte de residentes, instituciones académicas y organizaciones sociales. En la fase actual, denominada «manifiesto», se busca informar a la población sobre los pormenores de la iniciativa. Posteriormente, se llevará a cabo una Audiencia Pública y, finalmente, el Ministerio de Ambiente emitirá una opinión técnica respecto a la propuesta.

Las organizaciones nucleadas en la llamada Red de Unión de la Costa se oponen al proyecto y llaman la atención acerca del valor ambiental de la zona por su biodiversidad única. También alertan sobre el impacto a nivel geológico por sus formaciones rocosas y desde el punto de vista económico debido a que forma parte de uno de los puntos turísticos más importantes del país. Estos grupos vecinales de la costa sostuvieron, el pasado martes 6, una reunión con el equipo técnico del Ministerio de Ambiente. Luego de ella comunicaron que dicho organismo plantea realizar la Audiencia Pública en el correr de la segunda quincena de abril.

Sin embargo, estas organizaciones aseguran que la definición acerca del tema se dará antes de la audiencia y que este tipo de reuniones a menudo se convierten en “puestas en escena” en donde nada se decide. Para Raúl Viñas participante del la red y con gran experiencia en este tipo de procesos, “cuando se llega a la audiencia pública, a menudo la decisión del Ministerio ya está tomada y los representantes de los inversores e interesados en el proyecto ya tienen el libreto que van a leer y no pasa más nada”, comentó a Diario La R.

Para enfrentar el proyecto y llegar a esta instancia con la mayor concientización social posible sobre sus alcances, las organizaciones se encuentran llevando adelante dos acciones principales.

Una de ellas es una recolección nacional de firmas en las que puede participar cualquier ciudadano. “Se trata de solicitarle al Presidente de la República y al Poder Ejecutivo que utilizando sus potestades paren esto”, afirmó Viñas. Por otra parte, los colectivos llevan adelante otra iniciativa consistente en un proyecto de ley departamental que declara la zona como “no edificable”. Para esto llevan a cabo otra recolección de firmas que es de carácter vinculante y forma parte de las normas departamentales. Consiste en la obtención de un número de adhesiones que deben alcanzar el 15% del Padrón Electoral del Departamento (unas 25 firmas) que luego serán entregadas a la Junta Departamental de Maldonado.

De ser alcanzadas las firmas necesarias, la Junta Departamental de Maldonado podrá aprobar el proyecto, rechazarlo o no tratarlo. De rechazar o no tratar la propuesta, el Intendente de Maldonado deberá realizar un referéndum local para, a través de una mayoría simple de votantes, determinar el destino de la iniciativa inmobiliaria.

Apoyo local

Durante la etapa de difusión oficial de la iniciativa se conoció que el Ministerio de Ambiente recibió más de 13 mil observaciones y consultas. Para las organizaciones de la red esto da cuenta de la gran preocupación existente en la ciudadanía en torno a los alcances del proyecto inmobiliario. En el mismo sentido el Ministro de Ambiente, Robert Bouvier, declaró a medios locales que esto “muestra la sensibilidad social que está teniendo este tema y la prudencia que tenemos que tener en su manejo”.

6 Comentarios

  1. Sin lugar a Dudas en esta INVERSION INMOBILIARIA hay Unos cuantos PIBES Narcos Amigos de los BLANCOS – NARCOS que tienen la necesidad de BLAQUEO DE CAPITALES …. iy tienen tiempo hasta Octubre….

  2. Que los ambientalistas pongan dinero y que lo compren a sus dueños, la propiedad privada se respeta y si no permiten construir, que expropien, eso sí, los hospitales y carreteras que se dejarán de hacer, que la paguen los ambientalistas

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