El proyecto de producción de hidrógeno verde en Paysandú, impulsado por la multinacional HIF Global, se encuentra en una fase decisiva marcada por negociaciones económicas complejas, tensiones diplomáticas con Argentina y la posibilidad de una relocalización dentro del territorio uruguayo.
Mientras el gobierno uruguayo analiza la viabilidad del emprendimiento —que podría convertirse en la mayor inversión en la historia del país—, desde Argentina se sigue de cerca la evolución del proyecto, con preocupación por sus eventuales impactos ambientales y económicos en la región de Colón y el litoral entrerriano.
La iniciativa contempla la producción de unas 880.000 toneladas anuales de combustibles sintéticos a partir de hidrógeno verde, en una planta inicialmente proyectada en la zona de Constancia, a unos 500 metros del río Uruguay y a escasa distancia aproximadamente tres kilómetros de la ciudad argentina de Colón.
Con una inversión estimada en más de 5.300 millones de dólares en su etapa final, el proyecto representa una apuesta estratégica para Uruguay en el desarrollo de energías limpias y combustibles sintéticos, en línea con la transición energética global.
Sin embargo, su ubicación original ha generado reparos del lado argentino, que reclama mayores garantías ambientales y ha planteado formalmente la posibilidad de relocalizar la planta para evitar impactos transfronterizos como la “contaminación visual”.
La postura argentina
De acuerdo a una alta fuente política argentina consultada, hasta el momento no existe una reacción oficial reciente de Uruguay respecto a la relocalización, más allá de declaraciones puntuales de autoridades departamentales y nacionales.
“La última expresión formal de nuestra parte es el comunicado conjunto tras la reunión de cancilleres del 26 de noviembre, donde se planteó claramente la solicitud de relocalización”, señaló la fuente.
En ese encuentro, realizado en Montevideo, autoridades de ambos países intercambiaron información sobre el estado del proyecto. Argentina transmitió su interés en “extremar los recaudos” para evitar efectos negativos sobre actividades económicas preexistentes en la región, especialmente aquellas vinculadas al uso del río Uruguay.
El planteo fue acompañado por el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y el intendente de Colón, José Luis Walser, quienes han sido actores clave en la defensa de los intereses locales frente al proyecto.
Desde Uruguay, las autoridades indicaron que las consideraciones argentinas incluyendo aspectos como la localización y la denominada “contaminación visual” serían incorporadas en la fase de evaluación ambiental en curso.
Negociación económica: el factor determinante
Más allá de la dimensión diplomática, la fuente argentina subrayó que el eje central del futuro del proyecto no es la relocalización, sino la negociación económica entre la empresa y el Estado uruguayo.
“El componente principal es el precio de la energía y el costo de la infraestructura necesaria. Si no hay acuerdo en esos números, el proyecto no se hace”, afirmó.
En ese sentido, explicó que la relocalización aparece como una herramienta de negociación por parte de la empresa. Al proponer trasladar la planta eventualmente a predios de ANCAP en Nuevo Paysandú, HIF Global buscaría reducir costos de infraestructura y, al mismo tiempo, desactivar el conflicto con Argentina.
“Si se concreta la relocalización, no será principalmente por el reclamo argentino, sino por la negociación económica”, sostuvo la fuente.
Actualmente, las autoridades uruguayas incluyendo los ministerios de Ambiente, Industria y Economía, así como Presidencia analizan la factibilidad de esa alternativa y su impacto en la ecuación financiera del proyecto.
El plazo para cerrar el contrato de inversión fue extendido hasta el 30 de junio, lo que deja abiertas varias semanas de negociaciones intensas.
El proyecto ya cuenta con el Certificado de Clasificación y la Declaración de Viabilidad Ambiental de Localización, lo que habilitó el inicio del proceso formal de evaluación ambiental por parte de las autoridades uruguayas. Este proceso implica la presentación y análisis de estudios de impacto ambiental por parte de la empresa, así como la consideración de eventuales efectos sobre el entorno natural y las comunidades cercanas.
Desde el gobierno uruguayo se ha reiterado el compromiso de llevar adelante una evaluación rigurosa y de mantener un diálogo fluido con Argentina en el marco de la relación bilateral y de los mecanismos establecidos en el Estatuto del Río Uruguay.
La vía judicial en Argentina
En paralelo al canal diplomático, el proyecto abrió un frente judicial en Argentina. Un juzgado federal de Concepción del Uruguay admitió una demanda presentada por dirigentes políticos entrerrianos y ordenó una serie de medidas para recabar información sobre el emprendimiento.
El juez solicitó a organismos uruguayos, como la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea), documentación vinculada al proceso de autorización ambiental, incluyendo el estudio de impacto presentado por la empresa.
También requirió información sobre la estructura societaria de HIF Global y sus subsidiarias, así como datos financieros relacionados con los beneficiarios finales de las firmas involucradas.
Asimismo, se pidió la intervención de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) para determinar si el proyecto fue debidamente informado en el marco de los mecanismos binacionales y si se realizó un estudio de impacto ambiental transfronterizo.
La causa busca evaluar posibles efectos sobre el río Uruguay, un recurso compartido por ambos países, y ha sido interpretada por sus impulsores como una herramienta para proteger los intereses ambientales y económicos de la región.
Un antecedente sensible
El conflicto en torno a la planta de hidrógeno verde evoca, en algunos aspectos, la disputa que enfrentó a Uruguay y Argentina a comienzos de siglo por la instalación de la planta de celulosa de Botnia (hoy UPM) en Fray Bentos.
En aquel caso, la controversia escaló hasta la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que en 2010 determinó que Uruguay había incumplido obligaciones de información previa, aunque no encontró pruebas de contaminación ambiental. Ese antecedente está presente en el debate actual, tanto en el plano político como en el jurídico, y refuerza la sensibilidad en torno a proyectos industriales de gran escala en zonas fronterizas.
