El juez Alejandro Recarey, que ordenó este jueves la suspensión de la vacunación contra el coronavirus al MSP (que provocó rechazo en autoridades políticas y expertos de la salud), en esta jornada divulgó un comunicado en el que defendió su decisión afirmando que «debe quedar bien en claro que no hay atentado alguno a la libertad de vacunación».
Respecto a la Sentencia informó que esta «señala que ningún gobierno puede firmar contratos secretos, en el desconocimiento de la opinión pública, atinentes a puntos que puedan implicar riesgos a los derechos humanos de la población. En ningún caso ni con particulares, ni con empresas nacionales, ni con empresas extranjeras».
Además indicó que su fallo no prohíbe la campaña de vacunación sino que la «suspende con carácter provisional y temporario».
También planteó que «aún en hipótesis de no obligatoriedad, debe informarse todo acto médico. Vale decir, para el caso, que se divulgue la composición de las sustancias que se inoculan; y sus riesgos y efectos adversos ya comprobados a nivel nacional e internacional». En ese sentido dijo que se tiene que especificar que «los preparados tienen solamente autorización provisoria de emergencia» al momento de vacunar.
Por otra parte defiende que su fallo «no se involucra en discutir aspectos científicos tales como la eficacia o la seguridad de las vacunas, ni la necesidad o conveniencia de la vacunación a menores».
Responsabilidades del Gobierno
Recarey explicó que la sentencia también «mandata que el Estado a hacer estudios propios, independientes, sobre la calidad de los medicamentos que se importan. No correspondiendo que para ello se esté, simplemente, a las manifestaciones del fabricante».
El hecho de que la vacunación en Uruguay no sea obligatoria y dependa de la decisión de los responsables de los menores, para el Juez, «no libera al Estado de confeccionar el debido consentimiento informado. Obligatoria o no, optativa o no, el gobierno debe siempre y en cualquier caso presentar toda la información a la persona interesada, extremo que hasta ahora no se estaba cumpliendo».
«Por último se aclara que el fallo prevé que ni bien el gobierno cumpla los niveles de transparencia que se le imponen, deberá reanudarse inmediatamente la vacunación», finaliza el texto.
