La Cancillería argentina emitió este martes un comunicado en el que manifestó su “más enérgico rechazo” ante el anuncio realizado por las empresas Rockhopper Exploration Plc, con sede en el Reino Unido, y Navitas Petroleum, de origen israelí, respecto de la denominada Decisión Final de Inversión destinada a avanzar en el desarrollo del yacimiento Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, frente a las Islas Malvinas. Según advirtió el Gobierno, cualquier iniciativa de exploración o explotación de hidrocarburos en ese sector, llevada adelante sin autorización de las autoridades argentinas, constituye una violación flagrante del ordenamiento jurídico nacional y del marco normativo internacional aplicable.
En su comunicación, la Cancillería recordó que las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes constituyen un territorio en disputa reconocido por la comunidad internacional. Las resoluciones 2065 (XX) y 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, junto con otras posteriores, instan a la Argentina y al Reino Unido a reanudar negociaciones para alcanzar una solución pacífica y duradera. A la vez, establecen expresamente que ambas partes deben abstenerse de introducir cambios unilaterales mientras la controversia siga pendiente. En ese contexto, cualquier avance en actividades extractivas por parte de actores privados o gubernamentales constituye, según Buenos Aires, una alteración ilegítima del statu quo.
El Gobierno no sólo rechazó la denominada decisión de inversión, sino que extendió su objeción a cada uno de los actos vinculados con la transición hacia una etapa productiva. Esto incluye la aplicación de regulaciones adoptadas por las autoridades isleñas, la eventual contratación de proveedores o subcontratistas, y cualquier acción logística, técnica o administrativa destinada a facilitar la explotación del yacimiento. Todas estas operaciones —subrayó el Ministerio de Relaciones Exteriores— resultan “ilegales e incompatibles con el ordenamiento jurídico argentino”, en particular con las leyes 26.659 y 26.915, que regulan la actividad hidrocarburífera en la plataforma continental y prohíben expresamente operar sin permiso nacional.
La Cancillería recordó también que las dos compañías involucradas ya fueron objeto de sanciones por parte del Estado argentino. Rockhopper Exploration Plc fue declarada clandestina mediante resoluciones emitidas en 2012 y 2013, y suspendida por un período de veinte años debido a su participación en tareas exploratorias no autorizadas. Navitas Petroleum, por su parte, recibió sanciones análogas en 2022, luego de que se constatara su intervención en actividades de prospección hidrocarburífera en la misma zona, igualmente sin el aval de las autoridades competentes.
El comunicado oficial advierte que cualquier persona física o jurídica —sea de manera directa o indirecta— que participe de estas iniciativas, se expone a un abanico de medidas administrativas, legales y judiciales. Entre ellas, figuran restricciones operativas, inhabilitaciones comerciales y acciones ante tribunales nacionales e internacionales, cuya aplicación dependerá del grado de involucramiento en actividades consideradas ilegales por el Estado argentino.
Para Buenos Aires, los anuncios recientes constituyen “un acto unilateral de consecuencias futuras potencialmente irreversibles”, especialmente por tratarse de recursos naturales no renovables cuya explotación podría alterar la situación jurídica, económica y ambiental de un territorio en disputa. Frente a ello, el Gobierno señaló que redoblará su estrategia diplomática y jurídica, adoptando todas las medidas necesarias para resguardar sus derechos soberanos, en el marco de la Constitución Nacional y del derecho internacional vigente.
Finalmente, la Cancillería reafirmó —una vez más— los derechos soberanos imprescriptibles de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, reiterando su voluntad de alcanzar una solución pacífica mediante el diálogo, pero dejando claro que no tolerará avances unilaterales que vulneran su jurisdicción sobre la plataforma continental.
Ahí está, lo sionistas con los anglos pirateando en Asia y ahora los tenemos que fumar acá también.