La Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley que introduce modificaciones a la Ley Integral contra el Lavado de Activos (Ley Nº 19.574), una normativa considerada clave para la prevención y combate del ingreso de dinero ilícito al sistema económico. La iniciativa obtuvo 19 votos en 28 y contó con el respaldo de los 17 senadores del Frente Amplio y de los legisladores colorados Pedro Bordaberry y Tabaré Viera, ambos del sector Vamos Uruguay.
El proyecto, que ahora será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación, forma parte de un proceso de actualización de la legislación vigente con el objetivo de fortalecer las herramientas de control frente a delitos complejos, particularmente aquellos vinculados al crimen organizado y al narcotráfico.
La iniciativa había sido previamente aprobada en la Cámara de Diputados, luego de un extenso proceso de discusión parlamentaria que implicó modificaciones en más de 30 artículos de la ley vigente. Durante su tratamiento en el Senado también se registró un intenso debate, con intervenciones de legisladores de distintos partidos políticos.
El miembro informante del proyecto fue el senador del Frente Amplio, Eduardo Brenta, quien defendió la necesidad de actualizar la normativa ante el crecimiento de nuevas modalidades delictivas y la expansión del crimen organizado a nivel internacional.
Brenta señaló que el proyecto es el resultado de un proceso de elaboración que involucró a múltiples actores institucionales y políticos, incluyendo organismos especializados y delegaciones que comparecieron ante el Parlamento para aportar recomendaciones y advertencias.
Según explicó, desde la aprobación de la ley anterior en 2019 se han producido cambios relevantes tanto en la dinámica del delito como en el marco legal, especialmente a partir de la entrada en vigencia del nuevo Código del Proceso Penal. Por esa razón, consideró necesario adaptar la legislación para que mantenga su eficacia.
El senador sostuvo además que en la sociedad uruguaya existe una baja percepción sobre la gravedad del lavado de activos y su impacto en la seguridad pública. A su juicio, muchas veces el problema del narcotráfico se analiza sin considerar los mecanismos financieros que permiten introducir el dinero ilegal en la economía formal.
“Combatir el lavado de activos es combatir el delito. Es saber de dónde viene el dinero y cuál es su origen”, afirmó durante su intervención en sala.
En ese sentido, remarcó que existe un consenso entre especialistas en criminología y seguridad pública sobre la relación directa entre la circulación de dinero ilícito y el aumento de la violencia. Según explicó, cuando se facilita el ingreso de capitales provenientes de actividades delictivas al sistema económico, se fortalecen las estructuras del crimen organizado.
Brenta citó además la Evaluación Nacional de Riesgos realizada en 2023, que identificó al narcotráfico, el contrabando, la trata de personas, las estafas, el tráfico de armas, los delitos tributarios y la corrupción como algunas de las principales fuentes de generación de dinero susceptible de ser lavado en Uruguay.
El informe también señaló que diversos sectores de actividad pueden ser utilizados como canales para ese tipo de operaciones, entre ellos el sistema financiero, el mercado inmobiliario, ciertas estructuras societarias, las zonas francas y el uso de criptomonedas.
El proyecto aprobado introduce varios cambios relevantes en la normativa vigente. Uno de los más destacados es la incorporación de nuevas categorías de “sujetos obligados no financieros”, que deberán cumplir con controles y reportes en determinadas operaciones.
Entre estas se incluyen, por ejemplo, transacciones realizadas total o parcialmente con activos virtuales, una modalidad que ha crecido en los últimos años y que presenta desafíos específicos para los sistemas de supervisión.
Asimismo, la iniciativa modifica los topes para las operaciones realizadas en efectivo, reduciendo el límite permitido en determinadas transacciones con el objetivo de fomentar la trazabilidad de los movimientos financieros.
Según los defensores del proyecto, la reducción del uso de efectivo facilita el seguimiento del origen del dinero y reduce los riesgos asociados al lavado de activos.
Otro de los artículos incorporados es el 33 bis, que establece penas para las personas que colaboren o asistan a quienes participan en actividades de lavado de dinero. Las sanciones previstas pueden ir desde 12 meses hasta seis años de prisión, dependiendo de la gravedad del delito.
Durante el debate parlamentario también se discutieron cambios vinculados al funcionamiento de organismos de control y a la responsabilidad de directivos y gerentes de entidades consideradas sujetos obligados.
Desde el Frente Amplio, la senadora Liliam Kechichian rechazó los cuestionamientos de algunos sectores de la oposición y aseguró que la ley no afectará a la ciudadanía que realiza sus actividades económicas de manera regular.
Según afirmó, la normativa constituye una herramienta fundamental para enfrentar una realidad delictiva que se ha vuelto cada vez más compleja en el país.
La discusión parlamentaria también incluyó cuestionamientos por parte de legisladores de la oposición.
El senador Sergio Botana expresó su preocupación por la reducción del límite para las transacciones en efectivo. Según señaló, en varias zonas del interior del país todavía existen dificultades para acceder a servicios bancarios, lo que podría generar complicaciones para determinadas operaciones comerciales.
Botana mencionó específicamente la imposibilidad de realizar transacciones no bancarias por montos superiores a 35.000 dólares, una limitación que —según dijo— podría afectar a sectores productivos o comerciales en regiones donde la infraestructura financiera es limitada.
El senador nacionalista advirtió que la ley podría favorecer el lavado de dinero, mientras que desde el Frente Amplio negaron esa interpretación.
Ese punto generó fuertes cruces en el Senado entre legisladores del oficialismo y de la oposición.
Botana afirmó que la reducción de los límites para las transacciones en efectivo y el mayor uso del sistema bancario podrían incentivar mecanismos de ocultamiento del dinero. “Esta ley está induciendo a meter la plata en el mundo del secreto bancario. Ustedes están facilitando el lavado, eso es lo que va a suceder con esta ley”, sostuvo durante su intervención en sala.
Botana también criticó el nivel de bancarización que plantea la normativa y cuestionó la reducción del monto permitido para ciertas operaciones en efectivo. Recordó que durante la discusión parlamentaria se había planteado bajar el límite a unos 100.000 dólares, pero consideró excesiva la reducción finalmente aprobada.
“Esta exageración de bajar a la quinta parte… Este abuso de bancarización, que no es lo mismo que abuso de control”, afirmó el legislador, quien advirtió que la normativa podría terminar afectando a quienes realizan operaciones legítimas.
En esa línea, Botana planteó que el sistema terminará concentrando los controles sobre quienes cumplen con las reglas, mientras que los verdaderos operadores del lavado de dinero podrían seguir actuando sin mayores dificultades.
“En definitiva, con esta ley controlamos a los buenos y después no tenemos recursos para controlar a los que de verdad lavan”, señaló.
Las críticas fueron respaldadas por el senador nacionalista Sebastián Da Silva, quien sostuvo que el Parlamento no está contemplando adecuadamente la forma en que operan los “lavadores profesionales de dinero”.
El legislador mencionó como ejemplo algunas actividades que, a su juicio, deberían tener mayor control dentro de la normativa. Entre ellas citó la compraventa de autos de alta gama y los honorarios de abogados penalistas.
“No están en la ley los autos de alta gama ni los honorarios de los abogados penalistas, que obviamente, de dónde van a sacar la plata si no de un malandra; tampoco son sujetos obligados”, cuestionó.
Desde el oficialismo, la senadora del Frente Amplio Bettiana Díaz respondió a los cuestionamientos y rechazó las acusaciones de que la ley facilite el lavado de dinero, defendiendo el objetivo de fortalecer los controles sobre el origen de los fondos que circulan en la economía.
El senador del Partido Colorado, Andrés Ojeda, coincidió en que el combate al lavado de activos es una prioridad para el país, aunque advirtió que la elaboración de este tipo de normas implica desafíos técnicos importantes.
“Esto no es simple ni fácil, tiene altísimas complejidades”, sostuvo el legislador, quien señaló que en el Parlamento no existen posiciones favorables al lavado de dinero, pero sí distintas visiones sobre cómo diseñar los mecanismos de control.
Ojeda subrayó que el debate debe contemplar el equilibrio entre la eficacia de las herramientas de prevención y el respeto de las garantías jurídicas.
“Acá en esta sala no hay nadie a favor del lavado, pero esto implica poner en la balanza la discusión entre la eficacia y las garantías. La sábana es corta y si se tira puede haber desequilibrios graves”, expresó.
Ojeda se refirió a las facultades que el proyecto otorga a la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) y apuntó que “no puede terminar convirtiéndose en una Gestapo de escribanos”. Agregó que “ningún caso grande en el Uruguay de lavado, que haya sonado públicamente, fue detectado originalmente por la Senaclaft”.
En tanto, el colorado Pedro Bordaberry se desmarcó de sus pares nacionalistas y defendió los cambios en los controles que impone este proyecto con una comparación con los que existen en aeropuertos.
Bordaberry celebró también que en el proyecto agrega entre los sujetos obligados a los sindicatos y a las organizaciones empresariales.
El proyecto logró la mayoría necesaria para su aprobación en la Cámara alta. El proyecto aprobado será ahora enviado al Poder Ejecutivo para su promulgación y posterior reglamentación, paso necesario para que las nuevas disposiciones entren en vigencia.
«una limitación que —según dijo— podría afectar a sectores productivos o comerciales en regiones donde la infraestructura financiera es limitada.»
¿Será que en esos lugares es donde no hay control del dinero ilegal y a los anti ley de lavado de activos les molesta porque no pueden mover esos dinerillos sucios que obtienen por negocios sucios a esos lugares? ¿Cómo será ese negocio que están como lokitas gritando en el parlamento como la cacatúa Bianchi o el Romino frente a la IMM? A Botana y amistiquis parece que les cortaron el chorro, les va a llevar más tiempo y riesgo lavar en cuotas de 35 mil, era más rápido 100 mil en una sola movida sin llamar la atención…
Si quieren de veras combatir el narcotráfico, hagan campañas fuertes desestimulando el consumo. De lo contrario, si hay demanda de consumo, siempre aparecerá alguien que provea de la droga; eso es, por ejemplo, lo que le dicen los gobiernos de Colombia y México a Trump. Y recuerden: el lavado de dinero no es un delito autónomo: requiere,sí o sí, de un delito previo que sea la fuente de dinero. Castigar un lavador de dinero sin hacerlo con el delito previo es como castigar a un taxista, un remise o un Uber, por transportar a unos delincuentes sin castigar a éstos.