Los consumidores de los países desarrollados más ricos tendrán que aceptar restricciones en su consumo de energía de un 20 por ciento si quieren alcanzar los objetivos internacionales sobre cambio climático, advierten los investigadores en un estudio publicado en la revista ‘Nature Energy’.
El gran reto es determinar la forma más justa y equitativa en que los gobiernos pueden reducir el consumo de energía, un proceso conocido como reducción de la demanda energética, añaden. El equipo de investigadores, dirigido por Milena Büchs, catedrática de Bienestar Sostenible de la Universidad de Leeds (Reino Unido), analiza en la revista varios escenarios para encontrar una posible solución.
Una de ellas consiste en poner un tope al 20% de los consumidores de energía y permitir que las personas que consumen poca energía y tienen ingresos de pobreza puedan aumentar sus niveles de consumo y mejorar su calidad de vida. En cualquier población existirá un rango –o distribución– de valores para la cantidad de energía que consumen los individuos. Los valores se clasifican en 100 percentiles; por ejemplo, el percentil 50 representa el valor que se encuentra exactamente en el centro de la distribución energética, que la mitad de la población no alcanza y que la otra mitad supera.
Con el plan de reducción de la demanda de energía, los usuarios de energía de mayor nivel verían restringido su consumo energético al valor del uso de energía en el percentil 80. En el escenario modelizado, eso supondría 170,2 Giga Joules (GJ) por persona y año, frente al uso medio de energía del 20% de los consumidores de mayor nivel, que es de 196,8 GJ por persona y año. A partir de datos de 27 países europeos, los investigadores calcularon la eficacia de esta estrategia de reducción de la demanda energética. Según sus conclusiones, las emisiones de gases de efecto invernadero se reducirían un 11,4% en el caso de las fuentes de energía domésticas, un 16,8% en el del transporte y un 9,7% en el del consumo total de energía.
