La situación actual de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (AMFU) refleja un punto crítico en la relación entre los fiscales y la fiscal de Corte, Mónica Ferrero.
La declaración de conflicto resalta las tensiones que surgen cuando las decisiones administrativas impactan los derechos laborales de los funcionarios. A través de la voz de su presidente, Dr.Willian Rosa en diálogo con Diario La R los fiscales han expuesto preocupaciones que van más allá de las diferencias personales o administrativas; tocan el núcleo de la operatividad y la eficacia del sistema judicial.
Una de las principales quejas se centra en la afectación de derechos laborales, como el acceso a licencias por cuidados y lactancia. La insistencia de la AMFU en este punto subraya la necesidad de reconocer y adaptar el entorno laboral a las realidades de los fiscales, quienes, como cualquier otro trabajador, merecen condiciones que les permitan equilibrar sus responsabilidades laborales y personales. La falta de diálogo y entendimiento con la jerarquía ha llevado a esta situación de conflicto, evidenciando la importancia de una comunicación abierta y efectiva en el ámbito laboral.
Además, la decisión de Ferrero de limitar la publicación de dictámenes fiscales ha sido interpretada como un ataque al derecho de información, un pilar fundamental de la transparencia en el sistema judicial. Esto no solo afecta a los fiscales en su labor diaria, sino que también puede tener repercusiones en la confianza pública en la institución. La AMFU, al señalar esta limitación, está abogando por un sistema que permita a los ciudadanos acceder a información relevante sobre el funcionamiento de la justicia.
Las medidas adoptadas por la AMFU, que incluyen la negativa a realizar subrogaciones sin la debida compensación y la suspensión de órdenes de detención en circunstancias no urgentes, son manifestaciones de un rechazo a condiciones que consideran injustas. Estas acciones buscan llamar la atención sobre la necesidad de priorizar el cumplimiento de derechos laborales y asegurar que el sistema judicial opere de manera efectiva y eficiente.
La crisis entre la AMFU y la fiscal de Corte Mónica Ferrero destaca la importancia de un balance adecuado entre la autoridad jerárquica y los derechos de los trabajadores. La resolución de este conflicto requiere un compromiso genuino por parte de ambas partes para fomentar un ambiente de trabajo que no solo respete los derechos laborales, sino que también garantice la eficacia y la transparencia del sistema judicial uruguayo. La reunión programada para el 23 de abril será un momento clave para revalorar estas cuestiones y buscar un camino hacia una solución que beneficie tanto a los fiscales como a la comunidad en general.
De acuerdo a lo explicado por el presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, se adoptarán hasta tres medidas mientras se mantenga la declaración de conflicto. Los fiscales titulares que sean designados para suplir a otros se negarán a realizar esa subrogación y cuando se nombre a un fiscal adscripto se exigirá el pago correspondiente al cargo de mayor jerarquía.
No se solicitarán órdenes de detención ni allanamiento en casos donde no se den situaciones de riesgo inminente para la vida, la integridad física y derechos similares como la libertad sexual; hasta el día lunes 14 de abril.
Se requiere que se deje sin efecto la realización de cursos que signifiquen un gasto, en razón que se alude no contar con rubros para pagar subrogación de adscriptos.
La primera medida, según explicó Rosa, tiene como finalidad que quienes realicen tareas de subrogación, «reciban la contraprestación debida».
El tercer punto «difiere» la realización de actos de investigación no urgentes o no prioritarios, teniendo presente que aquellas cuestiones urgentes sí se diligenciarán.
Finalmente, la tercera expone lo siguiente: «Si la Fiscalía General de la Nación no tiene dinero para pagar las subrogaciones que hacen que el servicio se cumpla, no debería gastarse en cuestiones que, si bien son importantes como la capacitación, son menos prioritarias que el cumplimiento adecuado del servicio».
