Uruguay legalizó la marihuana en 2013 y se volvió el primer país del mundo en regular su mercado. Si bien el objetivo de la medida fue disputarle el negocio de esa droga a los narcos, los activistas no comparten ese enfoque y buscan una mirada más desde una perspectiva de derechos.
El 10 de diciembre de 2013 se aprobó en el parlamento la ley 19.172 que regula la producción, distribución y venta de cannabis con fines recreativos en todo el territorio nacional. Aquel día las barras del parlamento y los alrededores del Palacio Legislativo estuvieron colmadas por más de 1 mil activistas “pro-legal” que festejaron la aprobación.
Uno de ellos fue Julio Rey, cultivador y Referente de la Agrupación de Cultivadores de Cannabis del Uruguay, Acca, quien conversó con Diario La R sobre los avances y desafíos de los 9 años de la marihuana legal en nuestro país.
“La Plaza 1º de Mayo explotó en una expresión de júbilo de masas bajo el grito de ¡Uruguay! ¡Uruguay!” dijo el activista recordando el momento de la aprobación.
Para Rey en ese momento “Uruguay comenzó a apartarse de las políticas punitivas habituales de los Estados con respecto a los usuarios y cultivadores de marihuana” explicó.
Luego de ese histórico día en que el mundo miraba a Uruguay con expectativa llegó la hora de la implementación. La reglamentación impuso un registro de usuarios y cultivadores que era obligatorio para acceder a la marihuana legal, desde los colectivos impulsores del cambio legal este registro se veía con desconfianza y se intentó revocar la exigencia: “nos opusimos al registro porque lo considerábamos estigmatizante, si no hay registro de otras sustancias muchísimo más peligrosas por qué debía existir un registro de Cannabis” se preguntó el activista.
Sin embargo Rey nos cuenta que desde la Junta Nacional de Drogas, presidida en ese momento por Julio Calzada, se les dijo que “si no aceptábamos el registro el diálogo sociedad civil – Estado no proseguía” por lo cual se vieron obligados a aceptarlo.
Esta y otras medidas que imponía la regulación eran según Rey “hijas de su tiempo” cuando había preocupación en muchos sectores de la sociedad acerca de lo que podía ocurrir si se legalizaba la cannabis: “había mucho miedo de lo que podría pasar cuando este supuesto monstruo de la cannabis fuera desatado, la sospecha de zombies en las esquinas y robos a las farmacias” recuerda Rey.
Finalmente para Rey la ley intentó contemplar tanto a quienes estaban a favor como quienes estaban en contra y por eso le llamaron “ley de síntesis”.
Sin embargo, con respecto al tema del registro, con los años los colectivos fueron cambiando su perspectiva a raíz de “escaramuzas” mantenidas con el gobierno anterior y el actual que, según Julio Rey, “tiene una excesiva política de punitivismo y de combate a las drogas y al supuesto microtráfico. En ese marco el registro se terminó transformando en una especie de paraguas legal contra los atropellos”.
En la actualidad existe un escenario dual en donde por un lado se encuentran las políticas represivas del Ministerio del Interior (MI) y por otro las de la Junta Nacional de Drogas (Jnd) que buscan garantizar el derecho al consumo seguro de esta sustancia. “Hoy por hoy reflexionamos que no es el mejor momento para eliminar el registro sin cambiar el contexto punitivo del MI” explicó Rey y agregó: “quedaríamos a la intemperie porque en el Estado hay una marcada bipolaridad en lo que respecta a las políticas de drogas” nos dice y agrega que “por un lado Radío (de la Junta Nacional de Drogas habla de apertura y por el otro lado (el Ministro del Interior Luis Alberto) Heber justifica el éxito de sus políticas de seguridad pública y de drogas en base a las incautaciones” enfatiza el activista.
La legalización fue un cambio fundamental pero para los usuarios de cannabis la reglamentación “lo vuelve insuficiente por lo restrictivo, por el énfasis en el control y por el propio registro hace que haga falta una mayor apertura y una implementación integral e incluso un ensanchamiento de sus marcos”.
Desde que asumió la nueva administración en 2020 con Daniel Radío al frente de la JND las farmacias autorizadas a vender cannabis prácticamente se duplicaron llegando a 30 en todo el país pero para Rey estas están “mal distribuidas” en el territorio.
Además de a través de las farmacias autorizadas, se puede acceder legalmente a marihuana a través del autocultivo y de los llamados “clubes cannábicos”. Rey advierte que estos últimos tienen “muchas limitaciones” y no se encuentran en todo el país.
En lo referido a los cultivadores se pudo verificar que existen en todo el país pero Rey recuerda que según las últimas cifras de usuarios estimados de marihuana “apenas 30% se surten del sistema regulado” mientas que el otro 70% continúa accediendo en el mercado ilegal del narcotráfico.
El desafío según los colectivos pro-cannabis, es conseguir que un porcentaje cada vez mayor de este 70% se vuelque al mercado legal: “en buena parte eso pasa por la creación de nuevas formas de expendio y producción” dice Rey y acota que “particularmente del micro-producción” dijo Rey refiriéndose a los microcultivos de pocas plantas. “Podemos hablar de 20 o 50 plantas” dijo Rey a Diario La R. Hoy el límite para los autocultivadores legales es de 6 plantas “por hogar”.
Durante estos años de legalidad muchos cultivadores han adquirido un saber que no existía una década atrás en lo que respecta a producir marihuana de calidad y segura en términos de salud pública. Para el activista estos cultivadores deberían ser autorizados a vender su producción como forma de mejorar el acceso y continuar arrebatándole mercado al narcotráfico. “Así se podría resolver la falta de accesibilidad que hay en todo el territorio” nos dice Rey y enfatiza “hoy hay un montón de gente que sabe cultivar y lo hace muy bien”.
Para Julio Rey “en lugar de llevarlos presos no les damos la oportunidad de desarrollarse económicamente” insistió.
A la par de esto existen grandes licenciatario que están exentos de impuestos y el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) está buscando desarrollar un nuevo sistema de distribución. Por esto para Rey no es válido el argumento de que los micro-cultivadores vayan a constituirse en “competencia desleal” como muchas veces se esgrime para oponerse a la apertura propuesta por la Agrupación de Cultivadores de Cannabis del Uruguay, Acca.
Mercado ilegal y “prohibicionismo económico”
El mercado ilegal mantiene grandes proporciones y una de las críticas que se le suele realizar al sistema legal es que la marihuana legal tiene bajo Thc (principio activo de la marihuana) por lo tanto sus efectos son limitados.
Al respecto de esto el Ircca anunció recientemente el lanzamiento de la variedad Gamma que estará disponible en farmacias a partir de esta semana con un porcentaje mayor de Thc que será “menor o igual al 15%” superando a la variedad disponible hasta ahora que llegaba hasta un máximo de 9%.
El Ircca espera que esto vuelque un mayor porcentaje de consumidores al mercado legal pero para Julio Rey el tema es más complejo ya que “en los clubes y en el autocultivo el porcentaje de Thc puede llegar al 24%”.
De todos modos nos aclara Rey que usar el porcentaje de Thc como referencia del grado del efecto psicoactivo que provoca la marihuana es un error ya que el llamado “pegue se da en una interacción entre el Thc y otro compuesto que tiene la marihuana llamado Cbd y que contrarresta el efecto del primero, de manera que grandes porcentajes de Cbd anulan el efecto del Thc” alerta Rey.
Sobre las limitaciones que tiene el sistema para atraer al mercado legal Rey destaca que “para empezar tenemos el registro como limitante porque mucha gente no se quiere registrar”. Además de esto el activista sostiene que hay un tema cultural: “nos sentimos mucho más cómodos adquiriendo marihuana entre los propios que yendo a comprar a farmacias a un farmacéutico que está totalmente en contra de la marihuana pero le sirve el dinero y por eso te la vende o provocando que el grande de exigencia de los licenciatarios sea tan grande que al final en la mayoría de los casos solo proyectos extranjeros tengan la oportunidad de incluirse en el mercado legal” explicó Rey.
Otra de las razones que para Rey complica que los consumidores se decidan por el mercado regulado es que “la gente fuma mucho más” y la ley limita la compra a 40 gramos por mes. “Esto es absurdo y se debe a que algún técnico estableció arbitrariamente que más de 1.5 gramos de marihuana diarios se considera un uso problemático, a esto le podemos llamar prohibicionismo económico”.
Percepción del riesgo
La ley aprobada 9 años atrás mandata al Estado a realizar campañas de difusión sobre los riesgos del consumo de marihuana, sobre esto Rey señala que “lo cierto es que no existen registros de muertes a partir del consumo de marihuana en toda la historia de la relación que tiene la marihuana con la humanidad que data de más de 7 mil años” y agrega que a esto le sumamos que los mitos y miedos iniciales no se comprobaron: “acá no hay zombies ni sobredosis de marihuana habiendo sustancias mucho más peligrosas como el alcohol o los cigarrillos” para los colectivos estas campañas muchas veces buscan controlar los porcentajes y las cantidades a las que se acceden y “son absurdas y sin fundamento” nos dice Rey.
En el marco del evento Expo Cannabis que tuvo lugar los primeros días de diciembre, el Ircca informó que en Uruguay hay 50.190 compradores legales de cannabis, 30 farmacias que lo comercializan y 274 clubes cannábicos, 8.480 personas que están afiliadas a esos clubes, y 14.491 cultivadores domésticos registrados.
