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La abogada Gladis Arévalos, que representa a algunos de los afectados, aseguró que las desvinculaciones responden únicamente a motivos políticos

Se denuncian despidos políticos

Los dirigentes opositores calificaron el hecho como una clara violación de los principios democráticos y de la estabilidad laboral.

Edil María Portillo

En Ciudad del Este, dirigentes del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) denunciaron esta semana un despido masivo de más de un centenar de funcionarios municipales, a los que atribuyen una persecución política impulsada por la administración del movimiento Yo Creo, que gobierna la comuna. 

La denuncia fue dada a conocer en una conferencia de prensa convocada por concejales liberales, entre ellos la edil María Portillo, junto a exfuncionarios y referentes del PLRA. Según los denunciantes, más de 100 trabajadores afiliados al Partido Liberal fueron desvinculados de sus puestos en la municipalidad sin explicaciones claras y en muchos casos mediante notificaciones informales, como mensajes por WhatsApp, sin respetar los procedimientos legales correspondientes. 

La abogada Gladis Arévalos, que representa a algunos de los afectados, aseguró que las desvinculaciones responden únicamente a motivos políticos: los trabajadores habrían sido despedidos por ser miembros del PLRA y no por razones vinculadas con su desempeño laboral. Arévalos también señaló que en varios casos existió presión sobre los empleados para que renunciaron a su afiliación liberal y se sumarán al movimiento Yo Creo si querían conservar sus puestos de trabajo. 

Los dirigentes opositores calificaron el hecho como una clara violación de los principios democráticos y de la estabilidad laboral. El exconsejero Norberto Segovia afirmó que la utilización de la estructura municipal con fines políticos atenta contra la dignidad de los trabajadores y representa una práctica de “persecución política inaceptable” en pleno 2026. Para los liberales, la política no debe convertirse en un criterio para contratar o despedir a empleados públicos que cumplen funciones en la administración local. 

Portillo aseguró que se realizaron intentos de diálogo con el intendente Daniel Pereira Mujica, del movimiento Yo Creo, pero que estos no prosperaron porque no hubo respuesta por parte de la comuna ante los pedidos de audiencia o explicaciones sobre las desvinculaciones. Asimismo, destacó que muchos de los trabajadores despedidos incluso habían trabajado o apoyado en campañas electorales al propio Mujica o a cargos afines en comicios anteriores, lo que, a su juicio, refuerza la tesis de que las medidas no obedecen a motivos administrativos o técnicos.

Desde el sector liberal también se cuestionó que los despidos no se ajustaron a las normas sobre terminación de contratos, que prevén notificaciones formales y plazos de preaviso. Portillo recordó que algunos trabajadores seguían desempeñando sus funciones cuando recibieron las notificaciones informales, lo que, según ella, constituye un trato arbitrario y una vulneración de sus derechos laborales. 

La denuncia se produce en un contexto de tensión política local, donde Yo Creo, liderado por figuras como Miguel Prieto y con Daniel Mujica como principal referente en Ciudad del Este, busca consolidar su posición en el escenario político municipal y regional. El movimiento se ha presentado como una alternativa a los partidos tradicionales, aunque las acusaciones de uso político de cargos públicos reavivan cuestionamientos sobre prácticas partidarias dentro de la administración del Estado. 

Hasta el momento, la Municipalidad de Ciudad del Este no emitió respuestas oficiales directas a la denuncia ni ofreció una explicación pública sobre los despidos masivos. La ausencia de pronunciamiento oficial ha sido criticada por los ediles liberales, quienes sostienen que la falta de transparencia añade preocupación sobre el uso de la administración pública con fines políticos.

La denuncia de despidos masivos en Ciudad del Este ha abierto un nuevo foco de confrontación entre el PLRA y Yo Creo, con repercusiones que podrían extenderse a instancias judiciales y a la arena política local, mientras aumenta el debate sobre la separación entre criterios administrativos y afiliaciones políticas en la gestión de los recursos humanos del sector público.

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1 Comentario

  1. Idéntico comentario sobre lo que pasa en Argentina. Alguno que lea por arriba, entenderá que es una noticia del ámbito local y saldrá a criticar al gobierno. Si después le explican que es algo que ocurre en Paraguay, dirá, ah, yo no sabía… Y, si lo hace un gobierno amigo (de Trump), estará bine…

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