Senadores y exministros evaluaron el presente y los desafíos para el país

La Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM) convocó a referentes de todos los partidos para analizar la marcha del país. Los senadores Javier García, Pedro Bordaberry y Eduardo Brenta, todos exministros de Estado, fueron los oradores este martes en el desayuno de trabajo que tuvo lugar en el Radisson Montevideo. Además de las autoridades de ADM, entre los invitados  al evento asistieron el expresidente Julio Sanguinetti y los presidentes del Frente Amplio, Fernando Pereira y del Partido Nacional, Álvaro Delgado.

“Falta de rumbo”

El primer orador fue el senador del Partido Nacional, Javier García, quien comenzó reconociendo la gestión del gobierno anterior, resaltando que, a pesar de las dificultades globales —como la pandemia, la crisis hídrica y los efectos del conflicto en Ucrania—, el país logró mantener indicadores positivos: aumento del empleo, mejora del salario real, reducción de la inflación y disminución de la desigualdad, con mejoras en la distribución del ingreso. También destacó la baja en los delitos respecto a períodos previos y el avance en infraestructura educativa y sanitaria.

Sin embargo, el senador centró buena parte de su intervención en la evaluación del actual gobierno, señalando una percepción de “falta de rumbo” en varias áreas y “flotar ante los problemas” y  afirmó que la herencia recibida por el actual gobierno fue “muy buena”. Según García, decisiones como dejar sin efecto el proyecto Neptuno, que aseguraba agua potable a largo plazo, o devolver competencias educativas a los sindicatos, reflejan lo que describió como una política de revisión y desmantelamiento de iniciativas anteriores. Asimismo, cuestionó la orientación de la política internacional y las decisiones en materia de defensa y obras estratégicas, señalando riesgos para la seguridad jurídica y la continuidad de proyectos de inversión. Además consideró que el crecimiento previsto para este año, cercano a 2%, “es producto de lo generado en nuestro gobierno y su inercia” y el presupuesto que se presentó “es de mala calidad”. Agregó que a ocho meses de iniciada la actual administración “nos prometieron la revolución de las cosas simples, nunca nadie supo mucho qué era, pero a ocho meses, de tan simple, no se nota la revolución”.

En materia económica, García consideró que el presupuesto vigente carece de un enfoque estratégico, centrado principalmente en la recaudación tributaria. Planteó que un eventual plan de desburocratización contará con el apoyo de su partido pero el actual presupuesto “contiene más burocracia”. “No es verdad lo que dice el ministro Oddone, que el gasto es de izquierda; el gasto no tiene ideología, el gasto sin resultado es un robo al ciudadano, ni de derecha ni de izquierda”, cuestionó. Advirtió sobre la necesidad de incorporar herramientas para fortalecer el seguimiento al gasto público y su eficiencia y planteó tres propuestas en esa dirección:  fortalecer las potestades del Tribunal de Cuentas; informes a través de la Agencia de Monitoreo que creó la LUC sobre la gestión de los programas y de la ejecución presupuestal (propuesta del diputado colorado Conrado Rodríguez) e incorporar nuevas tecnologías para controlar el gasto.

En materia de seguridad pública, sostuvo que “no hay un plan” y se “incumple” la promesa electoral de contar con dos mil policías ejecutivos. Afirmó que el país enfrenta un aumento en la actividad del crimen organizado, con la transición de Uruguay de país de tránsito a país de acopio de drogas, lo que requiere un refuerzo en la frontera y coordinación entre policía, fuerzas armadas, fiscalía y aduanas. Propuso ampliar la jurisdicción militar en las fronteras de 20 a 40 kilómetros para mejorar la presencia de seguridad y sostuvo que este enfoque se basa en la experiencia acumulada en los últimos cinco años. “Desde ya decimos que esas teorías que andan por ahí de transar territorio con el crimen cambiándolo por paz es una inmoralidad y es además aceptar la extorsión del narco y entregar soberanía e instituciones”, afirmó.

Asimismo, el senador enfatizó en la defensa de la institucionalidad democrática y la independencia del sistema judicial y criticó que desde el gobierno “hay señales claras de debilitar una institucionalidad garantista y la independencia del sistema de justicia”. Destacó el rol de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, y manifestó su oposición a iniciativas que puedan afectar la separación de poderes, como la creación de un Ministerio de Justicia con competencias que, según García, podrían vulnerar la garantía de imparcialidad y seguridad jurídica. Criticó también que el intento de que la DGI pudiera levantar el secreto bancario sin garantías del magistrado “va en ese misma línea”. Agregó que el artículo 609 del presupuesto “no se votó” y advirtió que si el poder ejecutivo insiste en el Senado “dará muestras de una falta de respeto institucional y de no valorar la actitud del Partido Nacional”. “No dejamos al país sin presupuesto esperemos que el mismo gobierno con sus actitudes no lo provoque”, advirtió.

Finalmente, García abordó el futuro político, subrayando la existencia de dos modelos fundantes en Uruguay: uno liberal y humanista, que prioriza la libertad individual y la participación de los ciudadanos en la vida política y económica, y otro basado en la tradición socialista y la centralidad del Estado. Según el senador, el país necesita avanzar hacia la consolidación de la coalición republicana, respetando las tradiciones de cada partido, para fortalecer la oposición y preparar el camino hacia un gobierno que combine crecimiento económico con cohesión social.

Déficit fiscal “en niveles insostenibles”

En su intervención, el senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, analizó la coyuntura económica y en particular el proyecto de Presupuesto Nacional, sostuvo que Uruguay enfrenta “un problema de sostenibilidad fiscal” y llamó a “medir mejor los resultados del gasto público”.

El legislador señaló que, más allá de las diferencias partidarias, “en Uruguay existe hoy un amplio consenso en los grandes temas económicos y políticos”. “En el 70 u 80 % de los temas ya no se discute: todos defendemos la democracia, queremos una inflación baja, sabemos que el déficit fiscal es negativo y que el país es agroexportador”, afirmó.

Bordaberry destacó el clima de acuerdo institucional como una de las herencias positivas del retorno democrático. “La dictadura nos dejó algo muy lindo: el diálogo y la búsqueda de acuerdos entre actores políticos, más allá de las diferencias. Cuidamos la democracia cuando dialogamos y cuando defendemos las instituciones, como ocurrió recientemente con el respaldo a la fiscal de Corte”, expresó.

El senador dedicó buena parte de su exposición a repasar la evolución del déficit fiscal entre 2004 y 2025. Según sus datos, Uruguay ha mantenido un resultado negativo “en aumento constante” a lo largo de los últimos 20 años.

“En 2004 el déficit era de 1,94 % del PIB, pasó a 2,01 % en 2009, luego a 3,66 % en 2015 y se ubicó en 5,15 % en 2024. No somos viables si seguimos así; estamos gastando con la tarjeta de crédito y pagando solo el mínimo”, advirtió.

A su juicio, el país necesita “una regla fiscal más estricta”, especialmente en el año electoral, cuando “históricamente el gasto tiende a dispararse”.

“Algo tenemos que hacer. Si seguimos postergando las correcciones, dentro de cinco años estaremos repitiendo este mismo debate y dentro de diez ya no habrá margen para hacerlo”, señaló. Bordaberry comparó la evolución presupuestal de tres áreas clave —educación, seguridad y salud— y concluyó que “el aumento del gasto no se ha traducido en mejores resultados”.

En educación, recordó que el gasto previsto para el próximo período alcanzará los 19.743 millones de dólares, frente a los 8.344 millones ejecutados entre 2005 y 2009. Sin embargo, advirtió que la matrícula escolar ha caído “de 320.000 a 243.000 alumnos en la primaria pública”, lo que refleja “menos estudiantes y más gasto”.

“Estamos invirtiendo más dinero, pero no tenemos mejores resultados. Los niveles de abandono intermitente siguen siendo altos, y eso es un fracaso del sistema educativo”, dijo.

En seguridad, sostuvo que el presupuesto para seguridad “se duplicó respecto a 2004” y que, sin embargo, los homicidios “también se duplicaron”. “Suerte que no gastamos el triple, porque capaz duplicábamos los homicidios otra vez”, ironizó.

Respecto a la salud, observó que el aumento del gasto no se tradujo en una mejora percibida por la población. “Si preguntamos a la gente si hoy recibe una mejor atención, la mayoría responderá que no. Gastamos más, pero no necesariamente mejor”, afirmó.

Para revertir esa tendencia, Bordaberry propuso incorporar mecanismos de evaluación del gasto público. “Falta medir los resultados. En el sector privado, si uno gasta más y no cumple con las metas, hay consecuencias. En el Estado, en cambio, seguimos pidiendo más dinero sin medir la eficiencia”, explicó.

Recordó que la Constitución de 1967 estableció el presupuesto por programa, pero consideró que el país debe avanzar hacia un sistema “por resultados”. En esa línea, anunció que su bancada propondrá que el Tribunal de Cuentas cuente con una unidad especializada en medición y evaluación de políticas públicas.

“No se trata de castigar a nadie, sino de ayudar a visualizar dónde el gasto no está generando impacto. Hay que poner el foco en los resultados que mejoren la vida de la gente”, afirmó.

Envejecimiento y migración

Otro de los puntos señalados fue el descenso de la natalidad y el envejecimiento de la población, fenómenos que calificó como “una amenaza de largo plazo para la sostenibilidad del país”.

“Cada vez nacen menos uruguayos y somos más viejos. Si no enfrentamos ese problema, dentro de diez años volveremos a discutir reformas jubilatorias”, alertó.

En ese contexto, propuso implementar un programa de atracción de talento extranjero y un “choque migratorio” que permita compensar la caída demográfica. “Hay que hacer lo que hizo Miami: atraer población y generar oportunidades. Si no lo hacemos, estamos perdidos”, sostuvo. Bordaberry también se refirió al impuesto mínimo global y al levantamiento del secreto bancario. Aclaró que su partido no se opone al impuesto, “siempre que no altere la ecuación tributaria de los inversores”, y pidió incluir “normas de salvaguarda” similares a las de los contratos de las plantas de celulosa y la ley de zonas francas.

Sobre el secreto bancario, consideró que Uruguay debe mantener la intervención judicial y la notificación al interesado, pero mostró disposición a “acortar plazos y mejorar los procedimientos” para cumplir con los estándares internacionales.

El senador cerró su intervención llamando a ejercer “una oposición útil” en el Parlamento. “Vamos a proponer, mejorar y aportar. Pero también se necesitan dos para bailar el tango: una oposición constructiva y un oficialismo dispuesto a escuchar”, concluyó.

“Vivimos un tiempo de transición e incertidumbre”

Por su parte, el senador del Frente Amplio, Eduardo Brenta subrayó la necesidad de combinar crecimiento económico con equidad social y sostuvo que Uruguay debe “apostar a la innovación, la educación y la integración regional” para sostener su modelo de desarrollo.

Brenta inició su intervención con una mirada global. “Vivimos un tiempo de transición e incertidumbre”, dijo, aludiendo a los cambios en la estructura de poder mundial. Recordó la llamada “trampa de Tucídides”, que describe la tensión que surge cuando una potencia emergente desafía a otra establecida, y afirmó que el mundo atraviesa un proceso de transición desde la hegemonía unipolar hacia una multipolaridad todavía incierta.

El senador señaló que las tensiones comerciales, ideológicas y culturales entre potencias, junto al debilitamiento de los organismos multilaterales, están redefiniendo el orden global. “El multilateralismo se debilita, las Naciones Unidas pierden credibilidad y aumentan la pobreza y la desigualdad, incluso en países desarrollados”, sostuvo.

Brenta destacó el ascenso del bloque de países emergentes conocido como BRICS como uno de los factores que reconfiguran las zonas de influencia económica y política, y subrayó que “esta nueva realidad genera enormes condicionamientos a países pequeños como Uruguay, alejados de los centros de poder”.

En el plano regional, lamentó que “la integración latinoamericana no haya avanzado lo suficiente” y advirtió que la región “volvió a depender de la exportación de bienes primarios”. Según dijo, la influencia creciente de China ha reforzado ese modelo, lo que obliga a redoblar los esfuerzos de cooperación entre los países del continente.

“La integración regional sigue siendo un imperativo estratégico para lograr mayor desarrollo y tener voz en las decisiones globales”, sostuvo.

Brenta señaló que uno de los principales desafíos internos de Uruguay es la desigualdad social y territorial. “El país no ha logrado reducir las brechas. Persisten bolsones de pobreza estructural y situaciones de indigencia, concentradas sobre todo en áreas metropolitanas y algunas regiones del interior”, afirmó.

Agregó que estos desequilibrios también se reflejan en el acceso desigual a la educación, la salud y la infraestructura, y advirtió sobre el impacto de la transición demográfica. “Tenemos una población que envejece y una tasa de natalidad en retroceso. Este fenómeno afecta la sostenibilidad de la seguridad social y la estructura económica a mediano plazo”, explicó.

El senador defendió la necesidad de profundizar las políticas de formación, investigación e innovación como pilares del crecimiento sustentable. Resaltó la creación del programa Uruguay Innova, que busca coordinar los esfuerzos públicos en materia de ciencia y tecnología, y destacó que la inversión en investigación y desarrollo alcanzó en 2023 el 0,71% del PIB, “el segundo nivel más alto de América Latina, detrás de Brasil”.

Brenta también hizo referencia a la Ley de Riego y al papel de la Corporación Nacional para el Desarrollo como articuladora de proyectos, señalando que el impacto económico estimado de esa política podría alcanzar los 10.000 millones de dólares al 2030.

En materia de infraestructura, el senador valoró la asignación de 700 millones de dólares anuales en fondos extrapresupuestales para obras estratégicas, como la represa de Casupá, la planta potabilizadora de Aguas Corrientes y la doble vía de la ruta Interbalnearia hasta la ruta 8.

Brenta identificó la seguridad y la convivencia como una de las mayores preocupaciones ciudadanas. Señaló la necesidad de una política de Estado que combine prevención, eficacia del sistema penal y respeto de los derechos humanos. En ese sentido, mencionó la elaboración de un Plan Nacional de Seguridad Pública 2025–2035, que busca construir consensos amplios con partidos, organizaciones sociales y organismos internacionales.

También advirtió sobre los altos niveles de reincidencia en el sistema carcelario —“65% en tres años”— y la situación de hacinamiento en las cárceles. “La cárcel, tal como está planteada, no rehabilita. Genera condiciones para repetir el ciclo del delito”, dijo.

En el cierre de su exposición, Brenta sostuvo que el gobierno debe priorizar la lucha contra la pobreza infantil, a la que calificó como “el principal desafío social del país”. “No se trata solo de justicia social, sino del futuro mismo del Uruguay, que envejece y necesita cuidar a sus niños y adolescentes”, afirmó.