Uruguay no necesita autorización de la Embajada de Estados Unidos para decidir con qué países coopera, cómo organiza sus servicios sanitarios ni qué posición sostiene frente al bloqueo contra Cuba. Esa debería ser una definición elemental de cualquier gobierno que reivindique la soberanía. Sin embargo, la controversia por los médicos cubanos muestra un Ejecutivo demasiado ocupado en explicar sus decisiones ante Washington y demasiado poco dispuesto a marcar públicamente los límites de esa interlocución. La presión tiene un antecedente concreto.Fuentes de la Embajada estadounidense señalaron que Uruguay podría quedar inhabilitado para recibir asistencia internacional del Departamento de Estado si volvía a aparecer, en 2027, en el informe sobre las misiones médicas cubanas. La advertencia vincula una decisión de cooperación sanitaria con una eventual consecuencia económica y diplomática. Desde esta perspectiva editorial, ese condicionamiento constituye una forma de intromisión en decisiones que corresponden al Estado uruguayo.
Washington puede expresar objeciones. Uruguay tiene la obligación de investigar cualquier denuncia sobre derechos laborales. Pero convertir la asistencia internacional en una herramienta para orientar los vínculos de otro país con Cuba introduce una relación de obediencia que nuestro gobierno debería rechazar con claridad. La cooperación entre Estados pierde su sentido cuando se utiliza como premio al alineamiento. El canciller Mario Lubetkin anunció una modificación del mecanismo de pago a los profesionales cubanos, que pasarán a recibir directamente su remuneración. La explicación del canciller requiere una precisión fundamental: según la información aportada, el pago mensual se depositaba en una cuenta del Banco República correspondiente a la Brigada Médica Cubana en Uruguay, y no se transfería directamente al gobierno cubano en La Habana. Por lo tanto, presentar el cambio como el paso de un pago al gobierno de Cuba a una remuneración individual confunde dos mecanismos distintos. Si la modificación consiste en sustituir el depósito en la cuenta de la brigada por pagos a cada profesional, Cancillería debe explicarlo en esos términos y documentar el procedimiento anterior y el nuevo. El canciller en declaraciones ambiguas negó haber recibido advertencias estadounidenses y defendió el cambio como una decisión soberana, aunque reconoció que el asunto formó parte de las conversaciones con Washington. También destacó el valor de la tarea médica y sostuvo la continuidad de la cooperación. Esos elementos deben reconocerse,el gobierno preservó el servicio y no anunció el retiro de los profesionales.
Precisamente por eso, la discusión exige más profundidad que una acusación automática de capitulación. Pagar directamente a los trabajadores puede fortalecer sus garantías. Lo cuestionable es que una potencia pretenda erigirse en supervisora de un acuerdo bilateral ajeno y que Uruguay no explique con suficiente firmeza dónde termina el diálogo y dónde comienza el condicionamiento. La soberanía no se demuestra únicamente al declarar que una decisión fue soberana. Se demuestra al publicar sus fundamentos, transparentar los acuerdos y dejar establecido que la continuidad de una política pública depende de su utilidad social y de su legalidad, no de la aprobación estadounidense. Los médicos cubanos tampoco pueden quedar reducidos a piezas de una disputa geopolítica. Su trabajo merece reconocimiento; sus derechos requieren protección. Ambas obligaciones son compatibles con la defensa de la cooperación con Cuba. Invocar a los trabajadores para presionar a terceros países no releva a Washington de explicar sus propios intereses, ni obliga a Uruguay a aceptar como sentencia cada calificación del Departamento de Estado.
La ambigüedad también aparece en el discurso presidencial. El 24 de septiembre, ante Naciones Unidas, Yamandú Orsi cuestionó el sufrimiento que provoca el bloqueo económico al pueblo cubano. Fue una intervención necesaria: colocó las consecuencias humanas de esa política en el centro del debate internacional.Dos días después, frente a las críticas de la oposición, el presidente aclaró que su referencia no había sido un elogio al gobierno cubano y destacó que el sistema político al que había dedicado palabras elogiosas era el estadounidense, con motivo de los 250 años de su Declaración de Independencia. Ese es el aniversario aludido; presentarlo como dos siglos y medio de democracia plena sería una simplificación histórica.
Orsi tiene derecho a distinguir entre la defensa del pueblo cubano y su valoración del gobierno de La Habana. El problema político está en el énfasis: después de denunciar una medida que provoca sufrimiento, su explicación desplazó la atención hacia la necesidad de despejar cualquier sospecha de respaldo a Cuba. A nuestro juicio, esa actitud debilita la contundencia del mensaje inicial. Condenar el bloqueo no requiere una aclaración defensiva cada vez que la derecha reclama una prueba de distancia respecto de La Habana. La posición debería sostenerse por su fundamento: ningún pueblo debe cargar con privaciones utilizadas como instrumento de presión política.
Tampoco hace falta atribuir instrucciones secretas a una embajada para advertir el peligro. El condicionamiento explícito aparece en la advertencia sobre la asistencia. El efecto más sutil puede surgir cuando el propio gobierno anticipa objeciones, modera sus palabras y convierte cada gesto de cooperación con Cuba en una explicación destinada a tranquilizar a Washington. Esa es una lectura política de la conducta oficial, no la demostración de una orden externa. La defensa de Cuba que corresponde sostener es la de su derecho a decidir su futuro, la de su población frente al bloqueo y la de una cooperación internacional que debe evaluarse por sus resultados y por el respeto a quienes participan en ella. Uruguay puede discutir diferencias con La Habana y mantener relaciones constructivas con Estados Unidos sin aceptar tutelas. Al gobierno de Orsi le corresponde abandonar esa cuerda floja. Debe explicar los cambios del convenio diciendo la verdad y no lo que ambiguamente le sirve a Estados Unidos , garantizar los derechos de los profesionales y defender sin vacilaciones la continuidad de una cooperación sanitaria valiosa esa es la verdad absoluta.
La política exterior uruguaya se decide en Uruguay. Si el gobierno permite que una advertencia extranjera se convierta en criterio de sus decisiones, la prudencia habrá dejado paso a la sumisión.
