Uruguay no necesita autorización de la Embajada de Estados Unidos para decidir con qué países coopera, cómo organiza sus servicios sanitarios ni qué posición sostiene frente al bloqueo contra Cuba. Esa debería ser una definición elemental de cualquier gobierno que reivindique la soberanía. Sin embargo, la controversia por los médicos cubanos muestra un Ejecutivo demasiado ocupado en explicar sus decisiones ante Washington y demasiado poco dispuesto a marcar públicamente los límites de esa interlocución. La presión tiene un antecedente concreto.Fuentes de la Embajada estadounidense señalaron que Uruguay podría quedar inhabilitado para recibir asistencia internacional del Departamento de Estado si volvía a aparecer, en 2027, en el informe sobre las misiones médicas cubanas. La advertencia vincula una decisión de cooperación sanitaria con una eventual consecuencia económica y diplomática. Desde esta perspectiva editorial, ese condicionamiento constituye una forma de intromisión en decisiones que corresponden al Estado uruguayo.
Washington puede expresar objeciones. Uruguay tiene la obligación de investigar cualquier denuncia sobre derechos laborales. Pero convertir la asistencia internacional en una herramienta para orientar los vínculos de otro país con Cuba introduce una relación de obediencia que nuestro gobierno debería rechazar con claridad. La cooperación entre Estados pierde su sentido cuando se utiliza como premio al alineamiento. El canciller Mario Lubetkin anunció una modificación del mecanismo de pago a los profesionales cubanos, que pasarán a recibir directamente su remuneración. La explicación del canciller requiere una precisión fundamental: según la información aportada, el pago mensual se depositaba en una cuenta del Banco República correspondiente a la Brigada Médica Cubana en Uruguay, y no se transfería directamente al gobierno cubano en La Habana. Por lo tanto, presentar el cambio como el paso de un pago al gobierno de Cuba a una remuneración individual confunde dos mecanismos distintos. Si la modificación consiste en sustituir el depósito en la cuenta de la brigada por pagos a cada profesional, Cancillería debe explicarlo en esos términos y documentar el procedimiento anterior y el nuevo. El canciller en declaraciones ambiguas negó haber recibido advertencias estadounidenses y defendió el cambio como una decisión soberana, aunque reconoció que el asunto formó parte de las conversaciones con Washington. También destacó el valor de la tarea médica y sostuvo la continuidad de la cooperación. Esos elementos deben reconocerse,el gobierno preservó el servicio y no anunció el retiro de los profesionales.
Precisamente por eso, la discusión exige más profundidad que una acusación automática de capitulación. Pagar directamente a los trabajadores puede fortalecer sus garantías. Lo cuestionable es que una potencia pretenda erigirse en supervisora de un acuerdo bilateral ajeno y que Uruguay no explique con suficiente firmeza dónde termina el diálogo y dónde comienza el condicionamiento. La soberanía no se demuestra únicamente al declarar que una decisión fue soberana. Se demuestra al publicar sus fundamentos, transparentar los acuerdos y dejar establecido que la continuidad de una política pública depende de su utilidad social y de su legalidad, no de la aprobación estadounidense. Los médicos cubanos tampoco pueden quedar reducidos a piezas de una disputa geopolítica. Su trabajo merece reconocimiento; sus derechos requieren protección. Ambas obligaciones son compatibles con la defensa de la cooperación con Cuba. Invocar a los trabajadores para presionar a terceros países no releva a Washington de explicar sus propios intereses, ni obliga a Uruguay a aceptar como sentencia cada calificación del Departamento de Estado.
La ambigüedad también aparece en el discurso presidencial. El 24 de septiembre, ante Naciones Unidas, Yamandú Orsi cuestionó el sufrimiento que provoca el bloqueo económico al pueblo cubano. Fue una intervención necesaria: colocó las consecuencias humanas de esa política en el centro del debate internacional.Dos días después, frente a las críticas de la oposición, el presidente aclaró que su referencia no había sido un elogio al gobierno cubano y destacó que el sistema político al que había dedicado palabras elogiosas era el estadounidense, con motivo de los 250 años de su Declaración de Independencia. Ese es el aniversario aludido; presentarlo como dos siglos y medio de democracia plena sería una simplificación histórica.
Orsi tiene derecho a distinguir entre la defensa del pueblo cubano y su valoración del gobierno de La Habana. El problema político está en el énfasis: después de denunciar una medida que provoca sufrimiento, su explicación desplazó la atención hacia la necesidad de despejar cualquier sospecha de respaldo a Cuba. A nuestro juicio, esa actitud debilita la contundencia del mensaje inicial. Condenar el bloqueo no requiere una aclaración defensiva cada vez que la derecha reclama una prueba de distancia respecto de La Habana. La posición debería sostenerse por su fundamento: ningún pueblo debe cargar con privaciones utilizadas como instrumento de presión política.
Tampoco hace falta atribuir instrucciones secretas a una embajada para advertir el peligro. El condicionamiento explícito aparece en la advertencia sobre la asistencia. El efecto más sutil puede surgir cuando el propio gobierno anticipa objeciones, modera sus palabras y convierte cada gesto de cooperación con Cuba en una explicación destinada a tranquilizar a Washington. Esa es una lectura política de la conducta oficial, no la demostración de una orden externa. La defensa de Cuba que corresponde sostener es la de su derecho a decidir su futuro, la de su población frente al bloqueo y la de una cooperación internacional que debe evaluarse por sus resultados y por el respeto a quienes participan en ella. Uruguay puede discutir diferencias con La Habana y mantener relaciones constructivas con Estados Unidos sin aceptar tutelas. Al gobierno de Orsi le corresponde abandonar esa cuerda floja. Debe explicar los cambios del convenio diciendo la verdad y no lo que ambiguamente le sirve a Estados Unidos , garantizar los derechos de los profesionales y defender sin vacilaciones la continuidad de una cooperación sanitaria valiosa esa es la verdad absoluta.
La política exterior uruguaya se decide en Uruguay. Si el gobierno permite que una advertencia extranjera se convierta en criterio de sus decisiones, la prudencia habrá dejado paso a la sumisión.
Se puede opinar lo que se quiere pero de cualquier modo es correcto pagar a los trabajadores y no al gobierno Y a propósito conviene que el gobierno aclare el motivo por el cual se reconocería como ciudadanos naturales a los legales lo que no se hace que sepamos en otras partes del mundo También seguramente va a crear problemas con otros países
El problema del pasaporte para CIUDADANOS LEGALES persiste.
La autoridad uruguaya confunde NACIONALIDAD con NATURALIDAD.
Ciudadanos naturales o legales son de:
NACIONALIDAD URUGUAYA
lo que NO SE APLICA en el pasaporte que continua a decir a los legales el pais de nacimiento.
La NATURALIDAD es el lugar de nacimiento y así tenemos ciudadanos naturales que nacieron en Uruguay (principio de territorio) o fuera del pero de padres uruguayos (principio de sangre). Ambos reconocidos por la Carta Magna. Por otro lado los ciudadanos legales TAMBIÉN tendrán en su pasaporte uruguayo como ciudadanos que son su NACIONALIDAD URGUAYA pero su NATURALIDAD el pais o lugar en el exterior donde nacieron.
Los pocos pasaporte que he visto son muy claros en eso de diferenciar NACIONALIDAD con NATURALIDAD.
NACIONALIDAD: pais de donde son ciudadanos (todos los tipos de ciudadania),.
NATURALIDAD: pais o región, lugar donde nacieron.
Y punto. No se necesita ninguna «aclaración» legal y si una modificación a los textos constitucionales o legales donde esto estuviese mal conceptuado…
Es verdad, no se necesita aclar nada. Todos los ciudadanos naturales y legales son ciudadanos iguales ante la ley, con sus mismos derechos y obligaciones y tienen derecho a sus pasaportes uruguayos, en los cuales figura su lugar de nacimiento, sea este en el país o fuera de él.
Eso es una norma internacional y no puede ser modificada pues sería poner una mentira en un documento público con validez internacional.
Más claro echarle agua.
Es una muestra de mucha delicadeza y tacto el llamar «condicionamiento» a lo que a las claras es no menos que un chantaje, y de carácter grave, pues es una amenaza y un expuesto intervencionismo de una fuerza foránea sobre decisiones de este Estado.
Uno se pregunta desde cuándo cualquier ministro debe rendir cuentas o modificar acciones frente a «requerimiento» de una entidad extranjera. ¿Desde cuándo los criollos son instruídos por un «alien» sobre cómo manejar pagos y otros menesteres caseros «o sufrir las consecuencias»?
Esto no es más que otra muestra de las políticas «interven-sionistas» que están en pleno desarrollo a lo largo del mundo, y ahora llegó hasta aquí. La escala de esta intervención –totalmente ilegal por supuesto– va desde «aconsejar» pasa por «condicionar» sigue hasta amenazar y llega hasta el bombardeo y la ocupación.
Tal vez el Sr Presidente, que brillantemente condenó el bloqueo a Cuba y felicitó al bloqueador en su 250 cumpleaños, pues tenga temor a un intervencionismo que puede llegar hasta un «madurazo», con Su Excelencia en excursión inesperada fuera del país… porque todo es posible en la viña del señor Trump y su doctrina totalitaria.
Ahora es tiempo de prevenir atropellos de cualquier especie dejando en claro que aquí hemos declarado hace ya muchos años «nulos e írritos» cualquier mandato e injerencia provenientes de cualquier poder extranjero. Y esto debe quedar bien claro, no importan las «críticas» de la oposición, pues cualquier crítica a la independencia de acción es irrelevante, es un insulto a la soberanía misma del Estado.
Aquí la ley incluye ser «chúcaro y libre» y el cipayismo no es palabra de nuestro diccionario ni artículo en nuestra Constitución –aunque de genuflexos, corruptos y alcahuetes está el mundo lleno, y estas costas no son la excepción.
Ignorar el incidente y agachar la cabeza como cordero que va al matadero sólo dejaría al descubierto debilidad (y cobardía) y falta de respeto a las instituciones y al pueblo mismo de esta república, y sería también el inicio del triste camino del servilismo que recorren otras naciones del planeta.
(¿O ya estamos en él…?)
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¿Y para qué Uruguay necesita «asistencia internacional del departamento de estado» (de ee.uu )?
Disculpen la ignorancia, que tal vez es tremenda, pero la «asistencia internacional» ¿en qué consiste?
¿Es tan importante que Uruguay no puede vivir sin ella?
Ese «departamento de estado» define sus funciones como, y se traduce literalmente de su web: «Encabezando la política exterior para impulsar los intereses y la seguridad del pueblo americano» (bueno, sólo estadounidense y ningún otro pueblo). Eso es lo que está escrito en su propia definición.
Es obvio que los «intereses» del pueblo de ellos no siempre coinciden con los intereses de otros pueblos, es más, a veces chocan de frente.
Y chocan de frente siempre con el enunciado de «América» first, que debería ser «Estados Unidos first», pues América empieza en Groenlandia y termina en el sur chileno-argentino.
Y el choque es frontal simplemente porque cada país pone sus prioridades primero, o sea que Canadá first para los canadienses, Uruguay Primero para los uruguayos y ahí es donde deben basarse todas las leyes de cualquier país que se respete a sí mismo como tal.
Es tan implícito, tan entendible, tan respetable y tan lógico que ningún país lo menciona y hacer de ello un slogan es sólo una muestra de una arrogancia agresiva y extremista con el implícito mensaje de «mis prioridades están por encima de tus prioridades y si no te gusta te parto al medio».
Y bueno, este «departamento de estado» es un departamento federal ejecutivo que desarrolla y lleva a cabo la política exterior del presidente y provee servicios a los ciudadanos de los ee.uu. y a gente que quiere visitar o emigrar a los ee.uu.
La política exterior del presidente mismo, cabe aclarar aquí, tiene una autonomía cuasi dictactorial, pudiendo determinar ayuda a un país acólito en desgracia o un bombardeo a otro que no se doblega a «los intereses del pueblo» de ee.uu.
No vemos una funcionalidad práctica para Uruguay en las actividades de ese organismo extranjero, a menos que sean no atraer la ira del presidente naranjón al punto que decida (ilegalmente) «castigarnos» por no seguir su línea particular de acción… (¿es aquí donde le tiemblan las rodillas a nuestro presidente?)
Otra consecuencia menor sería que no otorgasen más un visado turístico –hay por cierto muchos otros lugares bellos en el mundo– y que no dejaran emigrar más uruguayos hacia allí (lo cual evitaría extremas humilliaciones, rechazos de entrada en el aeropuerto, residencia clandestina o pagos de impuestos por servicios a los que no tienen derecho, y ni qué hablar de la salud –los servicios más caros del mundo– ni la educación, donde irían a extrañar la gratuidad de nuestra enseñanza, y ni qué hablar si a uno lo llevan preso…!).
O sea que, y resumiendo, este «departamento» es perfectamente prescindible para LOS INTERESES DEL PUEBLO URUGUAYO y su «ayuda internacional» que se la ofrezcan a los chinos a ver qué dicen.
Por aquí le podríamos contestar «no, gracias, recién tiré».
Y si hay otras «ayudas» pues que expliquen claramente cuáles son y de qué manera tan imprescindible benefician al pueblo uruguayo.
Hasta el momento nunca me tocó nada que viniese con un papel escrito «ayuda del departamento de estado de ee.uu. para usted, ciudadano de Uruguay».
La dignidad no tiene precio, ninguna «ayuda internacional» de ningún «departamento de estado» puede comprarla, y dejar que sea pisoteada es traicionar a quienes uno representa y traicionarse a uno mismo.
DESAPROBACION 57% CINCUENTA Y SIETE POR CIENTO……..Y YA PASARON 17 MESES……..