¿Qué hacer cuando la DGI determina que una empresa debe impuestos?. ¿Cómo se prueba una exoneración fiscal ante el BPS cuando la fiscalización exige más de lo que la ley requiere?. ¿Qué vías existen para reclamar créditos contra el Estado o para defenderse de una determinación de oficio en obras de construcción?. Estas preguntas resumen uno de los mayores desafíos que enfrenta hoy la práctica tributaria en Uruguay: procesos largos, sin plazos definidos y sin una instancia que medie entre el contribuyente y el fisco antes de llegar a la Justicia.
Procesos largos, sin plazos y sin una defensoría del contribuyente
Uno de los principales problemas que enfrenta el asesor tributario en Uruguay es la duración de los procesos. El último dato disponible del año 2023, muestra que un 74% de las inspecciones realizadas por DGI se realizó en un plazo de 180 días. Sin embargo, no existe por ley un límite a lo que dura una inspección fiscal, lo que genera incertidumbre para el contribuyente desde el inicio mismo de la fiscalización. A esto se suma que, una vez notificada la determinación, los plazos para presentar recursos administrativos son breves, mientras que los procesos administrativos y, eventualmente, los que se ventilan ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) han tendido a prolongarse en forma excesiva, en un contraste que el propio sistema jurídico reconoce como un obstáculo para una adecuada defensa.
Esta demora no es un dato menor: el propio TCA ha limitado el cobro de recargos por mora cuando la extensión de la inspección responde a dilaciones atribuibles a la propia Administración, reconociendo así que el contribuyente no debe cargar con los costos de la lentitud estatal. Si a la fiscalización se le suma el tiempo que insume resolver los recursos administrativos y, eventualmente, litigar ante el TCA, el proceso completo puede extenderse por varios años, con el consiguiente costo económico, financiero y reputacional para el contribuyente. En caso de que la liquidación sea anulada, todavía resta una etapa adicional: la del juicio reparatorio patrimonial, la vía mediante la cual el contribuyente puede reclamar al Estado el resarcimiento de los daños sufridos como consecuencia de una actuación tributaria ilegítima, puede insumir tres años más.
A esta complejidad se agrega una particularidad del sistema uruguayo: a diferencia de otros países de la región, no existe una defensoría del contribuyente que actúe como instancia de articulación previa entre el contribuyente y la Administración antes de judicializar el conflicto. La experiencia conocida en un reciente evento académico organizado por el Instituto Uruguayo de Estudios Tributarios, expuso que en Chile se lograron conciliaciones en un promedio de 50 días, evitando ir a los tribunales.
Frente a esta diferencia en los plazos, de los 50 días que podría resolverse una cuestión antes de ir a la vía judicial, en relación a los años que involucra una controversia tributaria, la preparación técnica del asesor —conocer a fondo las reglas probatorias, los plazos, las vías recursivas y los criterios jurisprudenciales— se vuelve un factor determinante para anticipar contingencias y para definir, en cada caso, la estrategia de defensa más eficaz.
Una propuesta de formación para responder a estos desafíos
Frente a este escenario, en agosto se lanza el curso «Procedimiento tributario y defensa del contribuyente: herramientas prácticas para el asesor tributario». Se trata de una propuesta innovadora, en el ámbito de cursos que ofrece el Colegio de Contadores, tanto por los temas específicos que aborda —poco frecuentes en la oferta de formación continua tributaria— como por el perfil de quienes la dictan: un panel que combina la mirada judicial, académica y del ejercicio profesional independiente. Al desarrollarse en formato 100% virtual, en vivo por Zoom, el curso permite que asesores tributarios de todo el país —y no solo de Montevideo— puedan participar, con la posibilidad además de acceder a las grabaciones de cada clase.
El programa no se queda en la teoría: se construye a partir de situaciones habituales en la práctica profesional y del análisis de jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). A lo largo de las cuatro sesione, se abordará la determinación sobre base presunta y las tendencias actuales de la jurisprudencia contencioso-administrativa en materia de procedimiento; el régimen de exoneraciones ante el BPS, con su marco constitucional, legal y reglamentario, las reglas probatorias y la carga de la prueba en fiscalización, los conflictos frecuentes de encuadramiento e interpretación, el control judicial de la razonabilidad administrativa y las estrategias de defensa disponibles —desde el agotamiento de la vía administrativa hasta la eventual acción contencioso-anulatoria—; la identificación preventiva de contingencias en la práctica profesional, la gestión de créditos contra el Estado y la responsabilidad patrimonial por actividad tributaria desde un enfoque jurisprudencial; y finalmente la determinación de oficio en el ámbito del BPS, con especial énfasis en obras de construcción, su normativa, procedimiento y los aspectos más controversiales en la gestión de los expedientes administrativos.
Expositores de trayectoria destacada
- José Gómez Leiza. Doctor en Derecho (UDELAR). Ex Juez Letrado. Abogado en ejercicio. Socio de ADS Asesores Consultores. Disertará sobre determinación sobre base presunta y temas actuales de procedimiento en la jurisprudencia contencioso-administrativa.
- Verónica Robles. Doctora en Derecho (UDELAR). Especialista en Derecho Tributario y Seguridad Social. Abordará las exoneraciones ante el BPS, sus reglas probatorias, los conflictos frecuentes de interpretación y las estrategias de defensa ante la fiscalización.
- Marcelo Patritti Isasi. Ex Juez Letrado del Interior (Supl.) adscripto a la Suprema Corte de Justicia. Ex Asesor Técnico Abogado del TCA. Maestrando en Sistemas de Justicia y Racionalidad por la Universitat de Girona y la Universitá Degli Studi di Genova. Compartirá herramientas para la identificación preventiva de contingencias, la gestión de créditos contra el Estado y la responsabilidad patrimonial por actividad tributaria.
- Santiago Orellano. Contador Público egresado de UDELAR. Perito del Poder Judicial. Contador independiente con orientación tributarista. Expondrá sobre la determinación de oficio en el ámbito del BPS, con énfasis en obras de construcción.
El curso está especialmente pensado para contadores, abogados, estudiantes avanzados y jóvenes profesionales que se inician en la práctica tributaria.
Datos del curso
- Nombre: Procedimiento tributario y defensa del contribuyente: herramientas prácticas para el asesor tributario
- Fechas: 10, 13, 17 y 20 de agosto de 2026
- Horario: 18:00 a 20:30 hs
- Modalidad: 100% virtual, clases en vivo por Zoom, con grabaciones y actividades disponibles en Moodle, abierto a participantes de todo el país
- Docentes: José Gómez Leiza, Dra. Verónica Robles, Dr. Marcelo Patritti y Cr. Santiago Orellano
- Aprobación: No se prevé una instancia de evaluación, y se entregará certificado de asistencia
Más información e inscripciones: cursos@cceauy.com | ccea.com.uy | 2903 10 00
