Sin Verdad no habrá paz ni justicia

Los hechos que transcurren en los últimos días arrojan una gran realidad del tema derechos humanos en Uruguay.Es que no está saldado ni laudado por ley o por declaración de algún dirigente que pudiera ser referencia para algunos y sus palabras excremento puro para otros.

La restauración social sólo se construye con verdad ,investigación y no abandono de la búsqueda de los desaparecidos.

La dictadura militar en Uruguay, que se extendió desde 1973 hasta 1985, dejó una profunda huella en la sociedad uruguaya. Este periodo marcado por la represión, la violación sistemática de los derechos humanos y la desaparición forzada de personas ha generado un legado de dolor y sufrimiento que aún resuena en la memoria colectiva del país. La búsqueda de sanar estos daños, a través de la verdad y la justicia, se ha convertido en un imperativo moral y social para la construcción de una sociedad más justa y democrática.

En este contexto, la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, conocida popularmente como la ley de impunidad, se convirtió en un obstáculo significativo para la justicia. Promulgada en 1986, esta ley buscaba proteger a los militares y agentes del Estado que habían cometido violaciones de derechos humanos durante la dictadura, alegando que sus acciones estaban justificadas en el contexto de la lucha contra la subversión. Sin embargo, este marco legal no solo negó justicia a las víctimas y sus familias, sino que también perpetuó el silencio y la impunidad en torno a los crímenes del pasado.

La sociedad uruguaya ha enfrentado grandes tensiones en la búsqueda de la verdad y la justicia. Por un lado, hay un fuerte deseo de recordar y reconocer a las víctimas; por otro, existe una resistencia por parte de ciertos sectores que prefieren dejar atrás el pasado, temerosos de las divisiones que la discusión de estos temas puede generar. Esta polarización ha dificultado el avance hacia la reconciliación y ha creado un ambiente de desconfianza entre diferentes grupos en la sociedad.

Las comisiones de verdad, como la Comisión para la Paz, han desempeñado un papel fundamental al documentar testimonios y evidencias, pero se requiere un compromiso más profundo y sostenido por parte del Estado y la sociedad para garantizar que estas voces sean escuchadas y valoradas.

El proceso de sanación también implica reconocer el impacto de la dictadura en la vida cotidiana de los uruguayos. Las secuelas de la represión se extienden más allá de las víctimas directas; afectan a sus familias y a la sociedad en su conjunto. La memoria y la educación juegan un papel fundamental en este proceso, fomentando un entendimiento más claro de la historia reciente del país y de la importancia de los derechos humanos. Iniciativas en escuelas y comunidades que promueven la discusión sobre estos temas son esenciales para construir un futuro en el que se respete la dignidad humana y se prevengan futuros abusos.

El camino hacia la verdad y la justicia es complejo y requiere un compromiso colectivo. La sociedad uruguaya debe seguir abogando por el reconocimiento de los hechos y la reparación de las víctimas. Esto no solo implica justicia a nivel judicial, sino también un proceso de reconciliación que aborde las heridas abiertas por la dictadura. Es fundamental que quienes perpetraron estos crímenes reconozcan su responsabilidad y que se establezcan mecanismos de reparación para las víctimas y sus familias.

Sanar los daños generados por la dictadura militar uruguaya es un desafío que requiere valentía, compromiso y un esfuerzo conjunto de la sociedad. La búsqueda de verdad y justicia no es solo un deber hacia las víctimas, sino un paso esencial para construir una democracia sólida y un futuro en el que los derechos humanos sean plenamente respetados. La memoria y el reconocimiento son herramientas poderosas en este proceso, y cada esfuerzo por hacer justicia es un paso hacia la sanación colectiva.