El conflicto generado en torno al Plan de Egreso y Titulación para Docentes en Ejercicio de Educación Media de la ANEP ya lleva dos meses de ocupaciones, protestas y posicionamientos, pero frente a una notoria ausencia del reconocimiento del error ni el problema o al menos una respuesta por parte del CFE y la ANEP. La realidad es que esta situación no puede verse como un tema puntual de política de las autoridades buscando la reafirmación de la lealtad política de profesores sin título ante la próxima elección de representantes docentes, sino que estamos ante un escenario más de la política de corporativización de la gestión educativa por parte del actual gobierno.
Y a la vez como parte de tensiones derivadas del desplazamiento de un paradigma educativo obsoleto centrado en la docencia, la enseñanza y la institución, hacia un paradigma emergente centrado en el estudiante, su aprendizaje y su trayectoria futura como centro de la política educativa. Sin duda que la corporativización y el ingreso como “efectivos“ de docente que carecen de títulos y por ende no habilitados legalmente, está vinculado a enfoques ideológicos del nuevo gobierno educativo y de su gobernanza educativa entregada a los gremios y sindicatos. También el Plan aprobado es derivado de la constatación de la ausencia de apoyo parlamentario a la creación de una Universidad de la Educación gremializada centrada en la cogestión y el poder gremial docente frente a enfoques centrados en los méritos, en los estudiantes o en lo académico, por lo que no podrán entregar títulos a quienes no hayan completado los estudios establecidos. Indudablemente también el Plan aprobado es resultado de la actual hegemonía educativa de militantes gremiales de la ATD y los sindicatos, y no en enfoques académicos o entrados en los méritos reales.
Las transición desde un enfoque centrado en la enseñanza (docentes) a un enfoque centrado en el aprendizaje (estudiantes), se está produciendo a escala global y es un proceso tenso y compleja, tal como se pudo constatar en el conflicto que se produjo el año pasado cuando las nuevas autoridades del CFE cerraron y redujeron cientos de cursos, fundamentalmente en el interior, centralizaron la modalidad semipresencial en Montevideo y agruparon cursos, aduciendo falta de recursos y que llevó a múltiples ocupaciones y protestas docentes y estudiantiles. En ese caso, el conflicto se focalizó en una tensión Montevideo-interior, que tiene fuertes raíces desde que se crearon los CERP y el IPA fue perdiendo parte de su protagonismo político-gremial. En el gobierno anterior, las autoridades y actores educativos eran dominantemente del interior y habían impulsado con mayor intensidad la descentralización institucional. También en la búsqueda de ahorro por parte del CFE para poder contratar –como efectivamente hicieron- un aparato corporativo adscrito al propio CFE de casi 60 secretarios o comisarios de los Departamentos académicos y designados a dedo en asambleas sin ninguna garantía de calidad o ecuanimidad.
El actual conflicto, de los títulos de cartón, enfrenta a docentes titulados junto a estudiantes, frente a docentes sin título, y las autoridades buscan que este grupo –más militante- tenga un mayor protagonismo en los concursos de efectividad futuro, incluso frente a los docentes titulados. En lo conceptual, el instrumento del Plan, se basa en considerar que la práctica como ejercicio curricular, que todos los estudiantes realizan en sus carreras docentes, tiene menos valor que la práctica del ejercicio laboral sin acompañamiento docente y fuera de la estructura curricular.
Sin embargo, la experiencia laboral no equivale automáticamente a la formación curricular teórico-práctica, ya que no tienen el mismo peso los mecanismos de evaluación de los estudiantes en sus prácticas docentes frente a una evaluación laboral sobre los docentes, ni una articulación a la teoría. La práctica educativa no es lo mismo que el ejercicio profesional, y mucho menos incluso por quienes no han concluidos los estudios concluidos y no se han titulado.
La práctica solo es académicamente pertinente cuando está inserta en un diseño curricular específico e implica procesos de evaluación capaces de verificar las competencias alcanzadas y que están definidas en el perfil de egreso escolar. En nuestra formación docente, la práctica está incluida en la enseñanza, y ella es requisito para titularse como articulación integral de teoría y práctica desde Grompone. Sin embargo, se ha habilitado el ingreso a la enseñanza de docentes no titulados y ahora se propone una valorización curricular de esas actividades laborales como si fueran prácticas académicas, a contramano de lo dispuesto en la Ley General de Educación que establece la obligatoriedad de titulación. Ello además en lo académico contiene una contradicción institucional enorme, ya que el sistema considera que esas personas no han completado la formación requerida para ser profesores titulados, pero las contrata para enseñar a otros estudiantes. Se reconoce contractualmente mediante una plaza laboral a personas que académicamente no se las reconoce idóneas al carecer de certificación.
Paradójicamente, el conflicto de los “títulos de cartón” muestra una de las contradicciones mayores de la educación pública, y salta como problema en el marco del pasaje desde una educación centrada en quien enseña hacia otra centrada en quien aprende, que no supone menos exigencia, sino trasladar la exigencia hacia la calidad de los docentes y los aprendizajes efectivamente alcanzados de los estudiantes.
