Situación en frontera: una realidad que requiere medidas que intenten contrarrestar los diferenciales de precios

La diferencia de precios con respecto a Argentina y Brasil, es un fenómeno que impacta de manera directa en la actividad económica de las empresas instaladas en la frontera y que se ha mantenido en la agenda de gobierno como uno de los principales desafíos a enfrentar. Para abordar las características y consecuencias de este fenómeno, Diario La R dialogó con la asesora económica de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, Ana Laura Fernández, quien explicó que si hacemos foco en la situación de frontera, “vivimos dos realidades”, por un lado y en particular los años previos, “la relación de precios desfavorable se daba en el litoral con Argentina”.

Si bien, actualmente, “debido a los cambios políticos, pero también de las decisiones y cierto reordenamiento de la macroeconomía en el país vecino, esa situación se fue revirtiendo y hay un escenario donde el impacto negativo es menor para el sector comercio y servicios”, recuerda que los signos no se sintieron únicamente en la frontera, sino que “impactó a nivel país”.

Esto se especifica en dos aspectos: el primero “por lo profundo de esa relación de precios”, o sea, “la asimetría en materia de precios relativos fue muy importante” y el otro aspecto “fue la duración en el tiempo, que provocó que el impacto negativo no solo quedara en la situación de frontera, sino que permeara a todo el país”, afectando así al sector en términos generales durante 2023 y la primera mitad de 2024.

En el caso de la frontera con Brasil, “la relación de precios fue más desfavorable para Uruguay, en particular a finales del año pasado”. Informó que si bien “no se encuentra en los niveles que llegamos a tener con Argentina”, hay una realidad diferente a analizar, por la propia característica de ser una frontera seca.

“Cuando la relación de precios se vuelve desfavorable para Uruguay, la realidad económica en zonas de frontera es más compleja y desafiante”, expresó. En ese sentido, explicó que tomando en cuenta el precio de una canasta de determinados bienes de consumo diferencial de precios, en el caso con Brasil, está en el entorno del 78%. En cambio con Argentina, “llegamos a superar el 200% y hoy estamos en el entorno de 24%”, analizando así que, “por un lado, tuvimos una reversión de lo que fue la relación de precios desfavorable con Argentina, y por otro, un incremento en la relación de precios desfavorables con Brasil”. En el primer caso, el resultado de esa reversión se traduce en una “mejora en la realidad económica en los departamentos y en las empresas localizadas allí” y en el segundo, “en términos, sobre todo, de percepción y de lo recibido por parte de los comerciantes de frontera, evidentemente esta relación de precios actual genera perjuicios negativos para la actividad económica local, aumento de lo que tiene que ver con el informalismo y demás”.

Fernández informó que cuando se observan los datos de la encuesta de actividad que la Cámara de Comercio realiza, “en el caso con Brasil hay una situación diría de estancamiento de la actividad comercial en los últimos meses de 2024. Sin embargo, en el comienzo de este año tuvimos un crecimiento de casi el 3%”. En ese contexto, explica que “tenemos el impacto negativo de la frontera, pero pasamos por una temporada turística”, entonces, “cuando uno ve los datos a nivel agregado, pueden estar contrarrestando la realidad de algunas empresas que han sufrido más negativamente esta relación de precios desfavorables en materia de comercio”.

En el caso de la región con el litoral “vimos una recuperación en los últimos periodos de 2024 y este primer trimestre de 2025 comenzamos con una leve caída de menos del 1%, pero, si uno amplía la mirada, hay una recuperación de la actividad comercial”.

En el mes de junio, el Departamento de Investigación y Estadísticas del Ministerio de Turismo publicó los datos de la temporada turística, en los que “efectivamente se observa que, respecto a los períodos anteriores, Uruguay vivió una mejor temporada turística, que no solo se tradujo en una mayor llegada de turistas, sino también en términos de gasto”.

Medidas del Gobierno

Describiendo la realidad de la situación de frontera como algo “estructural”, que no solamente tiene aspectos económicos, sino también culturales y sociales, el planteo es “buscar medidas que intenten contrarrestar los diferenciales de precios, por un lado que estimulen al consumidor y se disminuya el corrimiento del consumo hacia los países vecinos, y también medidas de apoyo a las empresas formales que evidencian esta situación y ven una caída muy importante en sus niveles de venta”.

La asesora analiza que “en muchos casos se enfrentan a una competencia desleal muy importante” y que “cuando estas realidades de precio son tan amplias, la capacidad de control que tiene la Aduana se ve totalmente desbordada”. Entonces, entiende que no solamente el consumidor se corre a consumir en los países vecinos, sino que también comienza a haber una mayor oferta de productos que ingresan de forma ilegal.

“Los departamentos de frontera son unos de los que enfrentan mayores debilidades en materia económica, de generación de puestos de trabajo y del poder adquisitivo de los hogares. Cuando se generan estos diferenciales de precios tienen un impacto negativo muy directo y muy rápido en las propias empresas”, expresó. Ante esto, reiteró la importancia de entender la situación como un problema estructural, porque “es una realidad compleja que se sostiene en el tiempo y cuya problemática se profundiza con los diferenciales de precio”.

Autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas presentaron la semana pasada, ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, el proyecto de ley que busca atender la diferenciación de precios en la frontera con Brasil. En total, suman cinco medidas que incluyen: (I) eliminación del IVA mínimo y reducción del 50% de la tasa básica (11%); (II) extensión del subsidio al 100% del arrendamiento de las terminales de POS para monotributistas y Literal E; (III) ampliación de la reducción del Imesi a las naftas de 24% a 32% en la frontera con Brasil; (IV) exoneración total de tributos a la importación para determinados productos y (V) una reducción de hasta 75% en los aportes patronales de los nuevos empleos formales que las empresas ubicadas a menos de 60 km de un Paso de Frontera creen en los próximos 12 meses.

Fernández destacó que las medidas persiguen los objetivos mencionados: accionar sobre las empresas, “tratando de revitalizarlas disminuyendo sus costos de funcionamiento y de contratación de personal” y también buscando estimular al consumidor, “acortando esa brecha de precios”, considerando así que son “una batería de medidas interesantes” porque “impactan en la oferta por parte de las empresas pero también desde el lado de la demanda”.

Otro aspecto que destacó es que hay situaciones puntuales que pueden ser discutibles, como las distancias marcadas, pero admite que “hay que poner un punto porque el gobierno también se tiene que cuidar”; en ese sentido aclaró que “al final del día, estas medidas tienen un costo fiscal, que puede ser en cierta forma compensado por una mayor actividad económica, pero en el mediano a largo plazo. En el punto de partida implica un costo fiscal”. A su vez señaló que las medidas “apuntan a ser aplicadas en el mundo formal, dejando por fuera el canal informal, con el objetivo de estimular a que efectivamente las actividades económicas se desarrollen en el canal formal”.

Por último habló del impacto que tendrán respecto al objetivo por las que fueron puestas: “Hay que analizar si efectivamente logran revitalizar o generar una mayor actividad económica en los departamentos de frontera y hacer una revisión de las medidas, porque los diferenciales de precios fluctúan, entonces creo que es relevante también hacer un seguimiento, porque lo que puede ser bueno hoy quizás de aquí a 3 meses cambie”.

Análisis de la Cámara

Desde la Cámara de Comercio plantean que “más allá de la política de frontera, donde claramente se vive una realidad diferente o propia de lo que es la economía en general”, hay factores que están claros como “los diferenciales de precios, lo poco competitiva que es nuestra economía, lo complejo que es para las empresas desarrollar su actividad comercial, los altos costos que tienen que enfrentar ante una economía que crece poco”, entonces estas medidas no pueden ser soluciones permanentes a un problema de raíz estructural. Entienden que se requiere de un “accionar más eficiente” por parte de los diferentes organismos de contralor, como la Aduana, la DGI, el MPS y el MGAP,  mediante coordinación e intervención, con el fin de combatir estas situaciones de competencia desleal que provocan un impacto negativo en la economía y en la sociedad.

“Hay mucho para trabajar, porque eso al final va a incidir en reducir estas brechas de precios tan importantes que tenemos con la región, pero también con el mundo. Nosotros ya hemos volcado nuestros insumos y la información que hemos logrado recoger en estos últimos años, a través de las empresas socias de la Cámara, poniendo sobre la mesa aquellos puntos en los que entendemos que es más importante accionar, como por ejemplo, reducir la carga tributaria que genera sobre costos en las empresas y estimulan un mercado no formal, así como también simplificar el proceso de importación y de comercialización a nivel local, porque ser formal y hacer un negocio tiene un costo muy alto”, expresó.