Florencia Sorrondeguy fue sancionada con 180 días sin goce de sueldo por dictar medidas cautelares de manera telefónica, sin convocar a una audiencia que permitiera escuchar a la víctima. Esta omisión impidió el debido proceso y privó a Lagos del derecho a recibir una respuesta efectiva por parte de la Justicia. Por su parte, la jueza Claudia Valetti también fue suspendida, aunque por un periodo de 60 días, debido a que el expediente de Lagos quedó archivado tras un seguimiento policial.
El juicio contra el femicida de Lagos, que había comenzado el 21 de agosto, quedó en suspenso tras la sanción de las juezas. El fiscal Ignacio Montedeocar solicitó una pena de 30 años de prisión para el acusado, junto con 15 años de medidas eliminativas.
Natalia Lagos, asesinada el 2 de agosto de 2023, había denunciado a su agresor y solicitado la colocación de una tobillera electrónica, medida que nunca se concretó. Su expareja, un ex policía de 29 años, irrumpió en su hogar, apuñaló a un amigo que estaba cuidando a la joven, la privó de libertad, robó el auto del joven y finalmente chocó contra el peaje de Soca. Lagos murió a causa de las graves heridas infligidas por el agresor, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva.
La familia de Lagos demandó al Estado por la omisión en la prestación del servicio de Justicia y el incumplimiento de la ley que garantiza la protección integral de las víctimas de violencia de género. Este caso refleja las graves consecuencias de la falta de perspectiva de género en el sistema judicial, que, en lugar de proteger a las víctimas, perpetúa la violencia a través de la inacción y la falta de diligencia.
El juicio por el femicidio, que se estaba llevando a cabo en el juzgado de Atlántida con la participación de cerca de 20 testigos, se retomará una vez que las juezas cumplan sus sanciones, dejando a la familia de Lagos en la espera de justicia.
Y eso que son magistradas. Más que un caso de machismo, es una negligencia, y no hay sanción que devuelva una vida.