Trump en la ONU y la retórica de la fuerza, reaviva los fantasmas del fascismo

El discurso de Donald Trump ante la Asamblea General de las Naciones Unidas dejó una pregunta que excede a Estados Unidos: ¿qué ocurre con el orden internacional cuando la principal potencia del mundo presenta su capacidad de imponer decisiones como argumento político suficiente? La respuesta importa en Uruguay y en cualquier país que necesita reglas para relacionarse con Estados más poderosos. La Carta de la ONU nació precisamente del propósito de evitar que la fuerza volviera a decidirlo todo

Trump habló el 22 de septiembre ante la 81.ª Asamblea General. Defendió una política exterior basada en la afirmación del poder estadounidense y sostuvo que su país empleará su capacidad militar cuando considere comprometidos sus intereses vitales. Cuestionó a organismos internacionales y volvió a colocar a Irán y a Venezuela en el centro de su exposición. Son posiciones que un gobierno tiene derecho a defender. También son posiciones que los demás países tienen derecho a discutir, especialmente cuando se anuncian desde la tribuna creada para resolver controversias mediante la cooperación.

El problema no es que Estados Unidos exprese sus intereses. Todos los Estados lo hacen. El problema comienza cuando el interés propio se presenta como una autorización suficiente para actuar sobre otros, o cuando los mecanismos de control son tratados como obstáculos molestos. Una organización internacional puede ser lenta, contradictoria e incapaz de impedir tragedias. La ONU ha mostrado esas limitaciones demasiadas veces. Pero su debilidad no convierte en deseable un mundo en el que cada potencia decide, por sí misma, cuándo puede prescindir de las reglas.

La crítica a las instituciones multilaterales puede ser legítima y necesaria. Exigirles eficacia, coherencia y responsabilidad es distinto de erosionar el principio que las sostiene. Si una potencia reclama para sí excepciones permanentes, las demás reclamarán las suyas. Si las decisiones militares se justifican únicamente por la superioridad de quien las ejecuta, el derecho internacional pierde su función más difícil y más valiosa: poner límites incluso a los poderosos.

La historia obliga a tomar en serio ese riesgo. La Carta de las Naciones Unidas fue redactada después de una guerra que demostró hasta dónde podía llegar la política de expansión y dominio. Su compromiso de preservar a las generaciones futuras del flagelo de la guerra no fue una fórmula ceremonial.

Fue la conclusión de una catástrofe. Invocar esa memoria exige precisión: no corresponde equiparar automáticamente a un dirigente actual con Hitler ni convertir cada discurso agresivo en una repetición del nazismo. Esas comparaciones pueden atraer atención, pero también debilitan una crítica que cuenta con argumentos propios.

Alcanza con mirar el presente. Cuando un presidente reivindica el uso de una fuerza militar incomparable para asegurar los intereses de su país, corresponde preguntarle quién define esos intereses, qué límites acepta, qué controles intervienen y qué derechos conserva la población afectada. Esas preguntas no representan hostilidad hacia Estados Unidos. Son las preguntas que cualquier sociedad democrática debería dirigir a quien ejerce un poder de semejante alcance.

El texto que motiva este editorial plantea, además, una preocupación por la libertad de prensa y el trato a los menores migrantes. Ambas cuestiones merecen atención rigurosa. Las denuncias concretas sobre restricciones de acceso a medios, instalaciones de detención o traslados de niños deben examinarse con documentos, decisiones judiciales y respuestas de las autoridades involucradas. La gravedad del asunto impide dar por probado cada detalle de una denuncia solo porque encaje con una valoración crítica del gobierno.

Ese cuidado no suaviza la posición editorial. La endurece donde corresponde. Una prensa independiente necesita poder preguntar, investigar y publicar información incómoda sin que el gobierno decida qué cobertura merece acceso y cuál debe ser castigada. Los funcionarios pueden refutar errores, reclamar rectificaciones y defender públicamente sus decisiones. También deben aceptar que el periodismo fiscalice al poder. Si la crítica se confunde con una amenaza al Estado, se deteriora una garantía que protege incluso a quienes apoyan al gobierno de turno.

Con los niños migrantes la exigencia es todavía más elemental. Un menor que atraviesa una frontera sin compañía no puede reducirse a una cifra dentro de un operativo de control. Su situación requiere protección, asistencia jurídica y un examen individual de los riesgos que enfrenta. El Estado conserva la potestad de administrar sus fronteras y resolver solicitudes de asilo conforme a derecho. Esa potestad no elimina sus obligaciones hacia quienes se encuentran bajo su custodia, mucho menos cuando son niños.

Estas discusiones se conectan por un mismo hilo: el poder necesita límites verificables. Los necesita cuando actúa fuera de sus fronteras, cuando responde a periodistas y cuando decide sobre la vida de personas vulnerables. Un gobierno puede ganar una elección con la promesa de actuar con dureza. Esa victoria le da autoridad para gobernar dentro de la ley; no le concede una excepción frente a ella.

Hay quienes ven en los organismos internacionales una sucesión de discursos incapaces de detener guerras. La frustración tiene fundamentos. La selectividad con que se aplican ciertos principios, los bloqueos políticos y la distancia entre las resoluciones y los hechos han dañado la credibilidad del sistema. Negarlo sería ingenuo. Pero la respuesta a una regla incumplida debe ser exigir su cumplimiento y reformar los mecanismos que fallan. Abandonarla porque incomoda a los Estados fuertes dejaría a los países pequeños y a las poblaciones civiles con menos instrumentos de defensa.

Uruguay conoce el valor práctico de ese principio. Su peso militar o económico no le permite imponer condiciones al resto del mundo. Su margen de acción depende de acuerdos, instituciones, comercio sujeto a reglas y espacios donde pueda sostener una posición sin pedir permiso a una potencia. Por eso, defender el multilateralismo no equivale a repetir consignas diplomáticas. Significa reclamar que las normas rijan para todos y que las controversias no se resuelvan por la capacidad de amenazar más fuerte.

Tampoco alcanza con denunciar los excesos ajenos. La defensa del derecho internacional exige coherencia frente a todos los gobiernos, incluidos aquellos con los que se mantienen afinidades políticas o vínculos comerciales. La protección de la prensa y de los niños migrantes merece el mismo criterio. Los derechos pierden autoridad cuando se invocan solo contra un adversario y se relativizan frente a un aliado.

Trump eligió la Asamblea General para exponer su idea del papel estadounidense en el mundo. Su gobierno podrá sostener que una política de fuerza produce seguridad; sus críticos deberán demostrar, con hechos y argumentos, los costos de esa apuesta. Lo que ningún dirigente debería pedir es inmunidad frente al escrutinio. Cuanto mayor es el poder que se reivindica, mayor debe ser la obligación de explicarlo y someterlo a controles.

La advertencia que deja esta Asamblea no necesita exageraciones históricas. Es suficientemente seria en sus propios términos. Si las potencias vacían las reglas cada vez que estas limitan sus decisiones, el sistema internacional quedará reducido a una negociación entre fuerzas desiguales. Y si, dentro de cada país, la prensa crítica y las personas más vulnerables dejan de contar con garantías efectivas, la democracia conservará sus ceremonias mientras pierde parte de su contenido.

La paz no se asegura con discursos solemnes ni con amenazas espectaculares. Exige límites, instituciones capaces de actuar y gobiernos dispuestos a responder por sus decisiones. Esa es la vara con la que corresponde medir el mensaje de Trump ante la ONU. También es la vara que Uruguay debe defender sin excepciones: ningún poder es tan grande como para quedar por encima del derecho.