Tucci: “La rescisión era inevitable ante incumplimientos contractuales graves”

El diputado del Movimiento de Participación Popular (MPP), Mariano Tucci, sostuvo que la decisión del Poder Ejecutivo de rescindir el contrato con el astillero español Francisco Cardama S.A. responde a una acumulación de incumplimientos contractuales que, a su juicio, hacían inviable la continuidad del vínculo.

Consultado por Diario La R sobre versiones de prensa que señalan que el Partido Nacional podría promover una comisión investigadora parlamentaria por el caso, Tucci indicó que hasta el momento no existe ningún planteo formal. “El Parlamento cuenta con herramientas de contralor para situaciones de relevancia nacional, pero analizaremos cualquier iniciativa cuando se formalice”, afirmó, evitando adelantar posición sobre escenarios hipotéticos.

El legislador oficialista señaló que, más allá del debate político, el presidente Yamandú Orsi “le puso punto final a una situación gravosa para el país”, tanto por la pérdida de tiempo como por el impacto económico en un proceso destinado a dotar a la Armada Nacional de patrulleras oceánicas (OPV).

Irregularidades contractuales

Tucci enumeró los principales elementos que, según el gobierno, fundamentaron la rescisión. En primer lugar, mencionó la inexistencia de la garantía de fiel cumplimiento y las deficiencias en la garantía de reembolso, exigidas contractualmente para asegurar la ejecución del proyecto.

“La garantía de fiel cumplimiento es inexistente y la de reembolso carece de valor jurídico porque la póliza presentada no cumple con lo establecido en el contrato”, afirmó.

En segundo término, hizo referencia al informe técnico elaborado por Bureau Veritas, que analizó el estado de construcción de los buques. Según explicó, el peritaje estableció que el astillero no contaría con la capacidad operativa necesaria para cumplir con los plazos comprometidos.

A ello sumó observaciones vinculadas al cumplimiento de la normativa de bandera uruguaya y a la ausencia de un proyecto constructivo definitivo con planos aprobados, lo que —según indicó— comprometería la verificación de estándares técnicos y de seguridad.

“Estamos hablando de elementos centrales del contrato, no de meras formalidades”, subrayó.

Responsabilidades y acciones judiciales

El diputado consideró que el proceso de adjudicación y seguimiento del contrato fue “muy discutible” y señaló que corresponderá a la Justicia y a las instancias administrativas determinar si existen responsabilidades institucionales o individuales.

En esa línea, recordó que el Frente Amplio presentó denuncias y que el Ministerio de Defensa lleva adelante actuaciones investigativas. Asimismo, destacó que el Ejecutivo anunció acciones en la órbita civil para reclamar daños y perjuicios, además de eventuales instancias arbitrales en el exterior si fueran necesarias para recuperar patrimonio estatal.

“Uruguay tiene que defenderse y reaccionar de manera ofensiva ante un conjunto de irregularidades que lo perjudicaron”, expresó.

Debate político y continuidad de políticas

Consultado sobre por qué el gobierno anterior continuó adelante con el contrato pese a advertencias tempranas, Tucci sostuvo que esa explicación corresponde al expresidente Luis Lacalle Pou y al entonces ministro de Defensa, Javier García. A su entender, la situación terminó generando una exposición política para la administración anterior.

No obstante, rechazó que la actual administración esté “barriendo con todo” lo actuado por el gobierno previo en materia de defensa. Como ejemplo, mencionó la continuidad de contratos vinculados a la empresa Embraer para la incorporación de aeronaves y a Indra en el área de radares.

“Lo que es bueno para el país es bueno para el Frente Amplio”, afirmó, al tiempo que defendió la necesidad de mantener proyectos estratégicos cuando cuentan con respaldo técnico y legal.

Alternativas en evaluación

En relación con el futuro de la flota, Tucci señaló que el gobierno se comprometió a contar con patrulleras oceánicas al finalizar el quinquenio, adquiridas a astilleros “serios y confiables” y mediante procesos que brinden garantías jurídicas y técnicas.

Si bien evitó detallar negociaciones en curso, reconoció que existen alternativas bajo análisis, incluida la eventual incorporación de un buque ofrecido por Estados Unidos como solución transitoria, que requeriría inversión adicional.

“El Uruguay necesita al menos dos unidades para asegurar la operatividad permanente”, explicó, en referencia a los criterios técnicos de rotación y mantenimiento que maneja la Armada.

En síntesis, Tucci defendió la rescisión como una decisión respaldada en fundamentos contractuales y técnicos, al tiempo que llamó a encauzar el debate en los ámbitos institucionales correspondientes. “El país no puede quedar atado a un contrato que no ofrece garantías”, concluyó.

Brenta y la rescisión: “Es una decisión jurídica, no política”

Por su parte, el senador del Frente Amplio, Eduardo Brenta, sostuvo que la rescisión del contrato con el astillero español Francisco Cardama S.A. responde a fundamentos estrictamente jurídicos y no a una decisión de carácter político, como han señalado dirigentes de la oposición.

En entrevista, el legislador afirmó que la determinación adoptada por el Poder Ejecutivo se basa en la inexistencia de las garantías contractuales exigidas para la construcción de dos patrulleros oceánicos (OPV) destinados a la Armada Nacional.

Brenta recordó que, en una primera instancia, el gobierno constató la ausencia de la garantía de fiel cumplimiento. “Se anunció públicamente que esa garantía no existía”, indicó. Posteriormente, al analizar la garantía de reembolso, se concluyó —según explicó— que el documento presentado no constituía formalmente una póliza válida, sino un texto de términos y condiciones que no cumplía con lo estipulado en el contrato.

“Aquí el problema no es político, es jurídico. La inexistencia de dos garantías fundamentales coloca al Estado en una situación de total inseguridad”, afirmó. En ese sentido, sostuvo que los elementos disponibles no aseguraban que Uruguay pudiera efectivamente recibir las dos patrulleras comprometidas.

El senador también cuestionó el proceso de adjudicación del contrato durante la administración anterior, al señalar que estuvo “plagado de irregularidades”. Entre otros aspectos, mencionó diferencias en los valores internacionales de buques similares y la falta de antecedentes del astillero en la construcción de patrulleras oceánicas.

Consultado sobre las críticas provenientes de dirigentes del Partido Nacional, Brenta rechazó que la rescisión tenga como objetivo afectar políticamente al expresidente Luis Lacalle Pou. “Cualquier decisión sobre un gobierno anterior involucra institucionalmente al presidente de ese período, pero no se trata de inventar una situación para perjudicar a nadie. La situación surge de los hechos y de cómo se contrató”, expresó.

En relación con las acciones judiciales, explicó que existen dos vías diferenciadas. Por un lado, la denuncia penal ya presentada, vinculada a posibles irregularidades en el proceso. Por otro, la eventual reclamación por daños y perjuicios, que se tramitaría por la vía civil, conforme a lo establecido en el contrato.

“El Estado va a reclamar lo que corresponda y veremos en qué medida puede resarcirse”, señaló.

Respecto a los pasos siguientes, Brenta confirmó que el gobierno analiza alternativas para dotar a la Armada de las patrulleras necesarias. Indicó que existen opciones en estudio, aunque evitó brindar detalles por tratarse de negociaciones incipientes.

También fue consultado sobre la posibilidad de aceptar un buque ofrecido por Estados Unidos como solución transitoria. Al respecto, señaló que se trata de una alternativa a evaluar, aunque aclaró que el navío requeriría inversiones adicionales y que, por razones operativas, la Armada necesita contar con al menos dos unidades para asegurar la rotación y disponibilidad permanente.

Finalmente, el senador consideró que el episodio deja lecciones institucionales relevantes sobre los mecanismos de contratación en materia de defensa. “Lo fundamental es que las decisiones se tomen con respaldo jurídico sólido y con garantías que protejan al Estado”, concluyó.