En las últimas dos décadas el país aprobó un marco normativo progresista que incluye la ley de unión concubinaria la ley de identidad de género, el matrimonio igualitario, la ley integral para personas trans y la tipificación de la discriminación por orientación sexual e identidad de género en su legislación penal. Estos avances sitúan a Uruguay en la vanguardia regional y global en materia de derechos civiles.
Sin embargo, estos avances normativos conviven con debates culturales persistentes y tensiones sociales no resueltas. La igualdad ante la ley no siempre se traduce en igualdad real en la vida cotidiana. Las personas LGBTQ+, en particular las personas trans, siguen enfrentando discriminación en el acceso al empleo, la vivienda, la educación y el sistema de salud, además de niveles elevados de violencia y exclusión social.
En este sentido, un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), titulado «Estereotipos nocivos de género y barreras al acceso a la justicia de personas LGBTQ+ en Uruguay», revela una brecha profunda entre el reconocimiento formal de derechos y su ejercicio efectivo.
El documento, basado en investigación y testimonios recopilados, identifica obstáculos estructurales. Estos limitan el acceso a la justicia, perpetúan la discriminación y exponen a esta población a situaciones de violencia y exclusión social. Aquí se reconoce la solidez del marco jurídico uruguayo. Y resalta que el país cuenta con la Ley N° 17.817 que declara de interés nacional la lucha contra el racismo, la xenofobia y toda forma de discriminación. Incluyendo la basada en la orientación sexual e identidad de género.
Además, se ha dotado de instrumentos como la Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de Discriminación. Sin embargo, este análisis muestra que esta construcción legal no se traduce en protección. El estudio señala que «las personas LGBTQ+ hacen una contribución significativa al tejido social», pero su aspiración a una vida plena se ve obstaculizada por estereotipos arraigados y barreras institucionales. Por otro lado, en la investigación se mostró una persistencia de estereotipos de género nocivos en los propios operadores del sistema de justicia, seguridad y penitenciario. El documento recoge testimonios que describen burlas, descreimiento y trato vejatorio hacia personas LGBTQ+ que acuden a comisarías o dependencias judiciales.
En este aspecto, testimonios evidencian que desde las comisarías en ocasiones no se muestran las mejores actitudes “Se ríen en la cara, se les nota el pensamiento de “algo habrás hecho”, no le creen, está sexualizada, se burlan». Otro relato, referido al ámbito penitenciario, indica: «Se ve mucho bullying de parte de los funcionarios tanto penitenciarios, como los operadores. Por ejemplo a la mujer trans la tratan por el nombre anterior. Frases como: “sos hombre, si estás acá porque sos hombre”.
No cabe dudas que estos prejuicios no solo son manifestaciones de violencia, sino que actúan como un disuasivo para que las víctimas denuncien delitos. El artículo concluye que estos estereotipos «condicionan el proyecto de vida». Y constituyen «un serio obstáculo para la protección de los derechos humanos de las personas LGBTQ+, incluyendo en relación al acceso a la justicia». La investigación identifica una desconfianza de la comunidad LGBTQ+ hacia el sistema judicial como mecanismo de garantía de sus derechos. Esta percepción se fundamenta en la expectativa de revictimización, la dilación de los procesos, los costos asociados y una baja probabilidad percibida de éxito.
Asimismo, se muestra una debilidad del marco normativo para la prevención, penalización y reparación específica de delitos contra la población LGBTQ+. Aunque el Código Penal tipifica los «actos de odio, desprecio o violencia» por orientación sexual o identidad sexual, los entrevistados consideran que este tipo penal es de difícil aplicación y prueba. Y que no abarca la gama completa de conductas discriminatorias definidas en la Ley. De igual forma, se muestra la inconformidad de una diferenciación entre la capital, Montevideo, y el resto del país. En el interior, el acceso físico a la justicia puede ser más directo y la sociedad civil organizada suele tener un vínculo más estrecho con las instituciones locales. Sin embargo, en ciudades más pequeñas y pueblos, los estereotipos de género binarios suelen estar más arraigados, lo que incrementa la exclusión.
Frente a este diagnóstico, el informe de Naciones Unidas para los Derechos Humanos plantea una serie de desafíos y recomendaciones dirigidas al mejoramiento de los mecanismos para la inclusión. Dentro de ellas se encuentran las campañas de sensibilización. Pues se destaca que no basta con capacitaciones voluntarias. Se requieren talleres y campañas dirigidas para deconstruir estereotipos y visibilizar la discriminación estructural que sufre la comunidad. Asimismo, enfatiza en el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, brindando asesoramiento y acompañamiento.
Por otra parte, sectores conservadores cuestionan lo que llaman “agenda de género”, mientras organizaciones sociales y colectivos de derechos humanos alertan sobre retrocesos discursivos. Pese a que no siempre se materializan en cambios legales, generan climas de hostilidad y legitiman prácticas discriminatorias.
Es necesario recalcar que Uruguay tiene datos específicos para fortalecer la inclusión. Pues, según la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay, la comunidad LGTBQ+ genera unos US$ 3 millones al PIB nacional al año, y tiene un poder adquisitivo combinado de alrededor de los US$ 7 millones. De ese mismo modo, debido a su legislación inclusiva y la promoción de derechos LGTBQ+, Uruguay atrae a unos 250.000 turistas LGTBQ+ al año.
Déjense de macanear. Si estas personas reciben discriminación es porque hacen alharaca con su condición sexual transgresora. Si guardan su orientación para la vida privada, nadie las va a discriminar.