La Comisión Coordinadora aprobó este martes la Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, tras completar un ciclo de cuatro sesiones de trabajo encabezadas por el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz.
El documento, que ahora deberá ser ratificado por el Poder Ejecutivo, fue elaborado sobre la base de la Evaluación Nacional de Riesgos realizada en 2023 y contempla ajustes alineados con la actual administración, según explicó Sandra Libonatti, directora de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft).
“Siempre hay desafíos, pero, en términos generales, estamos conformes. Estamos trabajando con un equipo fuerte para seguir avanzando en la materia”, afirmó Libonatti.
La estrategia define las principales líneas de acción para prevenir, detectar y sancionar operaciones vinculadas al lavado de dinero y al financiamiento de actividades ilícitas, en cumplimiento con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Una vez validado por el Ejecutivo, el documento servirá como marco rector para organismos públicos, entidades financieras, sectores no financieros obligados y operadores judiciales.
