Como la segunda transición centrada en el hidrógeno verde, la elaboración de una estrategia orientada a la neutralidad de las emisiones hacia 2050 y la internalización de la política ambiental en la política económica.
La conferencia, realizada este miércoles 26 en el hotel Hyatt de Montevideo, fue organizada por Ancap y la Asociación de Empresas de Petróleo, Gas y Energía Renovable de América Latina y el Caribe (Arpel).
En los últimos años, Uruguay se transformó en un país líder en el uso de energías renovables, debido a la prioridad brindada a la política de transformación energética. Sobre esta base, los ministros de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche; Industria, Energía y Minería, Omar Paganini; Ambiente, Robert Bouvier, y el presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, disertaron sobre los desafíos a los que se enfrenta el país en la materia.
Paganini destacó que en los últimos años Uruguay implementó políticas para transformar su matriz energética y logró la predominancia de energías renovables. El ministro señaló que “en un año normal”, el 60% de la energía proviene de fuentes renovables y tan solo el 40% de fuentes fósiles. En el mundo, este porcentaje llega a 80%, indicó.
También el país trabajó para mantener la equidad, sostenibilidad y seguridad energética. Uruguay ocupa el puesto 14 en el mundo, de acuerdo al World Energy Trilemma Index, publicado en 2022, informó.
Así, prosiguió, el país se enfrenta al desafío de profundizar el cambio y el Gobierno nacional impulsa acciones para lograr ese objetivo. El elemento central es el inicio de la segunda transición energética, que implica componentes centrales el hidrógeno verde y los combustibles sostenibles, informó. Al respecto, Paganini consideró que el país tiene la oportunidad de reemplazar los combustibles fósiles a partir del dióxido de carbono biogénico, que se genera con la producción agrícola y forestal.
Por su parte, Bouvier señaló que la creación del Ministerio de Ambiente refleja la prioridad que la actual administración brinda a la sustentabilidad ambiental. El ministro repasó otras acciones impulsadas desde el Gobierno, como la aprobación de una estrategia climática a largo plazo, que incluye la neutralidad en emisiones de carbono en el año 2050 y la implementación de una política de movilidad sostenible que fomenta la incorporación de vehículos eléctricos.
En tanto, Stipanicic indicó que la transformación energética es un desafío histórico para la industria petrolera, que está llamada a asumir un rol de liderazgo, a pesar de que parezca un “contrasentido”. En ese marco, expresó que Ancap “ha asumido el rol de transformarse a sí misma y de apoyar ese liderazgo institucional”.
La política económica internalizó las metas ambientales
Uruguay incorporó la dimensión ambiental a la política económica, expresó Arbeleche. El mundo está atravesando un cambio en la forma en que se hacen los negocios. Los factores ambientales, sociales y de gobernanza son cada vez más importantes para los inversores, señaló. Incorporar una perspectiva ambiental genera impactos positivos, ya que permite una mejora en la calificación crediticia y facilita el acceso a los mercados, expresó la ministra de Economía y Finanzas.
El Gobierno nacional adoptó medidas concretas para que los privados tomen en cuenta la sostenibilidad ambiental. A modo de ejemplo, informó que se sustituyó parte del impuesto específico interno (Imesi) en las naftas por otro relacionado con la emisión de dióxido de carbono, también se exoneró el Imesi a los vehículos eléctricos cero kilómetro y fueron incorporados indicadores ambientales para evaluar proyectos de inversión.
En referencia al sector público, destacó la emisión de un bono cuya tasa de interés está vinculada al cumplimiento de metas ambientales. Si se cumplen los compromisos, la tasa de interés será menor, explicó. Lo contrario ocurre en caso de incumplimiento. Además, informó que se trabaja en el diseño de un instrumento similar con el Banco Mundial, para que la tasa de interés de los préstamos que realiza este organismo esté asociada a indicadores ambientales. En este caso, no existiría una penalización, sino un beneficio en caso de cumplimiento, señaló.
