Uruguay volvió a consolidarse como el país menos corrupto del continente, de acuerdo con la edición de noviembre del Índice de Percepción de Corrupción (IPC). El reporte destaca que el país se mantiene como una “excepción” dentro de una región donde persisten graves problemas de impunidad, fragilidad institucional y captura del Estado.
Según el trabajo citado por el portal Diálogo Político, el promedio de América Latina permanece estancado. La mayoría de los países enfrenta dificultades para sostener sistemas judiciales independientes, mientras que las redes del crimen organizado y los retrocesos democráticos afectan la capacidad de los gobiernos para combatir la corrupción.
El informe detalla que Uruguay obtuvo 76 puntos, la mejor calificación de América Latina y el Caribe, muy por encima del promedio regional de 42 puntos. En contraste, Venezuela y Nicaragua figuran entre los peores desempeños del continente, con 10 y 14 puntos, respectivamente.
Aunque Uruguay se mantiene como referente en transparencia, el estudio advierte que la región atraviesa una combinación preocupante de crimen organizado, economías ilegales y delitos ambientales, como la tala ilegal, la minería sin regulación y el tráfico de fauna. Estas actividades prosperan en contextos de debilidad institucional y muestran cómo la corrupción puede infiltrarse en áreas enteras del Estado, afectando incluso la implementación de políticas climáticas y de desarrollo.
El análisis subraya que, si bien Uruguay presenta niveles bajos de corrupción, su entorno geopolítico implica un riesgo persistente. La estabilidad institucional del país convive con un territorio regional marcado por crisis políticas, erosión democrática y pérdida de confianza ciudadana.
“En América Latina, la corrupción no es un problema marginal, sino estructural. Es un freno al progreso, a la justicia y al cumplimiento de compromisos ambientales y de desarrollo”, concluye el informe.
Es verdad que Uruguay es de los países americanos menos corruptos pero es vergonzoso como ha aumentado la presión del Poder político sobre el Judicial