La empresa estadounidense que se encarga de administrar las operaciones comerciales de la filial latinoamericana de DirecTV, Vrio Corp, presentó este viernes primero de diciembre su Policy Paper en el Hotel Hyatt de la mano del Vicepresidente de Asuntos Económicos, Externos y Regulatorios de Vrio Corp, Pedro Bentancour y la Directora General de DIRECTV de Argentina y Uruguay, Silvana Lettieri.
Vrio es una empresa líder del mercado de telecomunicaciones en Latinoamérica y tiene el objetivo de trabajar para “garantizar que las personas de todo el continente puedan tener disponible el entretenimiento más increíble a un precio accesible a sus necesidades”, así como el compromiso de propiciar instancias de debate sobre la industria, sus servicios y el impacto en la vida cotidiana de millones de ciudadanos en una economía cada vez más global y digital.
Teniendo en cuenta este escenario que evoluciona a pasos agigantados, planteando desafíos para los sectores público y privado, la compañía desarrolló un Policy Paper “que pretende abrir un espacio de conversación con la industria y las autoridades para intercambiar ideas y opiniones sobre la nueva realidad y las experiencias en la región con prácticas regulatorias que hoy se están discutiendo en distintos foros de telecomunicaciones y de reguladores con el objetivo común de reducir la brecha tecnológica”.
“En un contexto de convergencia extrema en todos los servicios de telecomunicaciones se hace urgente una revisión de la normativa para igualar condiciones, crear nuevas oportunidades de crecimiento y estimular inversiones para que esta industria entregue beneficios ciertos y tangibles a los clientes en condiciones de real competencia por el servicio. Este es el único camino para asegurar la universalización de la conectividad en América Latina y aprovechar los beneficios de la revolución digital”, reza la primera hoja del Policy Paper.
En ese sentido Bentancour y Lettieri abarcaron temas, como la necesidad del desarrollo de la conectividad para “alcanzar a las 2,6 billones de personas que permanecen desconectadas”, enfrentando los desafíos que ello conlleva: a) cerrar la brecha de cobertura, b) cerrar la brecha de uso y c) lograr una conectividad universal y significativa.
Continuaron explicando que con el avance del acceso a la banda ancha y las nuevas opciones de entretenimiento en línea “América Latina está totalmente inmersa en el mismo proceso de transformación digital que está llevando a las industrias de la televisión paga y OTT’s a un panorama competitivo compartido en todo el mundo”, donde los servicios en línea representan el 57% de la economía de Internet y los principales actores se están expandiendo desde sus áreas de negocio tradicionales a nuevos segmentos dentro de este entorno mediático (como Amazon, Apple o Google).
“Estas empresas han entrado con éxito en el mercado y han modificado radicalmente la situación de la competencia en el sector, así como la posición de las empresas tradicionales de televisión paga. En 2023, más de un tercio de los televisores están conectados a Internet y el 88% de las personas con acceso a conectividad son usuarios de YouTube” informaron y explicaron que “la introducción de tantos nuevos participantes en el ecosistema audiovisual, combinada con la mayor penetración de la banda ancha en la región y el uso masivo de dispositivos tecnológicos que mejoran la experiencia del consumidor, ha llevado a lo que el investigador del Diálogo Inter Americano y de la Paris School of Economics, Carlos Winograd, ha definido como ‘convergencia extrema’, que se produce cuando la conectividad se ha convertido en un producto básico y las empresas de la industria de los medios de comunicación y las telecomunicaciones compiten no sólo entre ellos, sino también contra los nuevos operadores mundiales que están verticalmente integrados como cadena de valor y participan en múltiples mercados al mismo tiempo. Como consecuencia de la creación de nuevos formatos y mecanismos de transmisión la competencia entre empresas se torna desigual porque no existen reglamentos universales que incluyan todas las opciones posibles de entrega de contenido. Esta desigualdad empuja a las empresas de telecomunicaciones a desinvertir de los medios tradicionales para enfocarse en ofertas y medios digitales, que no están sujetas a las mismas obligaciones”. Entendiendo entonces que “se necesitan políticas flexibles y adecuadas que reduzcan las diferencias entre las cargas obligatorias para empresas que actúan en el mismo sector”.
Un reto normativo
Pero cuando de América Latina se habla, sus marcos regulatorios no están adaptados a un contexto de convergencia extrema y crean un panorama competitivo desigual, donde “las empresas tradicionales de la ‘TV paga’ son tratados como si fueran un servicio público, con pesadas regulaciones, barreras de entrada y altos impuestos y obligaciones accesorias, mientras que las plataformas OTT acceden al mercado sin enfrentar casi ninguna de esas exigencias”.
Esto crea un panorama desigual en el que no todas las partes pueden competir por igual, concluyendo que “una nueva definición del mercado de referencia, como un mercado de distribución de contenidos audiovisuales, al que convergen la industria de la televisión paga y el ecosistema del vídeo, permitirá a los actores competir bajo reglas iguales”. En ese sentido explicaron que para lograr estos objetivos, es necesario un nuevo marco regulatorio para la industria de telecomunicaciones que cumpla con ciertas características:
⦁ “Ser una política de estado de largo plazo, libre de los arbitrios de un mandato presidencial o una mayoría parlamentaria.
⦁ Ser eficiente, es decir, que con el cuidado de ‘tocar’ muy pocos focos reglamentarios y legales sea capaz de establecer principios regulatorios y servir de guía y marco para una industria en constante cambio.
⦁ Propiciar la búsqueda de consensos o mecanismos de autorregulación para el desarrollo del sector y evitar la judicialización de los desacuerdos”.
Finalizando llamaron a unir fuerzas, las OTT, los operadores de “TV paga” y todos los actores del sector, con el fin de “exigir menos carga regulatoria para liberar energías y recursos para mejorar la conectividad universal y significativa. No podemos insistir en mantener el peso normativo actual y esperar resultados distintos en el corto y medio plazos”.
